"En ningún caso debería la fiscalidad determinar que empresas españolas enraizadas en nuestro territorio y nuestra sociedad tengan que ser vendidas a terceros". Después de tres años escuchando día sí día también a diferentes portavoces del Gobierno lamentando la a su juicio escasa contribución fiscal que realizan las empresas y anunciando la adopción de medidas para corregir esta situación, la definición de la hoja de ruta fiscal del Gobierno para los próximos años en el Plan de Recuperación y la plasmación negro sobre blanco de su voluntad firme de cubrir el 'gap' de ingresos que nos separa de Europa a golpe de subidas de impuestos ha terminado por empujar a lo más granado de la aristocracia empresarial del país - reunida en el influyente Instituto de la Empresa Familiar - a advertir de las consecuencias que puede tener pasarse de frenada en ese activismo fiscal.
La declaración anterior corresponde al discurso que el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Marc Puig, ha pronunciado ante la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, en el acto de clausura de la Asamblea del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) - el lobby que agrupa a las empresas que concentran el 60% de la generación de valor del tejido empresarial nacional y el 70% del empleo privado -, en el que ha advertido con toda crudeza de las consecuencias que los objetivos recaudatorios del Gobierno pueden tener sobre el tejido empresarial doméstico, no sólo en términos de competitividad sino también de preservación de la 'españolidad' de sus órganos de dirección.
Poco antes de su 'speech', el IEF había presentado los resultados de una encuesta entre sus asociados en la que un 80% de éstos señalaba como una prioridad el mantenimiento de la sede empresarial en sus lugares de origen. Un dato de incalculable valor para un tejido económico que compite en una economía abierta, pero cuya preservación exige, como se ha encargado de subrayar Marc Puig delante de la Vicepresidenta de Asuntos Económicos y Empresa, de "un entorno que no sea hóstil" y de "un marco tributario que no nos penalice competitivamente y que no ponga en riesgo nuestra continuidad como empresas".
Puig ha lamentado que en un contexto como el actual en el que en los países de nuestro entorno se está hablando de reducir la carga fiscal, en España se haya aprobado un plan para plantea aumentarla en nada menos que seis puntos del PIB en los próximos años. "Tenemos empresas más pequeñas y unos niveles de economía sumergida mayores que los del resto de países y si queremos alcanzar esos niveles de recaudación, solo lo podremos hacer con más presión fiscal sobre los que ya pagan muy por encima de nuestros socios europeos. Eso, claramente, no va a facilitar la recuperación", ha advertido.
Y lo ha ejemplificado en el caso de la empresa familiar, uno de los segmentos que se ha puesto en el punto de mira del Gobierno en los últimos meses por la reducción fiscal del 99% que rige en casi todas las comunidades autónomas para los procesos de sucesión de padres a hijo en empresas familiares y cuya supresión o revisión se ha puesto sobre la mesa en el marco de la reforma de la tributación patrimonial. "Ningún otro país de nuestro entorno mantiene algunos de los tipos impositivos que más afectan a la empresa familiar", ha recalcado Marc Puig, que ha remachado casi rogando un marco fiscal que les permita competir. "Por favor, permítannos dar continuidad a nuestras empresas preservando la titularidad familiar".
El ejemplo de la Italia de Mario Draghi
La reforma laboral es otro de los flancos que preocupa a la élite empresarial. El presidente del Instituto de la Empresa Familiar ha afeado al Gobierno que se haya dedicado a desarrollar aspectos del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos como la regulación el teletrabajo o el control horario en un contexto de pandemia en el que entendían que las prioridades debían haber sido otras. "¿No sería razonable convertir en el eje de la reforma laboral la inclusión de los jóvenes, la incentivación del empleo o la formación dual más que otras cuestiones? ¿No deberíamos reflexionar conjuntamente sobre cómo hacerlo y asentar como prioridad absoluta la lucha contra el desempleo?", ha deslizado.
Los empresarios lamentan asimismo la falta de consenso político con el que se ha sacado adelante el Plan de Recuperación. La Empresa Familiar ha puesto como ejemplo para esta y otras cuestiones la Italia de Mario Draghi, donde el Plan de Recuperación se ha sacado adelante con el respaldo del 86% de la Cámara, en tanto que aquí ni siquiera se ha negociado. Marc Puig ha subrayado que si se quería hacer un plan de país tal vez lo primero hubiera sido obtener previamente un amplio consenso parlamentario.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha defendido el Plan de Recuperación del Gobierno con el argumento de que hasta la fecha no ha recibido ni una sola contraindicación por parte de analistas, agentes sociales o partidos políticos respecto de sus prioridades y orientación y que sobre la base de ese 'capital' espera obtener un respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados. Calviño también ha reprochado el uso de la referencia de Italia que ha relacionado con una endémica falta de autoestima de los españoles. "Siempre tendemos a creer que la hierba crece más verde en otros lugares, pero no es así", ha remachado.
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