Si la constatación de que los tipos de interés permanecerán altos durante más tiempo de lo previsto ya supuso un jarro de agua fría para Italia, una de las economías más endeudadas del planeta, el deterioro de sus perspectivas económicas no ha hecho sino agravar ese escenario. El último en constatarlo ha sido el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en la reunión anual que ha celebrado estos días en Marrakech (Marruecos) ha echado por tierra las perspectivas en las que el Gobierno de Giorgia Meloni ha fundamentado toda su política económica de cara al próximo ejercicio.
El 27 de septiembre, el Ejecutivo transalpino aprobó la Nota de Actualización del Documento de Economía y Finanzas (NADEF), el informe que incluye las previsiones macroeconómicas con las que se elaboran los Presupuestos. El documento incorporaba una revisión notable de los cálculos de PIB tanto para este ejercicio -cuando la tercera economía del euro crecerá un 0,8%, frente al 1% que se preveía en abril- como para el próximo. De cara al año que viene el Gobierno de Roma contempla un avance del 1,2%, frente al 1,5% que había estimado previamente. Este frenazo, que responde a los efectos de una política monetaria más restrictiva, a las consecuencias de la guerra de Ucrania y a la incapacidad de Alemania de salir del estancamiento, parece más propio de una novela de ciencia ficción a la luz de los cálculos publicados por el FMI en su 'Monitor Fiscal'.
El organismo ha reducido todavía más el margen con el que Italia va a contar para poder reducir su endeudamiento, puesto que contempla un deterioro mucho más agresivo de su economía que para el conjunto de la Eurozona y sitúa su avance en el 0,7% tanto este ejercicio como el que viene. En 2024 será la economía que menos crezca de entre las mayores del mundo tan solo por detrás de Reino Unido (0,6%). Será muy difícil para el país reducir su nivel de deuda, que despidió el año pasado en el 144,4% de su PIB con una economía tan debilitada y, de hecho, el FMI contempla que la ratio se mantenga todavía en el 140,1% del PIB en 2028. Pese a ello, el Gobierno italiano mantiene su intención de emitir entre 310.000 y 330.000 millones de cara al año que viene.
La preocupación sobre la sostenibilidad de su deuda pública ha vuelto a los mercados en un momento de tensiones con la Unión Europea, que además recupera el próximo mes de enero la vigencia de las reglas fiscales, la obligatoriedad de que los Estados miembro se ciñan a unas metas de déficit y deuda que parecen inalcanzables a medio plazo para el país vecino. La rentabilidad del bono a 10 años transalpino ha vuelto a rozar el 5% recientemente -un nivel que no alcanzaba desde 2012, en plena crisis de deuda en Europa- tras constatarse que, según sus propios cálculos, el Gobierno de Meloni no será capaz de reducir el déficit más allá del 5,3% este año ni del 4,3% el que viene, lo que supondría de facto incumplir del Pacto de Estabilidad.
Su prima de riesgo- el diferencial que los mercados le exigen por emitir deuda en relación a lo que paga Alemania- vuelve a rondar los 200 puntos básicos, situándose casi 100 puntos por encima de la española, un nivel que genera tensión en los mercados y tiende a repercutir de forma negativa en la cotización del euro. La parte menos negativa es que esta situación pilla al Banco Central Europeo preparado, con su Instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI por sus siglas en inglés), en la recámara y dispuesto para evitar cualquier episodio de fragmentación financiera a través de compras de bonos en el mercado secundario.
Lidera la recepción de los fondos europeos
Al Gobierno de Meloni no le queda más remedio que pisar el acelerador de las reformas y el camino no va a ser sencillo. De momento, ha percibido ya el 44% de los fondos europeos Next Generation a los que opta (es el principal beneficiario del programa) tras recibir la pasada semana un tercer pago por valor de 18.500 millones de euros, por lo que le han sido transferidos en total 39.000 millones. Son 2.000 millones más de los que han llegado a España, que hasta ahora lideraba la recepción de las ayudas de los NGEU.
Roma ha visto llegar este último desembolso con siete meses de retraso sobre lo previsto inicialmente, puesto que solicitó el pago el 30 de diciembre del año pasado y la Comisión Europea contaba con dos meses para evaluar los objetivos e hitos ligados a la recepción de los fondos. Las autoridades comunitarias se vieron obligadas a ampliar ese plazo de escrutinio al haber observado determinados incumplimientos por parte del país.
Las negociaciones en este tiempo han sido difíciles y el Ejecutivo de Meloni se ha visto obligado a renunciar a 500 millones de euros (el pago inicial iba a ser de 19.000 millones) por no haber cumplido uno de los objetivos pactados, el de crear 7.500 nuevas plazas de alojamiento para estudiantes. Otros cambios aplicados sobre la marcha en su Plan de Recuperación han llevado a Italia a renunciar a una serie de proyectos valorados en 15.900 millones porque no iban a poder finalizarse antes de 2026, como exige el mecanismo. Eran proyectos ferroviarios, reformas de eficiencia energética e intervenciones urbanísticas.
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