Francia cambiará su ley de inmigración para combatir la falta de mano de obra

Los ejecutivos europeos trabajan para hacer frente al grave problema de falta de mano de obra que afecta a las principales economías. El Gobierno francés trabaja en una ley sobre la inmigración que, entre otras cosas, pretende regularizar a los sin papeles que ya están trabajando en sectores donde existen muchas vacantes. Una medida que no será global ni masiva, sino que atenderá caso por caso a criterios de integración. Es el mensaje que han mandado varios miembros del Ejecutivo de Emmanuel Macron este martes, coincidiendo con un debate esta tarde en la Asamblea Nacional en el que la primera ministra, Élisabeth Borne, dará los primeros trazos de ese proyecto de ley que se presentará formalmente en enero.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, explicó en la emisora France Info que la idea es conceder a esos sin papeles que ya ocupan empleos en sectores en tensión permisos de trabajo de un año renovable, es decir, de un periodo inferior a los 18 meses que les daría derecho a traer a sus familias a Francia. Esas personas tendrían, además, que cumplir dos condiciones: no tener antecedentes como delincuentes y superar un examen de francés, según el ministro, que añadió que durante el debate parlamentario se podrían fijar otros criterios generales, como llevar en Francia un tiempo mínimo y establecer un tope de regularizaciones cada año.

En cualquier caso, el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, hizo hincapié, en otra entrevista en el canal 'France 2', en que "no habrá regularización masiva, global", sino que la concesión de permisos de trabajo a esos sin papeles se hará "caso por caso". Darmanin cifró en "unos miles o unas decenas de miles" los trabajadores que se encuentran en una situación susceptible de beneficiarse de esos mecanismos. Una de las novedades que tendrían que llegar con la nueva ley es la actualización de los sectores que se consideran en tensión, en las que las empresas tienen muchas dificultades para encontrar trabajadores. Se da por hecho que entre ellos estará la restauración, la agricultura o la construcción.

Agilizar las expulsiones 

Otra de las patas de la futura ley es una reforma legislativa para agilizar las expulsiones de los inmigrantes que están en situación irregular en Francia, y eso incluye en particular la retirada de las prestaciones sociales que pueden estar recibiendo del Estado francés. Darmanin hizo notar que el problema es que "una gran parte de los extranjeros en situación irregular entraron (en Francia) de forma regular" con un visado turístico, se quedaron y obtuvieron prestaciones sociales mientras todavía estaban en situación legal.

Por eso, su Gobierno quiere que los organismos que gestionan esas prestaciones (como ayudas a la vivienda o familiares) intervengan para retirárselas. Otra parte del trabajo pendiente para su expulsión es el que tienen que hacer las prefecturas (delegaciones del Gobierno), encargadas de tramitar su envío a los países de origen, y la acción diplomática con esos países de origen. A ese respecto, el titular de Interior negó que se mantenga el bloqueo por parte de Argelia, Túnez y Marruecos a la aceptación de sus nacionales expulsados por Francia, y para probarlo dijo que desde comienzos de año han aumentado un 21%.