La de enero de 2022 va a ser una de las cuestas más empinadas que se recuerdan. Al menos, para el millón y medio de trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional. Con la inflación disparada por la escalada de los precios energéticos y, en particular, de la factura de la luz, el SMI arrancará el año congelado. Sin fecha prevista para la apertura de la negociación con los agentes sociales, el Consejo de Ministros de este martes, el último de 2021, adoptará la decisión de prorrogar el real decreto del pasado mes de septiembre por el que se estableció una subida de esta referencia salarial de 15 euros, para situarlo en 965 euros mensuales. En esa cantidad se mantendrá desde el 1 de enero, hasta nuevo aviso.
Moncloa ha priorizado la aprobación de la reforma laboral en la recta final del año para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación y mantener abierto el grifo de los fondos europeos. El atasco en las negociaciones con la patronal y los sindicatos ha postergado su aterrizaje en el Consejo de Ministros hasta el último cónclave del ejercicio, lo que ha dejado sin margen a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para arrancar una nueva subida de esta referencia salarial que, por otro lado, ni el área económica del Gobierno que lidera Nadia Calviño ni el flanco socialista de la coalición tienen prisa por poner en marcha. De nuevo, los dos bandos se han batido en duelo.
Fuentes gubernamentales confirman que el último Consejo de Ministros del año activará la prórroga del Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021, y lo hará en una disposición adicional dentro del propio real decreto ley de la reforma laboral. Aquel texto nació sin el apoyo de la patronal, que se descolgó del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para subir el SMI en 15 euros mensuales, en línea con la propuesta de la Comisión Asesora para el Análisis del SMI, que proponía una horquilla para subirlo entre 12 y 19 euros este año. Las partes establecieron también el compromiso de que el SMI, mediante su progresiva revisión en 2022 y 2023, alcance el 60% del salario medio antes del final de la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España y como prometió el Gobierno de coalición.
Pero, de momento, la subida inicial en 2022 será de cero euros. Como ya hiciera a finales de 2020, Moncloa ha vuelto a optar por la congelación del SMI en el arranque del año, a la espera de un acuerdo en el diálogo social que, este año, tardó nada menos que nueve meses en llegar. En el Gobierno no hablan de congelación, sino de prórroga, y defienden que así se garantiza la seguridad jurídica y se evita dejar a los trabajadores en un 'limbo legal', ya que la fijación anual del SMI tiene una proyección de año natural, lo que implica la pérdida automática de vigencia del salario mínimo del año en curso cuando llega el 31 de diciembre. En todo caso, la prórroga de la cuantía vigente tendrá un carácter temporal, hasta que se apruebe la de 2022, acordada en el marco del diálogo social.
Esos mismos argumentos fueron utilizados para la congelación del SMI en el inicio de 2021. En un momento de grave crisis económica provocada por la pandemia, la vicepresidenta Calviño -en connivencia con el núcleo duro del área económica del Gobierno, incluida la ministra de Hacienda, María Jesús Montero- frenó las intenciones de Yolanda Díaz, alegando que había que esperar a que la recuperación estuviera consolidada. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconocía que no era el momento de una subida no pactada por el contexto económico, con estas palabras: "Estamos en una situación difícil ahora mismo para los empresarios y el objetivo del Gobierno es salvar a empresas y empleos, ayudando al tejido productivo".
Hace exactamente un año, Sánchez añadía como argumento adicional que España había apostado por fuertes subidas del SMI desde 2018, algo que no había hecho ningún país del entorno, en un escenario de "inflación cero". Pero ese contexto ya no es válido en la actualidad. El IPC arrancó su particular escalada a mediados de 2021 y el rally se ha intensificado considerablemente en el último trimestre del año, con tasas de crecimiento no vistas en los últimos 30 años, de hasta el 5,5% en noviembre. Ese es el último dato disponible, pero los analistas creen que el IPC aún no ha tocado techo y subirá otro escalón en diciembre. Y el Banco de España pronostica que la ola inflacionista se expandirá durante el primer tramo de 2022 y la tasa media anual será incluso superior a la de 2021 (3,7%, frente a 3%).
En ese escenario, el SMI permanecerá congelado desde el 1 de enero en la cuantía actual, a la espera de que el Gobierno se siente a hablar con la patronal y los sindicatos y decida qué hacer. Fuentes gubernamentales recuerdan que, aunque la subida se acuerde más adelante, puede aplicarse con carácter retroactivo. Aunque lo cierto es que la fijación del salario mínimo es potestad exclusiva del Ejecutivo y no requiere del visto bueno de los agentes sociales, el diálogo social se ha convertido en seña de la coalición progresista y se va a practicar en todas las medidas de ámbito laboral, aunque en ocasiones no se logre el consenso, como sucedió, de hecho, con la subida del SMI aprobada en septiembre, de la que se descolgó la CEOE.
Además de la congelación -o prórroga, como prefiere llamarla el Gobierno- del salario mínimo interprofesional, el Consejo de Ministros dará luz verde este martes a la contrarreforma laboral. En este caso sí, el real decreto ley nace con el aval de la patronal y los sindicatos, aunque ambos han advertido de que si el Ejecutivo modifica el texto durante la tramitación parlamentaria como proyecto de ley para cumplir con las exigencias de sus socios, hará que salte por los aires el acuerdo tripartito. Así, la reforma laboral entrará en vigor en tiempo y forma, antes de que acabe el año, cumpliendo con el compromiso adquirido con Bruselas para el desbloqueo de 12.000 millones de euros de los fondos de recuperación, pero su futuro todavía está en el aire, pendiente de su tránsito por el Congreso de los Diputados.
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