FAES propone reducir la indemnización por despido de todos los contratos

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el laboratorio de ideas del PP, propone una reforma profunda del mercado laboral, en la que algunos privilegios de los que gozaban hasta ahora trabajadores y desempleados se perderían para lograr un mercado más flexible y, teóricamente, más eficaz a a la hora de crear empleo.

Entre las propuestas de la Fundación del Partido Popular, recogidas en un amplio informe con el título Reflexiones sobre el mercado de trabajo: continuar la reforma estaría la posibilidad de contratar por un sueldo inferior al Salario Mínimo Interprofesional -en 645 euros- y que sea el Estado el que se haga cargo de la diferencia a través de ayudas, que otorgarse a las cotizaciones empresariales o al propio salario.

Se trataría de evitar que el salario mínimo se convierta en una barrera para que los jóvenes menos cualificados, parados de larga duración y personas con poca experiencia entren en el mercado laboral.

La Fundación defiende que estas medidas ya funcionan en Alemania, "donde se aumentaron los incentivos de los parados de larga duración para aceptar empleos por menor remuneración mediante la compensación de esos salarios". Se consiguió un incremento significativo de la ocupación de trabajadores con bajas cualificaciones.Costes de despido y contratos

De la misma forma, aboga por reducir el número de contratos y de bonificaciones, con las que se ha querido privilegiar a ciertos colectivos, asegura. Además, propone homogeneizar los costes del despido de todos los contratos "en niveles más moderados".

En este sentido, la fundación también propone traspasar la indemnización por despido a un sistema de cuentas de ahorro individuales similar al modelo austríaco, y que se podría implantar en España "ya sea en estado puro o complementado con la modalidad de unos costes de despido moderados pero crecientes a cargo del empleador". Se trataría de mantener la protección del empleado, al tiempo que se reduce el coste del despido.

En el estudio se destaca que España es uno de los países europeos con mayor rigidez laboral y en el que el coste del despido es más elevado, sólo por detrás de Portugal, y por delante de Grecia y Alemania. Apunta también que los elevados costes de despido pueden ser positivos en épocas de crisis, que evitan el despido de trabajadores estables. Sin embargo, asegura, que es negativo en época de crecimiento, en la que los empleadores tenderán a contratar temporales y aumentar las horas de los asalariados.

"Con los costes de despidos altos se destruyen menos empleos, pero se crean menos puestos de trabajo", asegura, al tiempo que admite que resulta más difícil el paso de trabajadores de sectores menos a productivos a otros de más productividad.Prestación de desempleo

Según Ep, FAES llama a diseñar mejor la prestación por desempleo, de forma que deje de ser considerada "como un derecho a cobrar una cantidad por haber trabajado, como podría ser una pensión de jubilación, y pase a considerarse más como un seguro que cubre una contingencia".

Así, cree que se debe modular su cuantía, con el fin de que se pueda cobrar la parte más importante al principio, con el fin de evitar que se prolongue de forma forzada el tiempo de permanencia en el paro.

La Fundación propone también reducir los costes vinculados a la contratación, revisando la "maraña de medidas que se han tomado para fomentar la contratación determinados segmentos de población, que han tenido un dudoso éxito y han hecho más complejo el proceso".El papel de las agencias privadas de colocación

Para FAES, el papel de las agencias privadas de colocación tiene que ser mayor en el mercado laboral, como ya lo es en la mayoría de los países europeos, en los que tienen mayores responsabilidades que en España. La Fundación que preside José María Aznar apuesta por "potenciar la colaboración de los servicios públicos de empleo con agencias privadas de colocación y empresas de trabajo temporal para no desaprovechar su experiencia".

Denuncia que durante muchos años la función de los servicios públicos de empleo ha sido puramente burocrática y de registro de desempleados, sin realizar una labor eficaz en la intermediación laboral.

En cuanto a la negociación colectiva, FAES reconoce el "indudable esfuerzo de modernización de la negociación colectiva en España de la reforma laboral de 2012", pero destaca que "todavía se detectan casos de inseguridad jurídica", por lo que aboga por "reforzar la seguridad en aspectos como la validez de las cláusulas convencionales que preveían la ultraactividad indefinida de los convenios suscritas con anterioridad a la reforma".

También ha subrayado la necesidad de ampliar progresivamente la horquilla salarial en la negociación colectiva, "para que los trabajadores que asumen el esfuerzo de formarse encuentren el incentivo adecuado y el mercado reaccione ante las señales de esa mayor formación". Destaca que los rabajadores menos cualificados tiene salarios muy similares a los que tienen perfiles formativos superiores, un asunto muy grave que desincentiva prolongar los estudios o ampliar la formación.

A propósito de las políticas públicas de empleo, el estudio propone mejorar los sistemas de transparencia y evaluación de estas políticas y de sus resultados y la respuesta del sistema a aquellas políticas que se muestran manifiestamente ineficaces, "como es el caso de las bonificaciones a la Seguridad Social de determinados colectivos en los que se invierten recursos públicos ingentes".

Además, apunta la posibilidad de dar más libertad a los desempleados a la hora de elegir su formación, a través de cheques para formación. De esta forma, se entrega un bono al parado por una determinada cantidad de formación, siendo él el que finalmente decide dónde recibirla y si quiera complementarla con recursos propios.

Por último, FAES pide que el sistema de empleo público incentive la movilidad y la formación en los términos expresados para el resto de los trabajadores y defiende reducir la burocracia, las barreras administrativas y las regulaciones de los mercados de productos para facilitar la innovación.