No falla nunca que cuando se va acercando la temporada de presentación de resultados de la banca española se caliente el salseo alrededor del tira y afloja del gobierno de Pedro Sánchez y de los bancos. Este clásico que nos ha acompañado a lo largo de la legislatura socialista promete una oleada de titulares jugosos desde hoy jueves hasta el 28 de octubre. El 'hit' del primer semestre fue el impuesto a la banca -que acababa de anunciar por sorpresa el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el debate del Estado de la Nación y que pilló a los bancos desarmados-, y el de esta temporada vendrá cargado de valoraciones de previsiones económicas y del tope a las hipotecas y las medidas extraordinarias por la subida del euríbor.
La banca ha dado un paso con el que el Gobierno estaría preparando un decreto para renovar el Código de Buenas Prácticas, ofreciendo limitar los intereses a los colectivos vulnerables, con ingresos familiares de algo más de 24.000 euros, para subidas de la cuotas de al menos 30% y cuando representen al menos el 40% de los ingresos. Una solución razonable para el sector, pero que habrá que ver si es suficiente para los socios clave del Ejecutivo, porque no supone una clara mejoría respecto al Código de Buenas Prácticas que ya existe.
Con un 2023 intenso en elecciones y los Presupuestos pendientes de aprobación, el Gobierno no se puede permitir un incremento de los desahucios o un gran descontento social por no ser capaz de controlar el alza del euríbor (ya sabemos que ha pasado con el gas), pero tampoco un discurso en el que se impongan las rebajas para todos, como ya estamos viendo en materia impositiva alrededor del IRPF. La propuesta, por tanto, encajaría con el discurso político ideológico, pero podría ser solo el primer paso de medidas más ambiciosas si la economía empieza a deteriorarse. La banca es consciente de que le va la reputación en ello.
Los colectivos más vulnerables ya están protegidos frente a los desalojos, que están limitados por ley por ahora hasta diciembre de 2022 y el Código de Buenas Prácticas en vigor ofrece, asimismo, refinanciaciones a los clientes, porque contempla aprobar periodos de carencia. La diferencia es que hasta ahora su concesión no se ligaba directamente a la subida de los intereses, sino a las circunstancias personales del cliente, que igualmente debía colocarse en el "umbral de exclusión".
En los 35 años de vida de una hipoteca es muy probable -y la crisis de 2008/2014 nos lo dejó claro- que se puedan sufrir algunos baches económicos a lo largo de ese tiempo. Y el Código de Buenas Prácticas vino a proteger a los colectivos más vulnerables a esa volatilidad. Las entidades adscritas, a petición del cliente, deben analizar la situación del hipotecado y ofrecer alternativas de reestructuración. "Las modificaciones que te aplicará el banco a tu hipoteca tienen que ser, al menos, una carencia de capital durante cinco años, un tipo de interés de euríbor más 0,25 durante el tiempo de carencia y una ampliación del plazo de la hipoteca a 40 años", explica el Banco de España.
Con el Código en vigor, la banca consideraría razonable reestructurar créditos que supongan menos del 50% de los ingresos familiares. Un límite que en la nueva propuesta y por las circunstancias especiales de los tipos de interés todavía no se sabe si se mantendrá, y su eliminación podría reducir posibles supuestos de ejecuciones hipotecarias.
Pero no es el último recurso, ya que en el actual Código de Buenas Prácticas la banca incluso se guardaba la carta voluntaria de aplicar quitas, aunque eso ya tendría otras implicaciones para el sector si estas medidas de alivio se generalizan. Veremos cómo evoluciona el escenario macroeconómico, porque el pacto de esta semana podría pasar de un envite a chica a un órdago, si el paro comienza a sumarse a la subida de tipos y el número de hipotecas con problemas de pago aumenta.
Entonces, no solo se incrementaría el número de familias vulnerables, sino que igual habría que sacar nueva artillería. Lo bueno es que está probada y que la banca cuenta con herramientas para anestesiar el mercado hipotecario en caso de necesidad. El sector es proclive a las moratorias de capital porque les alivia en materia de provisiones y no se puede descartar que de forma voluntaria -como sucedió durante la pandemia de Covid- las amplíen a otros clientes más allá de los vulnerables si el bache económico empeora.
Topar los intereses de las hipotecas sin trasladar la deuda a una moratoria en el plazo de los préstamos es, sin embargo, más complicado. Si no es un acuerdo voluntario entre cliente entidad y viniera del legislador, las implicaciones legales de alterar millones de contratos particulares con un decreto son difíciles de valorar. Además, no parece una medida neutral de cara a Bruselas o al supervisor financiero (de la bolsa no hablamos porque es algo que está comprobado que no altera al Gobierno). Tampoco solucionaría necesariamente los problemas de morosidad, porque, especialmente si el empleo se resiente, los impagos podrían aumentar igualmente.
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