La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) tiene claro que en el modelo energético renovable hacia el que se dirige España es uno en el que los particulares y las pymes deben tener más protagonismo. Defiende que en torno al 20% de la energía que se vende a través de la red esté en manos de estos dos colectivos con el fin de generar riqueza y que no sean solo los grandes operadores los que copen el mercado.
En un desayuno organizado por LaInformacion.com sobre 'Las renovables y su papel en la actual coyuntura de crisis energética', el director general de Anpier, Rafael Barrera, pone en valor que tendría un efecto "muy bondadoso" en las economías locales. "Hay que considerar que un pequeño parque tiene entre 2 y 5 megavatios (MW) y que por economía de escala no es lo mismo comprar los materiales para un parque de 500 MW que para uno pequeño: los costes son muy diferentes como es lógico. Sin embargo, esto luego no se traslada al precio de la energía final con el sistema de fijación de precios que tenemos, es decir, no perjudica al usuario el fomentar que un 20% de la energía esté sociabilizado", argumenta.
En este sentido, Barrera valora positivamente que se fomente el autoconsumo y, concretamente, el colectivo como vía para obtener descuentos en la factura de la luz, pero reclama que los ciudadanos interesados tengan más fácil el acceso al negocio energético y puedan obtener así ingresos con la venta de excedentes; es decir, con la energía que generan con su propia instalación y que no consumen. De hecho, las barreras al vertido de la energía sobrante a la red eléctrica están provocando que se desaprovechen miles de gigavatios hora (GWh) que equivalen a cientos de millones de euros, en un contexto en el que se ha acelerado acabar con la generación mediante combustibles fósiles tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y todo suma.
"La Unión Europea (UE) habla del ciudadano en el centro de la transición energética, pero no es la realidad. Hay que fomentar este vector de generación de riqueza en manos de la ciudadanía", destaca Barrera. Para poner en contexto el valor de las plantas fotovoltaicas más pequeñas (menos de 100 kilovatios), estas contribuyeron con 2.199 millones de euros al PIB nacional en 2021 gracias a su creciente actividad. Además, generaron 20.015 empleos nuevos, de los cuales 2.370 fueron directos, según el último informe de PwC elaborado para Anpier.
Más valor a parques pequeños
El director general de Anpier insiste así en que se debe dar más valor a los parques fotovoltaicos más pequeños. "Antes un parque de 5 MW era grande y ahora es una insignificancia porque hay proyectados hasta de 500 MW. Pensemos que un MW puede ocupar entre una y media y dos hectáreas y es normal que los habitantes de los entornos rurales se quejen si ven que sus principales activos, como es el paisaje, se pueden ver alterados. Sin embargo, no hubo ningún movimiento social en contra de los primeros 4.000 MW que se pusieron en marcha entre 2007 y 2009, porque eran parques pequeños y sociales, donde la riqueza de la generación se quedaba en el territorio, en las familias. La propiedad de los megaparques no es de la gente que habita en los territorios y eso también exacerba los ánimos en algunos casos; es lógico", resalta.
Por otro lado, el presidente de Conpymes, José María Torres, hace un llamamiento a las instituciones públicas para que las pequeñas y medianas empresas no se queden atrás en el proceso de descarbonización hacia el que se dirige la economía ante una mayor falta de recursos que las grandes corporaciones. "Las pymes tienen que ser sostenibles y las que no lo sean desaparecerán. La regulación que viene de Europa va a fomentar que las pymes que no lo sean desaparezcan en un futuro cercano. Necesitamos más ayudas de la administración y optimizar más los fondos europeos. Las grandes empresas están más preparadas y las pymes tienen menos recursos ante la burocracia, con procesos que son interminables", explica Torres.
Asimismo, destaca la prioridad para las pymes de que exista ya el régimen sancionador contra la morosidad, que es la principal lacra que afecta a su viabilidad. "Una pyme cuando cobra a 300 días no es competitiva y puede cerrar fácilmente. Una de cada tres pymes que cierra es porque no puede cobrar de los grandes. En el Congreso llevamos ya 83 prórrogas", indica, subrayando la necesidad de que las pequeñas y medianas empresas también tengan una mayor participación en los procesos de contratación pública.
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