Nadia Calviño y Yolanda Díaz han aparcado sus diferencias por un objetivo común: desbloquear 12.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación. Las vicepresidentas primera y segunda, de Economía y Trabajo, respectivamente, se han alineado para sacar adelante la reforma laboral que dará acceso a España a ese nuevo desembolso por parte de la Comisión Europea. Ambas han impuesto en la mesa de negociación que la norma estará publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el próximo 31 de diciembre, por lo que será aprobada en Consejo de Ministros, a más tardar, el día 28 de este mes. Los agentes sociales se comerán las uvas con la reforma laboral en marcha, con o sin acuerdo. La próxima semana será decisiva, pues para desatascar las negociaciones se han convocado reuniones todos los días. Los principales escollos continúan en el paquete para reducir la temporalidad, que no convence ni a la patronal ni a los sindicatos.
Atrás han quedado los tiempos en los que las vicepresidentas aireaban sus diferencias en público. El choque entre ambas era tal que llegaron a protagonizar una de las mayores crisis en el Gobierno de coalición, el pasado mes de octubre, cuando Calviño intervino abruptamente en la negociación de la reforma laboral que hasta entonces pilotaba Díaz en solitario. La titular de Trabajo denunció internamente la injerencia de la responsable del área económica en sus competencias, pero el presidente Pedro Sánchez descartó la intromisión y apostó por la colaboración interministerial. Una filosofía que se tradujo en una compleja dinámica de negociación -con múltiples reuniones semanales a todos los niveles- dentro y fuera del Gobierno.
Y hasta ahí el choque de trenes. Sánchez ha pedido a sus vicepresidentas que trabajen conjuntamente en esta reforma clave para la recepción de un nuevo tramo de 12.000 millones de euros de los fondos europeos del mecanismo de Recuperación. Dicho y hecho. Pese a que fuentes del diálogo social aseguran que las diferencias entre ministerios siguen siendo evidentes -especialmente en lo que se refiere al mecanismo de flexibilidad interna que acompañará a los ERTE tradicionales en el nuevo marco legislativo o a las limitaciones a la contratación temporal- oficialmente, tanto desde Trabajo como desde Economía aseguran que las propuestas que se llevan a la mesa son de todo el Gobierno, fruto de un intenso trabajo de coordinación entre los distintos departamentos implicados en la reforma.
Hay otro aspecto en el que ambas están completamente alineadas. Aunque algunas voces del diálogo social interpretan que Díaz tiene más prisa que Calviño por ver su reforma publicada en el BOE, fuentes oficiales aseguran que el compromiso de ambos departamentos es que este hito se produzca, como tarde, el día 31 de diciembre. Y ello a pesar de que la Comisión Europea considera que el calendario pactado es "indicativo", tal y como admitió este viernes en rueda de prensa en Bruselas una de las portavoces comunitarias, Arianna Podestà, quien no obstante llamó al Gobierno español a respetar los plazos previstos en el Plan de Recuperación. Tanto desde Economía como desde Trabajo insisten en su compromiso de cumplir con ese deadline.
El cumplimiento sí o sí de este hito antes de que acabe el año implica que la reforma será aprobada con o sin el respaldo del diálogo social tripartito. Y con el atasco que existe en estos momentos en la mesa de negociación, a estas alturas no puede descartarse que el Consejo de Ministros dé el visto bueno a una norma que cuente exclusivamente con el respaldo de los sindicatos, o de la patronal, o con ninguno de los dos. Lo cual pone al Ejecutivo en un brete de cara a Bruselas, pues aunque las autoridades comunitarias no han establecido una obligación expresa en este sentido, sí han recomendado al Gobierno español que las reformas sean pactadas y cuenten con el mayor consenso social para que sean duraderas y estables.
Pero es que además el reglamento del Plan de Recuperación establece que la Comisión suspenderá los pagos si comprueba que un Estado miembro revoca medidas relacionadas con hitos y objetivos cumplidos anteriormente. Es decir, que si el Consejo de Ministros opta por dar luz verde a una norma por la vía del Real Decreto-ley para cumplir los plazos establecidos y los grupos parlamentarios solicitan su tramitación como proyecto de ley -que es el escenario más probable para la reforma laboral- en el caso de que se introduzcan modificaciones relevantes en el contenido a posteriori, las autoridades europeas cancelarán las transferencias de dinero en curso. Esto no es baladí, pues están en juego 12.000 millones de euros, el mayor de los tramos de ayudas del Next Generation para España.
El Gobierno, con todo, confía en alcanzar un acuerdo tripartito. En los últimos días -especialmente después de que la CEOE llevase a la mesa su primera propuesta formal- el intercambio de documentos se está intensificando considerablemente para intentar dar con la tecla que equilibre la propuesta en la justa medida para que tanto la patronal como los sindicatos puedan dar el sí a una reforma que debe alinearse con las recomendaciones de la Comisión Europea. Un complejo juego de equilibrios en el que se están esforzando también a nivel interno Díaz y Calviño. La prioridad en estos momentos es sacar adelante las reformas que permitan que el grifo de los fondos siga abierto para apuntalar la recuperación.
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