La llegada del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en el año más convulso de la historia reciente no ha solucionado los problemas de la mayoría de quienes están en una situación límite por culpa de la pandemia o ya pasaban por dificultades antes de la crisis sanitaria. La prestación ha llegado a muy pocos hogares en comparación con los que lo han solicitado. Hasta el punto de que el Gobierno estima que cinco de cada seis expedientes han terminado con una resolución negativa. O lo que es lo mismo: se ha denegado cerca del 85% de las solicitudes que ya han sido tramitadas y analizadas por la Seguridad Social, según los datos de un informe interno gubernamental al que ha tenido acceso La Información. Un número que, para fuentes del Ejecutivo, evidencia que hay problemas en la implementación de las ayudas.
Como señala el documento, desde la aprobación del IMV se han producido varias situaciones que han impedido que una gran parte de las solicitudes se haya aprobado. Algo que continúa sucediendo incluso después de que se haya acelerado en el análisis de las peticiones de la prestación. Según sus datos, solo quedarían por revisar 271.000 del algo más de un millón que se han remitido. Lo que supone una mejora con respecto a octubre, cuando estaban pendientes casi la mitad. Por lo que ya hay cerca de 847.000 que han superado los primeros trámites. Una circunstancia que es la única positiva de las que rodea a la paga desde que se lanzó en el pasado mes de mayo.
La primera cuestión que hay que tener en cuenta es que algo menos de la mitad de las prestaciones aprobadas se otorgaron de oficio. Estas, cifradas en algo más de 74.000, fueron a parar a las unidades familiares que ya percibían la paga por tener hijos a su cargo. Por lo que bastó que la Seguridad Social les asignara la nueva ayuda a través de un procedimiento mucho más sencillo. Lo que significa que del cerca de 1,1 millones de solicitudes del IMV, tan solo 86.000 han sido reconocidas tras haber superado los trámites que marcó el Ministerio de Inclusión. El resto se encontraron con un camino mucho más fácil debido a que ya formaban parte de los registros.
Estos problemas aumentan cuando se va al detalle de las que ya se han analizado, que sin contar las que se resuelven de oficio, llegan a los 773.000 expedientes. Dejando aparte que hay un 23,4% de solicitudes que están en un proceso de subsanación, los datos del resto recogidos en el documento mostrarían por qué se está produciendo ese 'cuello de botella'. Hasta 506.000, cerca del 65%, han sido denegadas por la Seguridad Social. Si a la cifra anterior se le suman los 83.000 que sí se han aprobado, se llega a la conclusión de que hasta "cinco de cada seis peticiones" examinadas se han encontrado con la negativa a que les concedieran el IMV, destaca el informe. Por lo que hasta el momento se han rechazado casi el 85% si se tienen en cuenta ambas variables.
"Analizando cada partida con la anterior publicación de datos, se observa que, al igual que había ocurrido entre octubre y septiembre, el concepto que más habría aumentado desde entonces hasta diciembre sería precisamente el de solicitudes denegadas", apunta el documento. Una dinámica que está provocando que quede muy lejos el objetivo, "que era de 850.000 prestaciones", como recuerda el texto. Algo que se explica con que los IMV que ya se han concedido a unidades familiares, los 160.000, son apenas el 15% del número de expedientes validados. Aunque hay que recordar que de esas ayudas ya autorizadas se benefician 460.000 personas, que es el número que forma parte de esas familias que perciben la ayuda, según los datos que difundió el Ministerio de Seguridad Social.
Estas estimaciones se acercan a las cifras que ha ido facilitando el departamento de José Luis Escrivá. Aunque también hay alguna discrepancia. En la última actualización que facilitaron en diciembre, apuntaron a que las peticiones tramitadas que se habían rechazado eran "aproximadamente el 50%", debido a que superaban los límites de ingresos y patrimonio. El dossier eleva ese porcentaje al 65%, al excluir las aprobadas de oficio y tener en cuenta las afirmativas, las negativas y las que están en subsanación. Las coincidencias están en las ayudas reconocidas, cifradas en 160.000, y que suponen que haya que abonar 110 millones de euros en el último mes de 2020.
Los motivos del colapso
Que el derecho social del que más ha hecho bandera el Gobierno de coalición no esté funcionando como se esperaba responde a varios factores. El documento gubernamental advierte de que hay "excesivos requisitos de acceso" que impiden a "personas con vulnerabilidad" acceder al IMV. Junto a esto reclaman un "análisis" que alumbre sobre por qué hay tantas resoluciones negativas. Una posibilidad que plantean es que se estén teniendo en cuenta "criterios de renta y patrimonio de años anteriores" en casos de "pobreza sobrevenida a consecuencia de la crisis de la Covid-19". A estos inconveniente suman los trámites burocráticos, que a su juicio "alargan el proceso e incrementan las denegaciones". "Es necesario simplificar la documentación exigida ya que genera un atasco burocrático", reclaman.
Como destacan fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 consultadas por esta redacción, la llegada del Ingreso Mínimo Vital "es un paso adelante histórico", ya que "a diferencia de crisis anteriores, en esta crisis en lugar de recortarse derechos, se han ampliado". Pero dados los problemas que se están generando, apuestan por "aprovechar el trámite de enmiendas en el Congreso para incorporar cambios que agilicen la gestión y eliminen requisitos burocráticos". Y es que, como apunta el informe, la prestación requiere una "gestión eficiente y efectiva para que las familias que lo necesitan puedan recibirlo a tiempo".
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