El Libro Blanco para la reforma fiscal costó al Ministerio de Hacienda 54.641,26 euros. Se trata del documento que el departamento que dirige María Jesús Montero encargó a casi una veintena de catedráticos. El objetivo era recoger sus propuestas y tenerlas en cuenta de cara a los cambios del sistema tributario que el Gobierno quería acometer a partir del próximo año. Sin embargo, la guerra de Ucrania truncó los planes del Ejecutivo y ya en la entrega del informe, la ministra descartó emprender “subidas fiscales” por el momento. Tampoco se prevén cambios a la baja, pese a la insistencia de la oposición sobre la rebaja de impuestos o la deflactación del impuesto sobre la renta, Hacienda ha descartado más medidas fiscales en el plan de respuesta a la guerra, más allá de la prórroga de las relativas a la electricidad.
El gasto de Hacienda, que se asemeja al sueldo de algunos directores generales, incluye "el importe percibido por las asistencias de los miembros del comité de expertos a cada reunión plenaria a la que han acudido" y también "el importe de los desplazamientos, alojamiento y manutención y otros costes de elaboración y difusión". Así consta en la respuesta a la solicitud de acceso a la información realizada por este periódico sobre el coste de la elaboración del documento. En la misma respuesta se precisa que los catedráticos no recibieron ninguna remuneración -más allá de los gastos mencionados anteriormente-por su labor.
Los expertos fueron elegidos por su experiencia académica en materias como las finanzas públicas, la fiscalidad o el derecho tributario. La gran mayoría son catedráticos o profesores en universidades públicas. Pero también es cierto que muchos de ellos estaban vinculados de una forma u otra con el PSOE. Sin ir más lejos, Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y presidente del comité es también el director de la Fundación Alternativas, un think tank vinculado al PSOE. El secretario del comité, Alain Cuenca, es a su vez el director general del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Hacienda.
No obstante, pese a las críticas, la ministra negó que se estuvieran produciendo injerencias o que Hacienda estuviera controlando las deliberaciones de los expertos. La ministra aseguró que el documento que elaboraran era "importante en términos de motivación, inspiración... pero es el Gobierno de España el que impulsa la reforma fiscal y es el Congreso el que la aprueba". De hecho, Montero añadió que "no tendría sentido tener a una veintena de expertos trabajando por amor al arte durante un año y medio para después no hacer caso a sus ideas".
Pero la invasión de Ucrania, la inflación disparada y la ralentización de la recuperación económica ha obligado al Ministerio de Hacienda a cambiar sus prioridades. Ahora, aunque la reforma fiscal está comprometida en el Plan de Recuperación, el departamento de Montero mantiene en estudio el libro blanco para la reforma fiscal. Un documento en el que los expertos instaban a la armonización de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones o Donaciones, para los que proponían la fijación de tipos mínimos en todas las comunidades autónomas.
Fuentes de Hacienda apuntan que "el Gobierno, como ha hecho en los últimos años, acompaña el contexto económico con sus medidas fiscales". En esta línea, reiteran que "ahora la prioridad es que la repercusión económica de la guerra sea la menor posible en la economía española". Sobre el libro blanco, desde el Ministerio justifican que se trabaja "en lo urgente y también en el medio y largo plazo. Hemos recibido el Libro Blanco y lo estamos estudiando cuidadosamente, porque tiene que ser una guía para construir un sistema tributario más justo y más redistributivo".
El Ejecutivo se ha comprometido en el Plan de Recuperación a adoptar a "corto plazo" medidas en los impuestos personales para "incrementar la recaudación" y "hacerlos más progresivos, redistributivos y justos", una definición que lleva a pensar en una subida de los tipos impositivos para las rentas más altas. Además, en el Plan también se han incluido "medidas tributarias de adopción a corto plazo en los impuestos indirectos" y en el impuesto sobre Sociedades.
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