Domingo, 17.11.2019 - 13:09 h
Habría una conciliación previa

Hacienda prevé arbitrajes exprés para no litigar con el Ibex tras el 'caso Telefónica'

La judicialización de las controversias por el pago de impuestos entre el Fisco y las empresas mantiene bloqueados cerca de 30.000 millones de euros.

Imagen oficina Agencia Tributaria / EFE
Empresas y AEAT tendrían un acto de conciliación antes de ir a la justicia. / EFE

Es el caso más célebre en lo que va de año. El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ordenó la devolución a Telefónica de 702 millones de euros en impuestos que la Inspección de Hacienda de la Agencia Tributaria le había exigido en su día a través de un acta que la resolución del tribunal estimó como abusiva. El asunto tuvo su aquél porque es bastante inusual que el TEAC, formado por inspectores de Hacienda, corrija el fondo argumental de las actas levantadas por sus compañeros de la Agencia Tributaria, ya que los criterios que se aplican en ambas instancias acostumbran a ser coincidentes. Se puede decir que fue una especie de fallo en el 'matrix' del control tributario.

Lo que no es tan inusual es que las controversias entre las empresas y la Agencia Tributaria terminen en los Tribunales y pasen de instancia en instancia, entre el TEAC y el Tribunal Supremo pasando por la Audiencia Nacional, hasta encontrar una resolución firme. El fenómeno en cifras, asusta. Solo en el TEAC hay embalsadas 350.000 reclamaciones pendientes de respuesta y está aceptada la cifra de que los litigios pendientes de resolución judicial firme detraen a las arcas públicas -o a las de las empresas en caso de que las controversias se resuelvan a su favor- más de 30.000 millones de euros.

El nuevo equipo de la Agencia Tributaria, dirigido por Jesús Gascón, está decidido a reducir esa conflictividad y a crear espacios de encuentro para resolver las discrepancias sobre la aplicación del marco fiscal sin necesidad de acabar en los tribunales. Una de las ideas que se está manejando en este sentido es la creación de una especie de Corte de Arbitraje para resolver de forma pacífica las controversias sobre el pago de los impuestos que surjan entre la Agencia Tributaria y las grandes empresas, según detallan a La Información fuentes conocedoras de los trabajos de elaboración del Código de Buenas Prácticas Tributarias.

El director general de la Agencia Tributaria ya avanzó en una reunión del Foro de Grandes Empresas el pasado mes de noviembre que se estaba trabajando en "otras posibles vías para llegar a acuerdos, más allá de las actas con acuerdo reguladas en el artículo 155 de la Ley Tributaria".

Según estas fuentes, el planteamiento de fondo de esa Corte de Arbitraje sería propiciar un acto de conciliación entre la Agencia Tributaria y la empresa investigada antes de cerrar el acta de infracción con el objetivo de buscar un acuerdo que permita esquivar el recurso a los tribunales. La propuesta asume que los cauces de acuerdo que habilita a día de hoy la Ley General Tributaria requieren de un improbable acuerdo entre el investigador y el investigado y que hay más posibilidades de alcanzar un pacto si es un árbitro externo y neutral el que plantea la solución. 

Las posibilidades que se manejan es que los árbitros sean catedráticos de Derecho Tributario, investigadores o personalidades de reconocido prestigio en el campo de la Hacienda Pública y que el órgano se residencie en el Instituto de Estudios Fiscales, lo más parecido a una Escuela de Hacienda Pública que hay en la arquitectura institucional de la Administración Tributaria española.

La idea inicial es enmarcar esta iniciativa dentro de la actualización del Código de Buenas Prácticas Tributarias en el que está trabajando la Agencia Tributaria, si bien los contactos mantenidos hasta el momento apuntan a que la adhesión a este sistema de arbitraje sea voluntaria. Eso sí, una vez aceptado el mecanismo las partes se comprometen a aceptar la resolución del árbitro sea del signo que sea.

El equipo del anterior director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, también ofreció a las grandes empresas una especie de canal VIP para resolver sus controversias con la Inspección. Esa propuesta, no obstante, no pasaba por un árbitro neutral sino por un sistema reforzado de revisión de controversias dentro del propio esquema de la Agencia.

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