El golpe que la pandemia asestó a la economía española seguirá siendo perceptible dentro de cinco años. La ingente cantidad de recursos que el Gobierno, hoy en funciones, ha tenido que movilizar para hacer frente a las consecuencias de la Covid, primero, y a las de la crisis energética e inflacionaria y de la guerra en Ucrania, después, supondrán que en 2028 el nivel de deuda pública siga estando más de cinco puntos por encima de como se situaba antes de que estallase la crisis sanitaria a nivel global. El Fondo Monetario Internacional, que celebra esta semana su reunión anual en Marrakech (Marruecos), prevé que el pasivo del conjunto de las Administraciones Públicas se modere de aquí a 2025 y que los siguientes tres ejercicios se estabilice en el 103,8% del PIB, lejos aún del 98,2% al que cerró en 2019.
El organismo ha publicado este martes su 'Monitor Fiscal', con unas perspectivas que arrojan luces y sombras en relación a los objetivos de estabilidad, apenas unos meses antes de que la Unión Europea recupere en enero las reglas fiscales para el conjunto de los Estados miembro. Por un lado, la institución que capitanea Kristalina Georgieva constata que España podrá adelantar al año que viene la meta de reducir el déficit hasta el 3% del PIB, como el Ejecutivo se había comprometido en la actualización del Programa de Estabilidad que envió a Bruselas a finales del pasado mes de abril.
A partir de 2025 y hasta 2028 el desequilibrio de las cuentas públicas se mantendría en el entorno del 3,4% del PIB, de acuerdo con lo proyectado por el FMI. Además, su cálculo para este ejercicio ha mejorado seis décimas (hasta el 3,9%) en relación a lo que proyectaba el pasado mes de abril. El principal desafío seguirá estando, sin embargo, en el elevado nivel de deuda pública, más aún cuando los bancos centrales han dejado claro que la economía mundial deberá prepararse para un periodo largo con los tipos de interés en niveles elevados, dado que la inflación es más estructural de lo que habían contemplado inicialmente.
En concreto, la deuda se reduciría este año al 107,3% del PIB, trece puntos por debajo del pico del 120,3% que alcanzó en 2020, cuando la pandemia causó estragos y obligó al Gobierno a disparar el gasto para hacer frente a las consecuencias económicas y sanitarias de una situación sin precedentes. Se trata de un ajuste inédito en un periodo tan corto de tiempo, puesto que se llevaría a cabo en apenas tres años. La senda de moderación se mantendrá el año que viene, cuando el Fondo prevé un endeudamiento del 104,7% del PIB para España, y los dos siguientes, cuando esa ratio se situará en el 103,9 y en el 103,8% en 2024 y 2025, respectivamente.
Los tres próximos ejercicios el pasivo público se mantendrá en ese 103,8%. La mejora de las previsiones por parte del FMI se produce, además, tras la revisión al alza del PIB que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística, que ha permitido rebajar la ratio de deuda. En adelante, a toda la batería de medidas que España ha tenido que aprobar para hacer frente a los sucesivos choques que se han venido produciendo desde 2020 se añade el despliegue de los fondos europeos Next Generation EU.
El desarrollo de la segunda parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una vez que la Comisión Europea ha dado visto bueno a la adenda (que ahora está pendiente de recibir la aprobación de los Veintisiete vía Consejo Europeo), permitirá al país optar a 83.160 millones en préstamos con condiciones ventajosas. Estos créditos computarán, de hecho, como deuda, si bien fuentes del Gobierno en funciones mantienen que esto no impedirá cumplir los compromisos con Bruselas.
La clave, en la retirada de las medidas extraordinarias
El bloqueo político se ha mantenido tras las elecciones del pasado 23 de julio y, a la espera de la formación del nuevo Gobierno, este va a tener la complicada tarea de decidir si retira o no todas las medidas aprobadas para hacer frente a la subida de los precios energéticos y a la escalada de la inflación. Organismos como la Comisión Europea y el propio FMI han reclamado que se elimine prácticamente todo ese 'escudo social' (las rebajas a la luz, el gas, la bombona de butano, la reducción del IVA de los alimentos, la gratuidad del transporte público...) o que se mantengan únicamente para los colectivos vulnerables.
Recientemente fue la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la que advirtió de que, en caso de que se produjese un escenario de prórroga presupuestaria el año que viene, España sólo podrá reducir el déficit a ese 3% comprometido con las autoridades comunitarias si retira todo ese conjunto de medidas extraordinarias -cuya cuantía equivale a alrededor de 1,1 puntos del PIB- y si esta retirada va acompañada, además, de una contención del gasto por parte de las Administraciones territoriales, que son las que más preocupan porque van a contar con una cantidad de recursos del sistema de financiación como nunca antes debido a que la recaudación registró niveles históricos el año pasado con la inflación disparada (despidió el año en el 8,4% de media).
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