Jueves, 23.05.2019 - 21:38 h
El debate sobre el futuro de las pensiones

El PSOE creará un impuesto temporal para pagar la jubilación del 'baby boom'

Cree que la presión financiera sobre las pensiones públicas será puntual. Los partidos coinciden en que el Estado deberá salir al rescate del sistema.

Pedro Sánchez, en un acto con jubilados / EFE
El candidato socialista a la Presidencia, Pedro Sánchez, en un acto con jubilados / EFE

El PSOE, el actual partido de gobierno y según las encuestas el que tiene más posibilidades de liderar el Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 28-A, tiene un plan para superar la presión financiera sin precedentes a la que la jubilación de los 'baby boomers' va a someter al ya castigado sistema público de pensiones: un impuesto temporal que proporcione durante los años que dure ese 'tsunami demográfico' los ingresos necesarios para atender los compromisos adquiridos sin comprometer la estabilidad financiera del sistema. 

Los socialistas, que en su programa hablan de incrementar la aportación del Estado para hacer frente a este fenómeno, no terminan de aclarar si ese impuesto será el impuesto a las transacciones financieras que se planteó en los diez meses de 'minilegislatura' de Pedro Sánchez, un recargo en un impuesto ya creado u otra figura de nueva creación, pero sí detallan, en palabras del actual director del Departamento de Asuntos Económicos de Moncloa, Manuel de la Rocha, que se trataría de una figura temporal que se instituiría única y exclusivamente para aportar los ingresos para absorber el impacto de ese incremento exponencial del gasto en pensiones, que el PSOE estima será puntual "durante alrededor de 20 años" y luego caerá. 

Apenas un puñado de horas después de que los candidatos a la Presidencia del Gobierno de los partidos con mejores expectativas electorales -excluido Vox- pasaran por encima del asunto en el primer gran debate electoral de esta campaña, los asesores económicos de cabecera de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos sí han dado más pistas sobre la naturaleza de sus planes para garantizar la sostenibilidad futura del sistema público de pensiones, una de las grandes cuestiones que se dirime en la convocatoria electoral del 28-A, en el debate económico celebrado este martes por el Colegio de Economistas.

Los partidos, con la excepción del PP, asumen que la cuenta de gastos se incrementará al ritmo que marca la revalorización de las pensiones con el IPC -que solo el partido de Pablo Casado cuestiona- y que en ese marco será necesario que el Estado salga al rescate del sistema público de pensiones asumiendo una serie de gastos que a día de hoy se cargan por ley a la Seguridad Social, aunque luego se financien con transferencias del Tesoro Público con cargo a la deuda de España

El reciente diagnóstico de la Autoridad Fiscal nos sitúa ante un sistema en números rojos, con un déficit estructural de en torno al 1,5% del PIB - unos 16.000 millones de euros- y con un futuro inquietante, en el que la evolución de la demografía y la jubilación de la generación del 'baby boom' someterá al sistema público a una presión desconocida hasta la fecha y a un gasto extra de entre dos y cuatro puntos del PIB (entre 25.000 y 50.000 millones, aproximadamente). La pregunta es: ¿cómo prevén los partidos afrontar este panorama?

La Autoridad Fiscal advirtió en su informe que serán necesarias medidas que incrementen los ingresos y que contengan los gastos, retrasando por ejemplo la edad real de jubilación, para vadear ese 'tsunami' demográfico. Los socialistas y Unidas Podemos relativizan el impacto de ese factor demográfico. Consideran que el sistema público de pensiones es perfectamente sostenible, que es más barato que la mayoría de los países de nuestro entorno y que si necesita medidas no son tanto por el lado del gasto -conteniendo la subida de la nómina mensual de las pensiones- sino por el lado del ingreso, generando nuevos recursos que permitan sufragar el coste del sistema.

Es en este marco, en el que el PSOE aboga por trasladar parte de la factura actual del sistema de Seguridad Social al Estado para reducir con el déficit del sistema de pensiones -con el que prometen acabar en cinco años- y en el que plantea también ese nuevo impuesto para sufragar la factura extra derivada de la jubilación de los 'baby boomers'.

Unidas Podemos va más allá y, según Iván Ayala, uno de sus portavoces en materia económica, plantea adoptar todo un paquete de medidas para mejorar los ingresos del sistema y sufragar no solo las necesidades actuales, sino el coste extra de garantizar la actualización de las pensiones conforme al IPC y una pensión mínima de 600 euros a los nueve millones de pensionistas. En su plan, los ingresos saldrían de tres fuentes: la asunción por parte del Estado de algunos costes que hoy sufraga la Seguridad Social, el destope total de las cotizaciones sociales y la mejora de los salarios de los trabajadores. En el campo de los ingresos la apuesta es decidida y pretenden obtener nada menos que 10.000 millones de un nuevo Impuesto sobre los Grandes Patrimonios, una figura que en la actualidad apenas recauda 1.000 millones.

Francisco de la Torre, de Ciudadanos, asume el diagnóstico de la Airef y considera que hay que adoptar medidas tanto por el lado del ingreso, haciendo que el Estado asuma parte de la factura actual del sistema, como por el lado del gasto, aproximando la edad real de jubilación a la edad legal en línea con lo que propone la Autoridad de Responsabilidad Fiscal.

El PP es la nota discordante en este planteamiento. Alberto Nadal, ex secretario de Estado de Presupuestos, asegura que la simple inercia de la actividad económica es capaz de proporcionar los ingresos que necesita el sistema siempre que no se adopten medidas populistas por el lado del gasto. El PP tampoco comparte la revalorización con el IPC: "¿Qué pasará cuando éste sea negativo? ¿bajamos las pensiones?". Por contra, reivindicó el polémico Indice de Revalorización de las Pensiones, que restringía la subida de las pensiones a un 0,25% en tanto el sistema no saliera de números rojos. El PSOE se compromete a eliminarlo por ley. Tanto el PSOE como Unidas Podemos están dispuestos a reformar la Constitución para garantizar la revalorización de las pensiones con el IPC.

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