"El campo español está viviendo un proceso de transformación, un problema estructural que no se ve afectado por el salario mínimo interprofesional". Era jueves, 30 de enero de 2020. Una recién estrenada ministra Yolanda Díaz defendía el pacto alcanzado con los agentes sociales para subir el SMI a 950 euros y ponía el foco sobre uno de los aspectos más conflictivos: su supuesto impacto negativo en el empleo agrario. Las declaraciones de la titular de Trabajo se producían en plena escalada de tensión por las manifestaciones de agricultores que protestaban por el encarecimiento de los costes de producción. Casi un año después, pandemia mediante, el Gobierno ha decidido congelar temporalmente el SMI, hasta que se logre un acuerdo con la patronal y los sindicatos. Pero los socios de Unidas Podemos, en una iniciativa encabezada por Díaz, van a dar la batalla para que el diálogo social dé sus frutos más pronto que tarde y se active la revalorización.
Pero los empresarios no están por la labor. La CEOE se ha cansado de repetir que no es el momento de ahogar a las empresas en costes salariales, porque la situación que atraviesan muchos sectores como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia es especialmente delicada. En este contexto, el mayor grito en el cielo lo ponen las patronales del campo. Fueron esenciales durante los meses más duros del confinamiento, sin embargo, sus ingresos se están desplomando por el impacto de la Covid sobre el consumo, en general, y en particular sobre la hostelería y la restauración, donde se consumen productos como el ovino, el caprino, el vacuno, el porcino ibérico o el vino. Por eso, desde Asaja advierten de que el impacto de una nueva subida del SMI sería "inasumible". Según sus cálculos, los últimos aumentos -desde que gobierna Pedro Sánchez acumula un alza del 30%- han provocado la destrucción de unos 35.000 puestos de trabajo.
Oficialmente, el actual equipo del Ministerio de Trabajo ha venido defendiendo que no existe ninguna relación directa entre la subida del SMI y la evolución del empleo en la agricultura, a pesar de que, como se informó en estas páginas, en el propio real decreto por el que se fijó el salario mínimo para 2020 se reconoce que el fuerte incremento de 2019 (del 22,3%, hasta 900 euros) afectó negativamente al mercado laboral de comunidades autónomas especialmente vinculadas a las actividades agrícolas como Castilla-La Mancha y Extremadura. Por su parte, la anterior secretaría de Estado de Seguridad Social, pilotada por Octavio Granado y bajo el mando de la exministra Magdalena Valerio, ya había admitido públicamente una leve destrucción de empleo en el sector como consecuencia del alza del SMI.
Pero los datos de los que disponen ahora los técnicos del Ministerio desmontan las teorías más agoreras. La afiliación en el sector agrario, teniendo en cuenta a los cotizantes del Régimen General y a los ocupados en alta por jornadas reales en el Sistema Especial Agrario, aumentó en 12.832 personas en 2019 en comparación con el año anterior, un 2,5%. De este modo, la mayor subida del salario mínimo de la historia no habría tenido ningún impacto negativo sobre el empleo agrario. Pero tampoco la de 2020, del 5,5%, ni siquiera la crisis sanitaria, pues la afiliación a la Seguridad Social, medida en esos mismos términos, acumula un incremento medio anual hasta noviembre de este año de 33.567 cotizantes, esto es, un alza del 6,7%. Estos datos que maneja Trabajo echan por tierra los cálculos de las patronales que afirman que el salario mínimo ha destruido empleo agrario.
Los registros de empleo de 2020 están en concordancia con los datos más recientes del sector, que muestran un comportamiento positivo en los últimos 12 meses. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), de las que se hizo eco el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, se trata del único sector cuyo PIB ha crecido en los últimos 12 meses, un 6,9%. Además, las exportaciones a la Unión Europea y terceros mercados han aumentado un 5,5% en el último año y España es el segundo país de la UE, después de Países Bajos, con un saldo positivo neto del 25%. Estos también son argumentos de peso para Yolanda Díaz a la hora de defender que la subida del salario mínimo es perfectamente asumible para el sector agrícola.
Pero no solo eso. En el Ministerio de Trabajo miran a otras estadísticas, como la Encuesta de Población Activa (EPA), para sostener su teoría de que la evolución en las actividades agrarias es variable, con independencia de lo que suceda con el salario mínimo interprofesional. Por ejemplo, en el año 2012, con el SMI congelado por decisión del Gobierno de Mariano Rajoy, el empleo agrario medido por la EPA se redujo en 11.900 personas y, sin embargo, en 2017, con un aumento del 8% en el SMI, el sector sumó 45.000 ocupados. Son datos, hay que insistir, en los que se apoya el equipo de Díaz a la hora de defender nuevas subidas de este suelo salarial de referencia, frente a las patronales que hablan de destrucción masiva de puestos de trabajo.
El Gobierno, en especial los ministros de Unidas Podemos y en particular el Ministerio de Trabajo, sostiene que históricamente no existe ninguna relación directa entre la subida del SMI y la evolución del empleo agrario. Más allá, como han indicado en varias comparecencias tanto la ministra Díaz como los secretarios de Estado de Empleo y Seguridad Social, en las variaciones de este segmento del mercado laboral el factor determinante es el de las características del año agrícola en general y de cada una de las cosechas y esto está obviamente relacionado con la climatología. Por ejemplo, la producción de la campaña de la aceituna de 2019 fue un 33% inferior a la de 2018, la cosecha vinícola fue un 22% menor y la de cítricos sufrió importantes desplomes en todos los cultivos. Todos estos mejoraron en 2020 y, con la mayor producción, aumentó el empleo.
Problemas estructurales
Pero más allá de las campañas específicas, el sector atraviesa una serie de problemas estructurales que tiene identificados el Ministerio, entre los que destaca el papel que juega la producción agrícola en la cadena de valor, básicamente la relación con las grandes empresas de distribución comercial que reducen en exceso los precios que pagan a los productores, menguando los márgenes de las explotaciones. Así lo han denunciado los agricultores, que cuestionan la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, precisamente por el incumplimiento de la obligación del pago al agricultor por encima del precio de producción. Esta problemática, a juicio del Gobierno, es más relevante para el sector que el SMI y sus costes asociados.
En cualquier caso, la eventual subida del salario mínimo en 2021 es una incógnita. Por el momento, el Consejo de Ministros ha prorrogado la vigencia del SMI actual de 950 euros para dar margen al diálogo social, que hasta ahora no ha sido capaz de llegar a un acuerdo sobre este asunto. La patronal rechaza de plano cualquier incremento de los costes laborales, mientras los sindicatos exigen al Gobierno una subida superior al 0,9% aprobado para pensionistas y funcionarios en base a la inflación prevista. El flanco económico liderado por la vicepresidenta Nadia Calviño coincide con los empresarios en que no es el momento de subir esta referencia salarial y lo ideal es esperar, al menos, hasta mediados de 2021 para reevaluar la situación. Pero la intención de Yolanda Díaz es retomar las conversaciones en enero para activar la revalorización cuanto antes. Todo está abierto.
