Domingo, 17.11.2019 - 23:15 h
Hacienda estudiará el estatus del territorio

España abre una puerta clave para sacar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales

La colonia, que denunciaba un veto español, es admitida al fin en el club de países de la OCDE para luchar contra la erosión de las bases fiscales.

Gráfico lista paraísos fiscales España

El pasado 5 de julio la OCDE oficializó la entrada de Gibraltar en el denominado Marco Inclusivo impulsado por el organismo internacional, que agrupa a todos los países y jurisdicciones comprometidos con BEPS, el paquete de 15 acciones acordado por las mayores economías del planeta para pelear contra la erosión de sus bases fiscales generada por la proliferación de paraísos fiscales y territorios de baja tributación.

El alta de Gibraltar en este club de más de 130 países equivale a una suerte de renuncia expresa por parte del territorio a usar la fiscalidad como un arma para arrebatar de forma ilegítima actividad económica a los territorios limítrofes, como España, y le aleja casi a todos los efectos de la consideración de paraíso fiscal en la escala internacional. 

El asunto es que el trámite no habría sido posible sin la complicidad del Gobierno español. El propio Gobierno de Gibraltar reconoció en un comunicado de prensa para dar cuenta de la noticia que llevaba meses intentando que la OCDE aceptara su solicitud, pero que tal cosa no había llegado a término por el veto del Gobierno de Madrid, que en contra de lo que ocurre con el organismo internacional o con la Unión Europea continúa manteniendo a Gibraltar en su lista de paraísos fiscales.

"El Gobierno español ha accedido a levantar su veto sobre la pertenencia de Gibraltar al marco BEPS tras el acuerdo para el Tratado Fiscal Internacional entre Gibraltar y España", recalcaba el comunicado, en referencia al Tratado Fiscal Internacional acordado entre España y Reino Unido el pasado 4 de marzo -aún pendiente de ratificación por las Cortes- y que entre otras cosas recogía la renuncia expresa a utilizar Gibraltar para enmascarar fraudes fiscales o blanqueo de capitales... así de duro fue el texto impuesto por las autoridades españolas.

La firma del tratado fiscal con el Reino Unido, obligada por la amenaza de un Brexit duro que dejara a España -y a sus empresas con intereses en el país- sin un marco regulador de sus relaciones fiscales con UK, se interpretó como la antesala de la salida de Gibraltar de la exigente lista de paraísos fiscales española (ver gráfico), aprobada en 1991 y de la que solo han salido desde entonces los países que han suscrito acuerdos de intercambio de información con España, y lo han cumplido. "No basta con firmar un acuerdo fiscal, no es tan sencillo", advierte José María Peláez, expresidente de la asociación Inspectores de Hacienda del Estado y experto en fiscalidad internacional. "Primero el tratado debe ser ratificado por el Parlamento y después el Gobierno aún puede esperar a comprobar que Gibraltar realmente tiene intención de cumplirlo antes de sacarle de la lista de paraísos fiscales". 

Gibraltar dice tener el compromiso del Gobierno español

Fuentes del Gobierno de Gibraltar aseguran que desde la firma de ese tratado fiscal existe un compromiso tácito por parte del Ministerio de Hacienda para sacar al territorio de la lista de paraísos fiscales en cuanto el Ejecutivo aborde la revisión pendiente de la misma. Desde Hacienda, sin embargo, se niega dicho acuerdo. "A lo único que se comprometió el Ministerio fue a estudiar esa posibilidad", aseguran desde Hacienda, rechazando el escenario de una salida automática de Gibraltar de la lista por el acuerdo suscrito por España y Reino Unido.

Un compromiso que podría resolverse en un plazo relativamente corto de tiempo si en algún momento diera inicio la legislatura. El Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a dar una vuelta al listado español de paraísos fiscales en el marco del proyecto de Ley de Medidas de Lucha Contra el Fraude Fiscal, que quedó empantanado en la tramitación parlamentaria cuando Sánchez decidió adelantar las elecciones.

La vía libre otorgada por el Gobierno de España a la entrada de Gibraltar en el Marco Inclusivo de BEPS es un paso más en esa dirección. Desde Hacienda se aclara que la situación con Gibraltar sigue igual desde de este trámite, pero el levantamiento del veto y el inventario de compromisos que Gibraltar debe asumir para permanecer en el Marco Inclusivo auguran un cambio en el estatus de Gibraltar a ojos del Gobierno español, y así lo consideran las autoridades del Peñón, que cuentan con salir de la última lista de paraísos fiscales que les queda por abandonar, la española, en el momento en que el Gobierno tenga la oportunidad.

Hay que recordar que Gibraltar abandonó la condición de paraíso fiscal a ojos de la OCDE en 2009, aprovechando el singular criterio en virtud del cual el organismo se comprometía a dejar de considerar como paraíso fiscal a los territorios que firmaran al menos diez convenios de doble imposición con otras jurisdicciones, con independencia de que éstas fueran también territorios de baja tributación; y que el comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, consideró acreditado en 2013 que Gibraltar no tenía pendiente la transposición de ninguna directiva europea en materia de intercambio de información, lucha contra el blanqueo o cooperación fiscal. Desde el Gobierno de Fabian Picardo siempre se ha atribuido la presencia de Gibraltar en la lista española como un asunto político.

A partir de ahora, y como consecuencia de su integración en el marco BEPS, Gibraltar estará obligado obliga a adaptar sus convenios bilaterales a un estándar mínimo que garantice la colaboración y un intercambio fluido de información con el resto de países cuando éstos la soliciten y también a aceptar una serie de requisitos incompatibles con la competencia fiscal desleal tal y como la conocemos hoy, como la revelación de los acuerdos singulares para garantizar un tratamiento favorable a determinados contribuyentes, los conocidos como 'tax ruling' o la renuncia expresa al 'treaty shopping', la práctica que sirve para atraer a empresas hólding cuya actividad real está localizada en un tercer país con el único objetivo de repatriar a través de ella los dividendos hacia la matriz a un menor coste fiscal, aprovechando la existencia de convenios de doble imposición especialmente favorables. 

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