Madrid, 23 may (EFEVERDE).- El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se reunirá de nuevo esta tarde para analizar si concede o deniega la petición de Garoña de un nuevo plazo para mantener en funcionamiento la planta, después de que ayer aplazara la decisión, por segunda vez, y después de un debate que se prolongó varias horas.
El pasado lunes, un pleno convocado con carácter extraordinario pospuso hasta ayer la decisión, pero los consejeros han vuelto a pedir informes adicionales, han explicado fuentes del CSN.
De no otorgarse dicha prórroga, la planta cerrará el próximo 6 de julio.
Según las fuentes consultadas, los consejeros necesitan más tiempo para debatir este asunto.
En la actualidad el pleno del CSN está compuesto por cinco miembros: dos del PSOE: Rosario Velasco y Cristina Narbona; Antonio Gurguí de CIU y Fernando Castelló y Fernando Martí (presidente del CSN), ambos del PP.
Decisión
Según fuentes ecologistas, algunas direcciones técnicas del CSN han manifestado estos días su malestar por la premura con la que se les exige dictaminar sobre este asunto, más aún cuando en los últimos seis meses han estado trabajando en el desmantelamiento de la planta y en el futuro almacén temporal individual (ATI) que necesita Garoña para alojar el combustible gastado (ante la saturación de su piscina).
Industria ha solicitado un informe al CSN en un plazo de diez días "cuando la recomendación del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) recomienda entre seis meses y un año", ha explicado a EFE Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, que ha añadido que durante la parada fría de una central, todos los sistemas deben estar perfectamente operativos.
El pasado día 16, el Ministerio de Industria solicitó al CSN que se pronunciara antes del 1 de junio para valorar si la empresa puede prorrogar su actividad durante un año, periodo en el que Nuclenor no pretende producir electricidad.
Desacoplada desde diciembre
En diciembre de 2012, Garoña se desacopló de la red eléctrica para transferir su combustible gastado a la piscina de almacenamiento, una decisión que adoptó -dijo- por su desacuerdo con las nuevas tasas contenidas en la Ley de Medidas Fiscales para la sostenibilidad energética.
Los impuestos que gravan el combustible entraron en vigor el 1 de enero, y Nuclenor aún espera la respuesta de Hacienda respecto a si tienen o no carácter retroactivo.
Orden de cierre
La orden de cierre definitivo de Garoña fue aprobada en julio de 2009 por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero el Ejecutivo del PP revocó la decisión, y se mostró favorable a la prolongación de su vida útil -fue una de sus promesas electorales-.
Nuclenor se negó entonces a solicitar dicha prórroga (hasta el 2019) si no se le eximía de pagar las nuevas tasas.
Con el cambio de opinión, según las organizaciones ecologistas, Nuclenor pretende ganar tiempo para conocer en detalle la nueva reforma eléctrica que está preparando el ministerio de José Manuel Soria.
En 2009, los cinco consejeros de aquel entonces -entre ellos Rosario Velasco, Fernando Castelló y Antonio Gurguí- votaron a favor de una prórroga de Garoña bajo una serie de condiciones hasta 2019 (en contra del criterio del Gobierno del PSOE).
Mientras llega la decisión del CSN, el Gobierno Vasco ha advertido hoy de que será "muy escrupuloso con las garantías" que se impongan a la central nuclear de Garoña (Burgos) si finalmente se prórroga su vida útil más allá del 6 de julio tal y como ha solicitado Nuclenor, propietaria de la planta.
Comite asesor de Información
El Consejo de Seguridad Nuclear ha convocado hoy al Comité Asesor para la Información y Participación Pública, creado por este organismo con la idea de mejorar la transparencia y del que forman parte 35 miembros (ecologistas, sindicatos, CCAA...).
El comité, en cuyo orden del día figura la entrada de nuevos representantes, es la tercera vez que se reúne en tres años (se creó en febrero de 2011). EFEVERDE
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