El pasado 18 de diciembre, la todavía ministra de Economía, Comercio y Apoyo a la Empresa, Nadia Calviño, anunció que había acordado con las patronales bancarias (AEB y CECA) extender las medidas de alivio a los hipotecados afectados por la abrupta subida del euríbor y recogidas en el Código de Buenas Prácticas, que entró en vigor este 1 de enero de 2023. Entre este paraguas de protección se incluía el cambio de hipotecas de tipo variable y sin coste a fijas y, como novedad, se extendía a las mixtas. Asimismo, se incluía la posibilidad de amortizar hipoteca sin coste.
Esta prórroga se hace extensible a todo 2024, según el Real Decreto que recoge las medidas de alivio económicas adoptadas por el conflicto en Ucrania. "La expectativa de que se mantenga el endurecimiento de las condiciones financieras durante algún tiempo aconseja extender estas medidas hasta el 31 de diciembre de 2024, de modo que los hogares cuenten con la mayor flexibilidad posible al menor coste para adaptar las condiciones de su endeudamiento", así lo recoge el documento oficial.
Desde Asufin, valoran positivamente que esta medida se haya extendido. Y es como recuerda la Asociación de usuarios financieros , "durante este año la banca se ha beneficiado de muchísimos cambios a hipotecas mixtas cobrando comisiones, por tanto, resultaba bastante razonable mantener durante otro año este cambio a coste cero". Para Paula Eseiza, redactora y experta inmobiliaria en HelpMyCash, se abre una nueva oportunidad para amortizar sin gatos la hipoteca para aquellos que "no pudieron aprovecharla o no supieron de su existencia".
En cambio, desde la Asociación Hipotecaria Española (AHE), recuerdan que estas medidas se tomaron con carácter excepcional y temporal y que ahora, con un empleo resistiendo y unas expectativas de caída de tipos es lógico pensar en que se pueden ir retirando. También la tasa de morosidad sigue siendo moderada, pese a la última subida.
De todos modos, esta resolución se prorroga, pese a que el euríbor, el índice al que se referencian la mayoría de las hipotecas a tipo variable, comenzará a abaratar los créditos, con las estimaciones que se manejan a partir de mayo-junio. Precisamente, Renta 4 cree que el euríbor cerrará al 3,90% a en marzo, para situarse en el segundo trimestre (junio) en el 3,75%, mientras que en junio de este año rompió la barrera del 4% y seguiría ahondando las caídas hasta acabar septiembre en el 3,55%. Sin embargo, si se mantiene la tendencia actual del índice podrían apreciarse las primeras bajadas de cuota ya en marzo.
Y es que esta medida, más que el cambio de hipoteca de tipo variable a fijo, ha sido la más empleada por los hipotecados para blindarse ante la escalada del índice. De hecho, según Funcas, esto supuso que los hipotecados redujeran el volumen de créditos con garantía de vivienda entre 9.000 y 14.000 millones de euros.
Para la banca, la eliminación de este incentivo tendría efectos positivos en su cartera de crédito, su negocio principal y por el cuál obtienen beneficio por su repreciación, puesto que la caída del saldo vivo hipotecario, por estos repagos anticipados y un menor ritmo de concesión de nuevos créditos (en los diez primeros meses se ha desplomado un 20% interanual), ha descendido por debajo de los 500.000 millones de euros.
Hasta la entrada en vigor del Código de Buenas Prácticas de 2022 las comisiones estaban reguladas por ley. A partir del 1 de julio, irán para las hipoteca a tipo variable desde el 1% para aquellos clientes que hayan contratado el crédito antes del diciembre de 2007, un coste de hasta el 0,5% para las firmadas entre diciembre de 2007 y 2019 y hasta el 0,25% (durante los primeros tres años de vida) o el 0,15% (para los cinco primeros años de vida) para aquellos créditos firmados a partir del 16 de junio 2019.
Se prolonga el impuesto un año más
Durante su comparecencia, Sánchez también anunció la prórroga del impuesto extraordinario al sector bancario durante, al menos, un año más, en las mismas condiciones que se estableció para 2022 y 2023. Es decir, gravaría a las entidades financieras nacionales que hubieran tenido ingresos por 800 millones de euros en 2019 con un 4,8%. El tributo tiene un objetivo de recaudación entorno a los 1.300 millones de euros por año.
Este tributo, que para 2022 ha sido cargado en el primer trimestre de este ejercicio, ha sido duramente criticado por las entidades afectadas (que lo han recurrido ante los tribunales) al considerar que el sector ya soporta una presión fiscal más elevada que otros sectores y que perjudica la actividad económica por una menor concesión en los volúmenes del crédito.
