La actualización de la 'tasa Enresa', con la que los titulares de las centrales nucleares sufragan la gestión de los residuos radiactivos que está en manos de la empresa pública, no es nueva y viene de años atrás. La Comisión de Expertos de Transición Energética que puso en marcha el exministro Álvaro Nadal ya advirtió de la necesidad de revisar el valor para evitar la generación de déficits y poder disponer así de los recursos necesarios para hacer frente a las responsabilidades futuras.
Los cálculos del comité de expertos del Partido Popular planteaban un valor de la tasa de 13,51 euros megavatio hora (MWh), una vez aplicada la tasa de descuento -del 1%- y para una esperanza de vida de las centrales nucleares de 40 años. Esta cifra es un 23% superior a la que presentó este miércoles el Ministerio para la Transición Ecológica, o lo que es lo mismo, tres euros más cara.
La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, señaló este miércoles en un desayuno organizado por Europa Press que los costes para la gestión de los residuos nucleares fueron "pronunciamiento expreso del comité de expertos que organizó el ministro Nadal en su momento". Según Ribera, el informe publicado en 2018 hacía referencia a un asunto clave: incrementar cuanto antes los recursos disponibles para la gestión de residuos ante el déficit existente.
¿Extender la vida útil de las centrales hasta 50 años?
El texto también recogía la posibilidad de que la tasa sea menor si se extiende la vida útil de las centrales hasta los 50 años. Sin embargo, Ribera señaló que "a renglón seguido" el documento avisaba que, bajo este escenario, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) impondría a los titulares de los reactores unas condiciones de inversión que requerirían tal volumen de recursos que las propias dueñas dirían que no. Si no cambia finalmente el calendario pactado, una vez cerradas todas las centrales, el parque nuclear español habrá operado durante unos 46 años de media. Entre todos los reactores, suman una potencia bruta instalada de 7.398 megavatios (MW), lo que supone cerca del 6,5% del total de la potencia eléctrica instalada de España. Generan cada año entre 55.000 y 60.000 gigavatios hora (GWh), más del 20% de la electricidad consumida en el país.
"Teniendo en cuenta que el valor de esta tasa no se ha modificado desde su entrada en vigor en el año 2010, y que durante el periodo transcurrido desde entonces Enresa, en los análisis efectuados, ha estimado un incremento de los costes futuros (nuevos impuestos que gravan los residuos que se envían a la instalación de El Cabril, actuaciones derivadas del retraso del ATC, etc) y una reducción de la tasa de descuento debido a la evolución de los mercados financieros, resulta necesaria una revisión del valor de la misma para evitar la generación de déficits y, en consecuencia, poder disponer de los recursos necesarios para hacer frente a las responsabilidades futuras. Como se puede ver en la tabla anterior, su valor actual (6,69 euros/MWh) resulta insuficiente y, por tanto, da lugar a la generación de un déficit para el escenario de vida de 40 años contemplado en el vigente PGRR", indicaba de manera literal y recordando que es de hace seis años.
El sector se le echó encima a Ribera
La penúltima modificación se tradujo en una propuesta de Real Decreto que implicaría una subida del 40% de la tasa, pasando de los 7,98 euros/MWh actuales a 11,14 euros/MWh. Sin embargo, tras el revuelo que surgió en el sector, con Foro de la Industria Nuclear Española a la cabeza -en el que se encuentran representadas Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP-, el Gobierno ha reculado y ha rebajado el incremento hasta 10,31 euros/MWh, 'solo' un 30% más.
La actualización de los costes futuros responde principalmente a la necesidad de mantener siete almacenes temporales descentralizados (ATD), uno en cada emplazamiento de las centrales nucleares, que sustituirán al fallido almacenamiento temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca). Para la financiación de las actividades que realiza Enresa en nombre del Estado se establece un sistema de cuatro tasas por los servicios prestados. En aplicación de lo anterior, desde el 1 de enero de 2010, el Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos se ha venido nutriendo mediante este mecanismo.
20.220 millones de euros para desmantelar las centrales
El Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), documento en el que se establece la política del Gobierno en materia de gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y del desmantelamiento y la clausura de las instalaciones nucleares, prevé unos costes futuros de 20.220 millones de euros que, "de acuerdo con el principio de quien contamina, paga", se sufragarán con el fondo mencionado anteriormente. La patronal nuclear ha presentado recursos contenciosos administrativos contra los reales decretos por los que se aprueba el 7º PGRR y se abandona el ATC en Villar de Cañas.
Por su parte, un informe de PwC plantea la posibilidad de que Enresa pueda cubrir los desvíos planificados en el séptimo plan con la recaudación de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. En concreto, mediante esta ley, las centrales pagan una tasa por la producción de combustible nuclear y residuos radiactivos que supone unos 5 euros/MWh y por la que hasta 2023 se han recaudado más de 3.000 millones de euros, cantidad que hubiese sido suficiente para cubrir el extracoste de 2.000 millones de euros que plantea el último PGRR si se hubiese guardado en un fondo para desviaciones de Enresa, según la consultora.
"No tiene sentido que los propietarios de las centrales nucleares estén pagando un impuesto para desviaciones de costes de Enresa (impuesto al combustible nuclear gastado) y luego trasladar a los propietarios de las nucleares las desviaciones que se produzcan por inflación o por decisiones políticas (pasar de un almacén centralizado a siete almacenes descentrailizados). Supone una doble imposición", afirman las fuentes. Sin embargo, otras voces del sector alertan de que los impuestos de la Ley 15/2012 se destinan a evitar que haya déficit de tarifa y que si se quitan, habría que aportar ingresos desde otro lado.
