Los españoles estarían dispuestos a pagar hasta 12 euros al día para que no les corten la luz bajo una supuesta interrupción del suministro eléctrico durante los días sometidos a mayor estrés térmico del año. Esto es lo que se conoce como el valor de carga perdida y que se define como la estimación en euros por megavatio hora (MWh) del precio máximo de la electricidad que los clientes se prestarían a abonar para no verse afectados ante una situación así.
Así se desprende del Panel de Hogares realizado en el cuarto trimestre de 2022 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que, entre otras preguntas, recoge la disposición a pagar ('willingness to pay') y a aceptar ('willingness to accept') una compensación en una hipotética situación en la que exista riesgo de que la demanda no pueda ser cubierta por los recursos de generación existentes y, por tanto, se tenga que reducir la carga para garantizar la operación del sistema eléctrico. En cualquier caso, los deslastres se deberán iniciar preferentemente comenzando con los circuitos correspondientes al consumo industrial.
No obstante, ante una eventual reducción de la carga en la que no se otorgue prioridad de interrupción a ningún tipo de consumidor, el valor de carga de perdida se sitúa entre los 0,64 y 12 euros, en función de la duración del corte (2 minutos, 1 hora, 4 horas y 1 día) y si los consumidores son avisados con un día de antelación o son interrumpidos sin ninguna advertencia previa. Esta horquilla se ha estimado a partir de las respuestas de 5.350 hogares a Competencia. Por el lado contrario, los españoles aceptarían cobrar hasta 100 euros al día por 'desenchufarse' y ceder su energía.
Avance en la implementación de un mecanismo de capacidad
El Ministerio para la Transición Ecológica recoge estos datos dentro de la memoria justificativa de la propuesta de resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se fijan los valores del valor de carga perdida y el estándar de fiabilidad, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo. Este es uno de los pasos previos (ya salió a audiencia pública la orden ministerial) para la aprobación de un mecanismo de capacidad en el ámbito nacional como un instrumento que contribuya a la incorporación de fuentes de flexibilidad no emisoras que permitan garantizar la seguridad de suministro y acompañe a la elevada integración de instalaciones renovables e en el mercado eléctrico.
Así, antes de poner en marcha este tipo de mecanismo, el Ejecutivo debe justificar ante Bruselas qué sale más barato: pagar por posibles cortes de suministro ante una situación como la descrita anteriormente o la entrada de nuevas tecnologías. El coste de nueva entrada (CoNE), valorado en euros por MW, ofrece una valoración económica del coste que supone la entrada de nuevas tecnologías de producción de energía eléctrica, respuesta de la demanda, o la prolongación de la vida útil de las instalaciones existentes.
"Los mecanismos de capacidad se sitúan como la herramienta regulatoria idónea para lograr dicha seguridad de suministro en el corto, medio y largo plazo, incentivando el despliegue de tecnologías que aporten firmeza y flexibilidad al sistema eléctrico, tales como el almacenamiento o la respuesta de la demanda, cruciales para lograr los objetivos de descarbonización a los que se ha comprometido el Reino de España", señalan desde Transición Ecológica.
España ya cuenta con un mecanismo de respuesta activa de la demanda eléctrica que aumenta la flexibilidad y la seguridad del sistema. En concreto, el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda garantiza la disponibilidad de las plantas industriales para que, con una antelación de 15 minutos, paren en caso de necesidad y reduzcan así su demanda eléctrica como máximo durante tres horas, a cambio de ser compensadas económicamente.
En particular, se articula por medio de una subasta anual en la que se contratan las necesidades del producto específico en base a los requerimientos de reserva detectados por el Red Eléctrica para cada periodo de aplicación del servicio. En octubre del año pasado se realizó una subasta para el periodo del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2023 y los clientes industriales que obtuvieron contrato estaban dispuestos a asumir el riesgo de ser interrumpidos a cambio de recibir 189.899 euros/MW. En la actualidad, la CNMC, como órgano regulador de los servicios de balance, está llevando a cabo una actualización del servicio.
Desde el sector energético vienen demandando la implementación de mecanismos de capacidad como medio para garantizar la disponibilidad de potencia firme suficiente para atender la demanda más un margen de cobertura. Desde la patronal de las grandes eléctricas, Aelec, apuestan por un modelo de mercados de capacidad similar a los que ya están en funcionamiento en otros países europeos, que incentive la potencia firme necesaria para garantizar la cobertura de la demanda durante los momentos de estrés del sistema y tecnológicamente neutro, es decir, que contemple la participación de la generación, almacenamiento y gestión de la demanda en igualdad de condiciones.
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