La semidesconocida Subdirección de Inspección de las Telecomunicaciones del Ministerio de Economía tiene encomendadas una serie de tareas fundamentales para el correcto funcionamiento de la red española de telecomunicaciones. De ella depende, por ejemplo, que las instalaciones funcionen correctamente, que los operadores respeten el espacio que tienen asignado y no invadan el de sus competidores, que no se cuelen transmisiones de emisores piratas no autorizados y que se respeten las condiciones de calidad en el servicio prometidas a los usuarios. El organismo trata de hacer su trabajo lo mejor posible, pero arrastra un problema crítica: la ausencia de personal cualificado suficiente para cumplir con sus funciones a plena satisfacción.
El Ministerio de Economía trató el pasado mes de diciembre de resolver el problema con la convocatoria de un concurso específico con el que pretendía dar cobertura al más de medio centenar de vacantes existentes en la red territorial de los Servicios de Inspección de Telecomunicaciones. La maniobra no resultó todo lo exitosa que cabría esperar. Economía buscaba incorporar 67 profesionales especializados para prestar desde la Administración un servicio para el que según sus propias estimaciones necesita de al menos 150 personas, sin embargo únicamente consiguió incorporar a 30. El resto de las plazas quedaron desiertas.
Con un déficit de personal cercano a una tercera parte de las necesidades estimadas por el Ministerio para cumplir las funciones de inspección que tiene encomendadas en el campo de las telecomunicaciones, a Economía no le ha quedado otro remedio que recurrir al apoyo de una empresa externa y, según han confirmado fuentes del Ministerio, en los próximos días sacará el pliego para la contratación lo antes posible de un externo que le ayude a fiscalizar el correcto funcionamiento del mercado de las telecomunicaciones en España.
La última vez que se recurrió a una empresa externa para realizar este trabajo fue en 2017 y se le encomendó nada menos que la medición, control y supervisión del espectro radioeléctrico, un trabajo más que delicado que incluía por ejemplo la identificación y resolución de las incidencias ocasionadas por el despliegue de la red 4G por toda España que afectó a algo tan delicado como la correcta recepción de la señal de la TDT en numerosos municipios del país.
El trabajo fue realizado por la empresa Gamma Solutions, que percibió 1,4 millones de euros, de los 4,9 millones presupuestados para la prestación de este servicio, según la información disponible en la Plataforma de Contratación del Estado. Esta compañía forma parte del entramado societario de Diggia, que incorporó el pasado mes de noviembre al expresidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez.
Según el Plan Anual de Inspección de las Telecomunicaciones para 2019, este ejercicio los esfuerzos se orientarán en torno a cinco grandes ejes: el control y la protección del dominio público radioeléctrico, la protección de los derechos de los usuarios finales de comunicaciones electrónicas, la vigilancia del mercado de los equipos y aparatos de telecomunicaciones, el control de las infraestructuras y la verificación de los servicios de acceso de banda ancha. Como grandes novedades, la Inspección colaborará con la Agencia Tributaria para extremar el control sobre los aparatos de telecomunicaciones que se introducen por vía importación desde terceros países y también rastreará el cumplimiento de los compromisos de despliegue de la banda ancha por todo el territorio.
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