Las AAPP se resignan a no recuperar las ayudas pagadas en casos como Nissan

"¡Qué devuelvan las ayudas!". Ocurrió con Alcoa, se exigió también a Vestas y, por supuesto, ha sido uno de los temas candentes en el cierre de la planta barcelonesa de Nissan. 'Condenados' como país de escasa base industrial a incentivar la localización de estructuras fabriles en territorio español con todo tipo de ayudas, la indignación aflora cuando proyectos empresariales que han recibido subvenciones millonarias del erario público deciden marcharse de España bien porque la aventura no haya resultado todo lo rentable que se preveía, bien porque han encontrado otra localización más competitiva para sus fábricas. El asunto llega a cotas en que las mismas administraciones públicas que concedieron las ayudas en su día exploran después cuando acontecen situaciones como éstas sus opciones jurídicas para recuperar los recursos que invirtieron en su día, confiadas en dar con algún vericueto jurídico que avale sus aspiraciones.

Así sucedió también en el caso Nissan. Durante semanas, desde el Gobierno de España y desde la Generalitat se presionó a los ejecutivos de la firma japonesa advirtiendo de que cerrar la planta podría resultarles mucho más costoso que mantenerla en funcionamiento. El secretario general de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Raül Blanco, llegó a advertir a la compañía de que si continuaba adelante con su intención de echar el cierre a la planta de Barcelona la Administración revisaría todos los expedientes de subvenciones públicas concedidos a la firma y rastrearía cualquier posible incumplimiento para exigir su inmediata devolución a las arcas públicas. Según las estimaciones del Comité de Empresa, la compañía japonesa había recibido más de 179 millones de euros en ayudas públicas desde su implantación en España.

Pero no hay manera. Lo admite la propia Secretaría General de Industria y Pyme, en relación al caso de Nissan. "Los proyectos para los que se concedió ayuda por parte del Ministerio fueron auditados en su momento y se certificó el cumplimiento de los objetivos comprometidos". Las subvenciones que se conceden a este tipo de proyectos industriales están vinculadas a programas concretos de inversión, con unos objetivos tasados de desarrollo de infraestructuras y creación o consolidación de puestos de trabajo, pero también con un horizonte temporal concreto de afección a los bienes y gastos financiados. En el caso de la planta barcelonesa de Nissan, ese periodo era de cinco años. "Dado que las anualidades de concesión fueron 2010 y 2011 ha expirado en todos los casos, por lo que se no se puede exigir el reintegro ahora, aunque se produzca el cese de actividad".

El trabajo que realizaron los servicios jurídicos de la Generalitat de Cataluña en busca de posibles resquicios para recuperar parte de los fondos públicos gastados en facilitar las cosas a Nissan en Barcelona llegó a similares conclusiones. "La Administración, cuando concede estas ayudas a una empresa privada, siempre las condiciona a la creación de empleos y a unas inversiones. ¿Estas ayudas son recuperables o no? Si se demuestra que ha hecho la inversión y ha mantenido el empleo, estas ayudas no son retornables", admitió en su día la consellera de Empresa, Àngels Chacón, cuando le tocó valorar las posibilidades de la Generalitat de recuperar los 22 millones de euros invertidos en la planta barcelonesa.

Los obstáculos regulatorios no sólo alcanzan a las ayudas directas concedidas por las Administraciones Públicas sino también a los préstamos 'blandos', a tipos de interés por debajo del estándar de mercado, - que en muchos casos generan costes financieros a las arcas públicas-, a los que también se les da acceso en el marco de los programas públicos de apoyo a la actividad industrial. La Información reveló en su momento que Nissan aún tenía en el balance 105 millones de euros de financiación pública barata pendiente de devolución en forma de préstamos reembolsables. Las favorables condiciones en que éstos se concedieron tampoco decaen cuando la empresa beneficiaria decide salir del país.  Industria se limita a decir al respecto que "existe un calendario comprometido de devoluciones que está siendo cumplido por la empresa sin incidencias".

El debate político: mucho ruído y pocas nueces

Cada anuncio de cierre de una empresa multinacional viene seguido de un agitado debate político en el que, a grandes rasgos, se exige endurecer la condicionalidad en la entrega de las ayudas públicas para así, supuestamente, evitar situaciones de este tipo. El caso Nissan, por ejemplo desencadenó una ofensiva parlamentaria por parte del Grupo de Unidas Podemos -socios del PSOE en el Gobierno- para plantear la nacionalización de las empresas privadas que aguantaran menos de cuatro años en su localización después de haber recibido una ayuda pública. Una declaración muy rotunda que, por ejemplo, no hubiera evitado el caso Nissan...

Fuentes del Gobierno se desmarcan de este tipo de iniciativas. Argumentan que una configuración más estricta de las ayudas sería contraproducente a la hora de localizar plantas industriales en España y que el mensaje que se lanzaría a las empresas internacionales que ven el país como una opción para localizar una planta industrial si se impidiera la salida de una empresa sería demoledor para la política industrial doméstica. Un relato que consideran perfectamente compatible con revisar de arriba abajo las subvenciones a la actividad industrial para detectar posibles lagunas en su configuración.