El Ministerio de Igualdad considera necesario "avanzar en la implementación de una reforma fiscal más justa que introduzca criterios de igualdad de género". Esta es una de las propuestas dentro del segundo eje del Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025. La nueva hoja de ruta para cerrar la brecha de género en España hace hincapié en los cambios tributarios y en la perspectiva feminista que, a criterio de Igualdad, deberían incluirse en un plazo de tres años. No obstante, el Plan se ha hecho público solo una semana después de que el grupo de expertos para la reforma fiscal presentase su Libro Blanco y de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartase una subida de impuestos mientras la situación económica e internacional no se estabilice.
Pese a que la titular de Hacienda haya cerrado la puerta, Igualdad no es la única cartera morada desde la que insisten en la urgencia de la reforma tributaria. De hecho, el Ministerio de Derechos Sociales aboga por una reforma fiscal "de urgencia" con motivo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El departamento en manos de la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, considera que "el impacto económico del conflicto bélico no pueden pagarlo de nuevo los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, las grandes empresas y las grandes fortunas deben corresponsabilizarse y pagar lo que les toca a las arcas públicas" y, por ello, llama a cambios en el sistema tributario que sufraguen "las medidas de protección social" que se pongan en marcha para reducir el impacto del conflicto.
Más allá de la reforma fiscal, el documento aprobado por el Consejo de Ministros de este martes pone deberes a distintos ministerios, entre ellos al de Hacienda, al que además de insistir con la reforma fiscal, insta a la realización de encuentros, seminarios y jornadas con perspectiva de género en materia de fiscalidad y políticas económicas. Además, encarga al Instituto de Estudios Fiscales (IEF) la incorporación del diseño del nuevo Panel de Hogares para mejorar los análisis y que se pueda identificar mejor la brecha de género fiscal. También al IEF pide que se incluya un bloque de preguntas sobre fiscalidad y género en el barómetro fiscal que realiza la institución. En la misma línea, el Plan establece como una de las medidas para un "reparto más justo de la riqueza", "la inclusión de aspectos de equidad de género en las propuestas normativas de materia tributaria".
Se plantea al Ministerio de Hacienda la puesta en marcha de un "laboratorio de ideas con personas expertas" para aportar "medidas de cambio" al sistema fiscal. En definitiva, Igualdad subraya la perspectiva de género en todas las iniciativas que supongan cambios en el sistema tributario. En materia de Función Pública, la otra pata del ministerio, el Plan propone diseñar incentivos para que los funcionarios participen en cursos de igualdad, así como introducir la perspectiva de género en las pruebas de oposición. En total, el departamento que dirige María Jesús Montero contará con un presupuesto de 1,5 millones de euros, para llevar a cabo estas medidas en un periodo de tres años.
Por su parte, el Ministerio de Igualdad también tendrá funciones en materia fiscal, aunque la competencia sea de Hacienda. Así, de la misma forma que la propuesta para la reforma fiscal presentada por Podemos hace apenas un mes, el Plan de Igualdad rescata uno de los acuerdos del gobierno de coalición, la reducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) para los productos de higiene femenina. En concreto, el documento aboga por el impulso de "una propuesta de tasa morada que permita tratar los productos de higiene menstrual y aquellos vinculados con los cuidados como productos de primera necesidad". Además, la ministra Irene Montero encarga un estudio al Instituto de las Mujeres un estudio "para diagnosticar las brechas de género que tiene el sistema fiscal en España".
Presupuesto del Plan
El Plan para la Igualdad tiene un presupuesto de 20.318 millones de euros, de los cuales el 9,5% recae sobre el Ministerio que dirige Irene Montero. La mayor parte de los recursos se distribuyen entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (58%) y el Ministerio de Trabajo y Economía Social (19%). El Ministerio de Educación y Formación Profesional tendrá una asignación de 958 millones de euros para introducir medidas destinadas a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres en España. El Ministerio con menor asignación es el de Defensa, al cual el Plan solo otorga una medida en solitario: el seguimiento de las aportaciones del Comité de perspectiva de género de la OTAN, así como el intercambio de buenas prácticas en materia de igualdad con organismos internacionales.
El documento está estructurado en cuatro ejes. El primero, sobre "buen gobierno: hacia formas de hacer y decidir más inclusivas" cuenta con un presupuesto de 59 millones de euros (0,3% del total). El segundo, el referido a políticas económicas y el "reparto justo de la riqueza" acapara el 90% del total, 18.461 millones. El tercero, centrado en la lucha contra las violencias machistas tiene una asignación de 972 millones de euros (4,8%) y, el último, "un país con derechos efectivos para todas las mujeres" cuenta con 826 millones, el 4,1%.
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