El Ministerio de Hacienda obligará a las comunidades autónomas, a las entidades locales y al resto de organismos del sector público que participen de algún modo en la gestión de los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, por tanto, en la distribución de fondos europeos a identificar con nombres y apellidos a los titulares reales de las empresas que reciban recursos procedentes del Next Generation EU bien como contratistas o como subcontratistas de otra sociedad.
En línea con la normativa europea sobre el particular, el Gobierno de España exigirá la identificación no sólo de las empresas sino también de las personas físicas y jurídicas que ostenten una participación de capital superior al 25% en las sociedades que tomen parte en el desarrollo de los proyectos previstos en el Plan de Recuperación.
La cautela ha sido impuesta por la Comisión Europea como medida de prevención contra el fraude en la gestión de los fondos europeos y el Ministerio de Hacienda ha dispuesto que sea de obligado cumplimiento para todos los órganos de la Administración que participen en el Plan de Recuperación. La información se utilizará para configurar la 'Base de Datos de los beneficiarios de las ayudas, de contratistas y subcontratistas', donde se registrará el NIF, el domicilio social y toda la información relevante de las sociedades mercantiles, grupos de sociedades, agrupaciones y uniones temporales de empresas, cooperativas y cualquier otra entidad o persona física que participe en el desarrollo de los proyectos del Plan de Recuperación. Sólo se exceptuará de esta obligación a los que tengan un importe neto anual de cifra de negocios inferior a dos millones de euros.
La dura oposición a las inversiones previstas en el Mecanismo Europeo de Recuperación planteada por los países autodenominados 'frugales' ha alumbrado una red de cautelas para proteger los intereses financieros de la Unión Europea y han convertido los esquemas de prevención del fraude en uno de los elementos críticos de los planes nacionales de recuperación, especialmente en aquellos países como España que van a recibir más fondos. Bruselas está exigiendo a los países que chequeen regularmente que los fondos se emplean a los objetivos declarados en los planes nacionales, que establezcan esquemas destinados a prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, y que recaben toda la información necesaria para tener bajo control a las empresas que participen en el desarrollo de los proyectos...y a sus titulares reales.
Hacienda acaba de rematar la orden ministerial que precisa las obligaciones de control y prevención que deberán observar las administraciones y organismos que participen en la distribución de los fondos europeos. La norma exige a comunidades autónomas, entidades locales y organismos públicos implicados en el desarrollo del Plan de Recuperación la elaboración en un plazo de 90 días de un plan de medidas de control del fraude, que incluya medidas de prevención, detección, corrección y persecución del fraude en el uso de los fondos.
El Ministerio exigirá por ejemplo a los responsables de la distribución de los fondos la firma de una Declaración Responsable de ausencia de conflictos de interés, autoevaluaciones regulares para revisar los posibles riesgos de fraude e identificar flancos débiles o la habilitación de un canal de denuncias para tener conocimiento de las sospechas que se puedan poner de manifiesto en el desarrollo de los proyectos.
La normativa exigirá asimismo una reacción contundente de las autoridades en el momento en que se detecte un fraude, que puede llegar incluso en el peor de los casos hasta su remisión a la Fiscalía. Por el camino, el Gobierno de España exigirá la paralización del proyecto en cuanto aflore algún tipo de sospecha y la suspensión definitiva de su ejecución en el caso de que estas sospechas se confirmen.
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