El Régimen de Estimación Objetiva permite a una gran cantidad de autónomos tributar según un rendimiento estimado de su negocio, y no basado en su desempeño real. Mediante módulos o criterios, que suelen incluir personal asalariado, superficie del local o uso energético, la administración realiza una estimación de los ingresos previstos, e impone las tasas impositivas a los empresarios.
Desde inicios de la década de los 2000, el Gobierno ha intentado deshacerse de este régimen. Presionados por los trabajadores y sin ninguna propuesta realista, todas las tentativas de cambio han resultado en un fracaso para las diferentes administraciones que han intentado cambiar un modelo tan arraigado en España.
Según los datos de la Agencia Tributaria sobre la retención en la estimación objetiva del IRPF y censo de empresarios, España contaba en 2021 con más de un millón de empresarios bajo este régimen, casi el 40%. Si revisamos los datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), por ejemplo, se observa que alrededor del 30% de sus afiliados siguen desarrollando su actividad alrededor de este sistema. Con mucha influencia entre los gremios de taxistas, transportistas comerciales y trabajadores del sector hostelero, así como entre ganaderos y agricultores, el Régimen de Estimación Objetiva continúa vigente, pero no parece sostenerse a largo plazo.
Así lo asegura Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Ferrero establece un periodo estimado de 3 años para la desaparición progresiva del sistema de módulos en todos los sectores, excluyendo ganadería y agricultura. Según la portavoz, el régimen ya ha sufrido “demasiadas prórrogas”, y debe ser sustituido en los próximos años por un modelo de “estimación directa especial”.
Para la vicepresidenta, el desarrollo en los sistemas de comunicación presenta ahora formas “más eficientes y efectivas” de tributar para los autónomos, lo que ha dejado “obsoleto” a este modelo particular. “Antes cada café suponía una factura particular, lo que le daba validez. Pero la digitalización ha simplificado el proceso, y cada vez tiene menos sentido” defiende
En defensa de un cambio, Ferrero considera que este sistema puede suponer un problema para el Gobierno, así como para los propios trabajadores. Por un lado, los módulos pueden degenerar en las llamadas ‘facturas falsas’, que permiten el fraude fiscal a través de manipulaciones en los registros de ingresos y gastos. Por el otro, los autónomos no pueden conocer el desempeño del sistema de módulos, derivando en que “en épocas de expansión, pagan menos, pero en épocas de recesión, pagan más”.
Sin alternativas
Miguel Vila, coordinador de la Unión de Asociaciones de Trabajadores, Autónomos y Emprendedores (UATAE), también defiende “un cambio en el modelo” de cara al futuro. El portavoz asegura que el régimen ha sufrido “reducciones y criterios más duros” durante los últimos 20 años, pero continúa sin ofrecer una solución efectiva. “Lo han intentado cambiar, eliminar o suprimir, pero ningún gobierno, sea del color que sea, se ha atrevido a meter mano en el asunto”, defiende el portavoz.
El coordinador asegura que la UATAE se encuentra en plenas negociaciones con el Gobierno para transicionar hacia otro modelo más “justo e integrador” para todos los implicados. Según Vila, la asociación espera que en cinco años desaparezcan los módulos, a través de una reforma en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos “capaz de acoger de manera efectiva a todos los trabajadores que se encuentran ahora bajo el Régimen de Estimación Objetiva”.
Un método anticuado
“El sistema de módulos ha durado demasiado tiempo; desde 2014 está muerto”, asegura José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda. De acuerdo con el experto, este sistema fue implementado para reducir la presión de la Agencia Tributaria sobre los autónomos durante los años 90, y para asegurar una cantidad fija de recaudación en una “época con poco desarrollo informático”.
Con su implementación, la Administración contentó a una gran parte de la sociedad, pero construyó un “sistema anticuado que no han sabido reformar". De acuerdo con el técnico, el asunto se encuentra ahora envuelto en nuevas etapas de negociación para determinar su futuro en el sistema de recaudación español. Mollinedo defiende que para 2025 se comenzará a implantar un “régimen de franquicia” que afecte a los pequeños rendimientos, y afirma que en un máximo de 3 años “debe ser suprimido”.
