En puertas de que se abra ya de forma definitiva el grifo que canalizará hacia todos los rincones del sistema productivo español los más de 70.000 millones de euros a fondo perdido que la Comisión Europea ha concedido al Reino de España en el marco del Programa Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la unidad del Ministerio de Hacienda que se encargará de la fiscalización a posteriori de las inversiones realizadas con esos fondos y que responderá ante Bruselas por las eventuales irregularidades que se pudieran dar en su uso - la Oficina Nacional de Auditoría (ONA) de la Intervención General del Estado - acaba de ser sometida a un minucioso examen de la OCDE en el que, entre otras cosas, se ha medido su fiabilidad a la hora de detectar y corregir situaciones de insostenibilidad financiera dentro del sector público, según ha podido saber La Información y ha sido confirmado por el Ministerio de Hacienda.
La Oficina Nacional de Auditoría ha sido la unidad designada por el Gobierno de España dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para encargarse de los controles de auditoría a posteriori sobre los principales proyectos financiados con fondos europeos y también para coordinar las actuaciones de auditoría que deberán llevarse a cabo por las unidades gestoras de los fondos, principalmente las intervenciones generales de las comunidades autónomas que serán las que distribuyan de forma directa la mayor parte de los recursos que lleguen de Europa. Eso la convierte en el órgano clave en la fiscalización de los fondos europeos, ya que no sólo se encargará de auditar la aplicación con arreglo a la normativa de los gastos de los grandes programas nacionales de inversión sino también de coordinar las actuaciones del resto de los niveles.
Para atender estas nuevas responsabilidades, que según el propio Gobierno configuran a la ONA como el eje central del sistema nacional de auditoría, el Ministerio de Hacienda determinó el pasado mes de enero recomponer la estructura interna de la unidad para crear una nueva división - la División de Control de Fondos Europeos II (la sexta, dentro del organismo) - dedicada en exclusiva al desempeño de las funciones que tiene encomendadas como máxima autoridad de control de los fondos europeos, entre las que le corresponden por ejemplo las relaciones con la autoridad responsable del Mecanismo en Bruselas, los contactos y coordinación con el resto de autoridades de control nacionales de otros países en los casos que corresponde y las coordinación del sistema de control en España.
Competencias que acarrean también una mayor dotación de recursos humanos, que el Ministerio de Hacienda ya ha comenzado a tramitar y que llevarán a la ONA a una parte importante de los 122 nuevos funcionarios que se enrolarán en los diversos organismos que configuran el núcleo duro de la gestión de los fondos europeos a todos los niveles.
El control de lo que se haga con el dinero que llegue a España dentro del Mecanismo Europeo de Recuperación es un desafío administrativo pero también político para el Gobierno. Las reservas mostradas por los autodenominados 'frugales', un pequeño grupo de gobiernos contrario a las transferencias de recursos hacia países con problemas financieros, y la preocupación mostrada también por otros organismos como el Tribunal de Cuentas europeo sobre la capacidad de España para gestionar semejante volumen de recursos sitúan la eficiencia en el gasto como uno de los elementos que más se va a fiscalizar el mecanismo. Hacienda ya se ha puesto manos a la obra para blindar los sistemas de control en el uso de los fondos, reforzando los órganos que se encargarán de su auditoría e incluso habilitando nuevos instrumentos como el canal de denuncias de la Intervención General del Estado para recibir denuncias de usos fraudulentos con fondos europeos.
Un examen para promover las mejores prácticas
El examen de la OCDE no ha buscado ni mucho menos ponderar la capacidad de la Oficina Nacional de Auditoría para controlar la asignación de los fondos europeos sino examinar la fiabilidad de los sistemas que aplica el organismo para detectar situaciones de insostenibilidad financiera en organismos del sector público y promover su extinción en los casos en que se aprecia que éstos no son viables económicamente o ya no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, en lo que se denomina 'sistema de supervisión continua', que la ONA debe realizar con regularidad anual.
La obligación se deriva de una norma aprobada a instancias de Europa por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015 al objeto de supervisar con regularidad anual la situación de los entes del sector público y en concreto "la comprobación de la subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación, su sostenibilidad financiera y la concurrencia de la causa de disolución". El objetivo de la norma era impedir, como ha ocurrido en el pasado, el sostenimiento de entes y organismos públicos 'zombies' sin ninguna actividad o sin ninguna función aparente pero que consumen recursos públicos por no echar el cierre.
Si bien en primera instancia la norma sirvió para reducir de forma significativa el número de entes del sector público, en los últimos años su aplicación ha resultado más bien laxa y el Gobierno de Pedro Sánchez ha evitado de forma explícita aplicarla en un puñado de situaciones que, por ejemplo, le hubieran obligado a liquidar y meter en el perímetro de la estructura del Gobierno a empresas públicas como Red.es, el CDTI, la IDAE, el Instituto Cervantes, el CSIC o Adif.
El examen de la OCDE perseguía detectar las posibles debilidades del sistema aplicado por la ONA en España al objeto de formular recomendaciones para su mejora y alineamiento a las mejores prácticas internacionales. Según el Ministerio de Hacienda, el examen ya se completó, sus conclusiones ya han sido debatidas por el Gobierno de España tanto con la OCDE como con la Comisión Europea - impulsora y financiadora del informe - y ya solo queda la publicación del texto definitivo, en el que se verá la opinión de la OCDE sobre el funcionamiento de la ONA en este ámbito.
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