El nuevo responsable de la Comisión de Economía de CEOE y ex 'número dos' del Ministerio de Economía con Luis de Guindos, Íñigo Fernández de Mesa, ha encomendado al grupo de trabajo interno encargado de tomar el pulso a la situación económica y de evaluar el impacto en la actividad privada de las principales amenazas sobre la economía realizar un seguimiento exhaustivo de las medidas de política económica adoptadas por el Gobierno con el objetivo de medir su impacto real sobre el normal comportamiento de la actividad empresarial.
Hasta hace bien poco el llamado 'Grupo de Actividad del Sector Privado' - en el que participan representantes de las principales organizaciones sectoriales de la patronal y al que la nueva dirección quiere sumar ahora analistas de las principales empresas - tenía encomendada la misión general de identificar y alertar a la Dirección de CEOE de manera temprana de las inquietudes y problemas que fueran surgiendo en cada sector de actividad, a modo de un 'observatorio de riesgo económico'. ¿El objetivo? Disponer de la información necesaria para promover ante el Gobierno o ante el poder legislativo las modificaciones regulatorias o las medidas de apoyo más convenientes en cada caso, según precisan fuentes de la organización empresarial.
En 2017 la Comisión de Economía de CEOE, entonces dirigida por José Luis Feito, tomó la decisión de añadir a esa función general de vigilancia sobre las distorsiones en la actividad económica en España la de realizar un seguimiento exhaustivo de los efectos en la actividad privada de los acontecimientos de mayor relevancia política y económica. Ese año, los trabajos se centraron en monitorizar el Brexit y su potencial impacto sobre la normal actividad de las empresas.
Un año después, ya con el empresario aragonés Fernando Callizo al frente, el perímetro de esa supervisión reforzada se amplió a Cataluña. El Plan de Acción para 2019 de la Comisión de Economía y Política Financiera - el primero diseñado por Íñigo Fernández de Mesa - ha extendido aún más ese perímetro de riesgos para incluir por primera vez la acción de Gobierno como uno de esos ámbitos a fiscalizar para medir su impacto real sobre la actividad de las empresas. Lo ha hecho ya sabiendo que habría elecciones generales en abril y sin una referencia clara de cómo puede ser la política económica que salga del 28-A.
El Gobierno de Pedro Sánchez, en el punto de mira
La consignación de la política económica del Gobierno como uno de esos riesgos a vigilar al mismo nivel que el Brexit o la situación en Cataluña no es el único indicio de que al nuevo 'gurú' económico de la organización que preside Antonio Garamendi le inquieta la acción del Ejecutivo.
Fernández de Mesa también ha añadido un cuarto eje al plan de acción de la Comisión de Economía y Política Financiera de la patronal - que Garamendi planea convertir en la plataforma referencial para conocer las opiniones del tejido empresarial español sobre la actualidad económica - para vehicular por este cauce las consultas al Gobierno sobre la orientación de los nuevos proyectos legislativos "en aquellas materias que sean objeto de esta comisión".
La últimas medidas impuestas por decreto a las empresas por el Gobierno de Sánchez, que se han traducido en incrementos de sus estructuras de costes, mayores cargas administrativas y nuevas obligaciones legales, como el registro de control horario, han alentado la desconfianza de la organización empresarial hacia el Ejecutivo y la han persuadido para estrechar el marcaje sobre su acción política.
Al margen de las acciones que se van a llevar a cabo desde la Comisión de Economía, la Comisión de Diálogo Social de la organización empresarial tiene previsto también abrir una línea de actuación junto a la Comisión de Seguridad Social para evaluar los efectos que ha tenido sobre las empresas y sobre la actividad económica en general la acción conjunta de las subidas de cotizaciones sociales y la elevación del Salario Mínimo Interprofesional, en especial en la estructura de costes de las empresas, que se han convertido en la principal preocupación de CEOE.
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