El sueño de Juan Rosell de integrar en el gobierno de la CEOE a las principales empresas del país ha terminado en el cajón. El equipo directivo de su sucesor, Antonio Garamendi, ha decidido no incluir la posibilidad de dotar por primera vez en la historia de la organización empresarial de derechos políticos a las empresas afiliadas dentro de la reforma estatutaria que han votado y han aprobado este jueves los vocales de las 4.500 organizaciones a las que representa CEOE.
La decisión no es ajena a la airada reacción que esta posibilidad desencadenó entre buena parte de las organizaciones territoriales y sectoriales de CEOE, renuentes a transformar la tradicional naturaleza de la 'confederación de organizaciones empresariales' que ha sido históricamente la patronal en una nueva confederación de organizaciones y empresas. De telón de fondo, el miedo de las organizaciones a que una representación directa de las grandes empresas en los órganos de Gobierno -Comité Ejecutivo, Junta Directiva y Asamblea General- comprometiera el pago de las cuotas que éstas abonan a las sectoriales y territoriales en las que están dadas de alta.
La fuerte contestación interna no impidió que en la Asamblea General del año pasado un Juan Rosell ya de salida espetara a sus asociados que "queda por explicitar la participación de las empresas en nuestros órganos de gobierno y su representatividad electoral, y sería bueno hacerlo en este mandato, pero empezando a contar a partir del próximo. Debemos poner una o varias propuestas encima de la mesa y escoger y decidir". Y así lo hizo el pasado mes de octubre, con la presentación de una propuesta que abogaba por reservar a empresas entre un 10% y un 15% de las sillas de la Junta Directiva de la organización, que proponía a ampliar hasta los 250 miembros, lo que significaría que dispondrían de hasta 31 asientos en el máximo órgano ejecutivo de CEOE.
Rosell, que argumentaba que no dar derechos políticos a los socios que financian casi la mitad del presupuesto de la patronal era una clara distorsión, no tuvo tiempo a plantearla de manera formal antes de dejar la Presidencia, pero su entonces vicepresidente y ya sucesor oficial, Antonio Garamendi, se comprometió a retomar la iniciativa una vez finalizado el proceso electoral e iniciado el siguiente mandato.
La nómina de socios de la patronal cuenta ya, tras la última incorporación de Inditex, con la mayoría de las grandes empresas del país como Mercadona, Repsol, Telefónica, Google, Iberia o Merlin Properties.
Más representantes, pero ninguno de las empresas
Sin embargo, la reforma estatutaria aprobada este jueves por la Asamblea General de CEOE nada dice de abrir a las empresas los órganos de gobierno de la patronal. Sí amplía la Junta Directiva a 275 asientos -más aún de los que planteaba Rosell-, pero todos ellos irán a parar a las organizaciones territoriales y sectoriales que constituyen el corazón de la confederación de organizaciones que es CEOE.
Garamendi, de hecho, parece haber optado por una solución más 'soft'. En lugar de imponer la entrada de empresarios en los órganos de gobierno mediante una reforma de los estatutos ha hecho uso del margen que le dan éstos para designar de forma directa a miembros del Comité Ejecutivo "de entre empresarios y empresarias de reconocido prestigio" para meter en el órgano a la presidenta de Eulen, la vicepresidenta del Grupo Antolín o la consejera delegada del Grupo Arpa.
Desde el nuevo equipo directivo de la organización se disipa, no obstante, el temor que albergaba Rosell a que las empresas se cansaran de pagar para tener voz pero no voto en CEOE. "Las empresas ya tienen sus propios canales de influencia y estar en los órganos de gobierno les expone de una forma que no creo que les resulte cómoda. Lo que tenemos que hacer es ser útiles en la defensa de sus intereses".
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