La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) vigila los accesos a expedientes de contribuyentes que los técnicos no pueden justificar, es decir, aquellos que no tienen que ver con parte de su trabajo. Cada año y según los datos de las memorias anuales de la AEAT, el organismo pide la justificación de alrededor del 80% de esos accesos y si no se pueden justificar, los técnicos de Hacienda se enfrentan a sanciones que pueden suponer la suspensión de empleo y sueldo durante varios años, según explica Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha) a este periódico.
En este sentido, desde Gestha dan por inválida la teoría de que Pablo Casado, presidente del Partido Popular recibió datos tributarios del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Cruzado recuerda que cualquier acceso a este tipo de información "queda registrado" y "es difícil pensar que hayan podido ser filtrados por un funcionario de la Agencia Tributaria porque queda rastro del funcionario que ha accedido y desde luego y si no se corresponden con datos que deba manejar por los expedientes asignados, es un problema serio el que puede tener".
En relación a este asunto, la AEAT ha incoado 97 expedientes disciplinarios desde 2014, año desde el que se facilita este dato en la Memoria anual. Aunque la cifra ha ido descendiendo, sigue siendo una práctica registrada y que es contraria al reglamento que deben seguir estos funcionarios. En 2020, último año disponible, se sancionaron 4 accesos injustificados. En 2017, el año con mayor número de expedientes, se sancionaron 22 accesos. Fueron 8 en 2019 y 2018; 20 en 2016, 18 en 2015 y 17 en 2014.
En el documento correspondiente a 2020, la AEAT explica que "cada vez que un usuario accede al sistema de información corporativo para una consulta o para una actividad de gestión, debe declarar el motivo del acceso. Cualquier acceso a información tributaria de carácter personal queda registrado junto con un conjunto de datos técnicos y administrativos que permiten conocer su contexto y facilitar su posterior control". "Si el controlador considera que se trata de un acceso indebido grave o muy grave, puede iniciarse, en su caso, un expediente disciplinario", añaden.
Es decir, los funcionarios de los que queda un registro de la consulta de un dato de un contribuyente en particular deben poder justificar que ese acceso está relacionado con los expedientes en los que está trabajando, resumen desde Gestha. Esta comprobación que se realiza desde auditoría interna se enmarca dentro del trabajo de la Comisión de Seguridad y Control de Informática Tributaria. Por ello, descartan la filtración por parte de un funcionario.
El caso llega a la Justicia
Independientemente de cómo llegó la información a Génova, los contratos entre la Comunidad de Madrid y las empresas vinculadas al hermano de la presidenta de la región han desatado una crisis en el Partido Popular que se ha saldado con varias dimisiones, entre ellas la del secretario general del partido, Teodoro García Egea. Varias formaciones políticas llevaron a la fiscalía la denuncia por los contratos y este martes Anticorrupción abrió diligencias de investigación.
Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, fue preguntada sobre si la Agencia Tributaria investigaría los contratos entre la Comunidad de Madrid y las empresas vinculadas al hermano de la presidenta. Rodríguez respondió que el caso ya había llegado a las autoridades correspondientes y añadió que Moncloa colaboraría con la Justicia "como siempre hace el Gobierno".
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