El principal socio del Gobierno en el Congreso, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), enmienda la propuesta de la banca al Ministerio de Economía. Los nacionalistas catalanes creen que el real decreto de modificación del Código de Buenas Prácticas -que ofrecería refinanciaciones a personas vulnerables si su tipo de interés sube al menos un 30%- es insuficiente y piden que se extienda también a la clase media. Además, propone que las entidades financieras faciliten los cambios de tipo variable a fijo por medio de un 'tope' para que la banca no se vea 'tentada' a aplicar intereses demasiados altos.
La propuesta que habría presentado Caixabank -ofrecer una moratoria en el pago del capital durante un año- es una alternativa que también se ve con buenos ojos desde la fuerza nacionalista. Cree que es lógica tanto para las personas que se encuentran ahogadas por la 'crisis' actual como para las entidades financieras, que, al final, buscan que sus clientes se mantengan solventes.
Los socios del Gobierno conocen el límite que tiene el tope a las hipotecas. Saben que es técnicamente objetable y que se opone al mercado, pero recuerdan también que la responsabilidad del Ejecutivo es evitar la usura de la banca. La discusión se mueve, según ellos, en dos escenarios. El primero, que se centra en todos aquellos que no puedan hoy pagar la hipoteca, gira en torno a congelar las cuotas a los vulnerables. El segundo, en cambio, va dirigido a la clase media. Es decir, a todos los hogares que sí pueden pagar, pero que necesitan una pequeña ayuda en determinados momentos, que como sucedió durante la pandemia de coronavirus.
Y ahí, el abanico de posibilidades va desde el ya mencionado límite a la renegociación de las condiciones por un cambio de hipoteca fija a variable, a la posibilidad de ahorrar al deudor el coste de la notaría. Se insiste en que no hay que dejarle a la banca coger la sartén por el mango en esta negociación y optar por unas medidas que no se consideran bolivarianas, sino de sentido común. No obstante, desde EH Bildu, el otro socio del Gobierno, se exigen medidas que van más allá. Sin ir más lejos, exigen un tope del 0,5% a las hipotecas de tipo variable.
Dentro del seno de la coalición también se piden medidas, aunque no se especifican. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró ayer que "hay razones de moralidad" para ayudar a las familias hipotecadas, después de asegurar que los tipos de interés están "provocando la mayor transferencia de rentas desde los ciudadanos a las entidades financieras". Las condiciones del acuerdo entre la banca y el Gobierno de su último acuerdo se reducen a grupos familiares cuyos ingresos no superen los 24.318 euros al año y que, tras la revisión de tipos, la cuota hipotecaria supere el 40% de los ingresos netos de la unidad familiar.
El real decreto que incluirían estas modificaciones en el Código de Buenas Prácticas, al que la banca luego puedo adscribirse o no, se tiene que aprobar primero en el Consejo de Ministros y después convalidarse en el Congreso de los Diputados. Si el Ejecutivo quiere lograr esa luz verde definitiva para su decreto, antes debe convencer a sus socios de legislatura. Estos, no obstante, mantienen las espadas en alto y temen que el Gobierno vuelva a usar -como ya ha hecho en otras ocasiones- el decreto para incluir en él medidas de calado social con el que presionar y forzar el sí de sus socios.
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