La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera "factible" que las autonomías cumplan el objetivo de déficit público del 0,4% en 2018, aunque advierte de que esta posibilidad podría verse truncada si se prolonga la incertidumbre en Cataluña. El problema es que este escenario podría convivir con una reducción de las entregas a cuenta si el Gobierno central las ajusta, al nuevo escenario de menor crecimiento (que sitúa en el 2,3% el año que viene), o la prórroga presupuestaria.
Del informe sobre los Presupuestos para 2018 de las comunidades autónomas que ha elaborado el organismo fiscalizador se desprende que 13 autonomías están en situación de ajustarse al tope de déficit. Las tres que no podrían hacerlo serían Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia.
De momento, excluye a Cataluña a la espera de una valoración más profunda sobre las tensiones políticas, que publicará la próxima semana. Con todo, la AIReF alerta de que la crisis política tendría un impacto "muy relevante" sobre las cuentas del conjunto del sector regional.
Si las entregas a cuenta del Gobierno a las regiones se ajustan al nuevo avance del 2,3% previsto para el PIB (que es el que el Gobierno ha incluido en el nuevo plan presupuestario enviado a Bruselas) las autonomías percibirían 1.700 millones de euros menos de los 3.700 previsto en julio.
Trece autonomías, entre las mejores de la clase
En concreto, la AIReF ve actualmente "muy probable" que Baleares, Canarias y La Rioja alcancen el límite de déficit, "probable" en el caso de Asturias y Galicia y "factible" en el de otras ocho regiones (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra y País Vasco).
El ajuste previsto en los objetivos fijados a las autonomías para 2017 y 2018 es dos décimas del PIB, si bien, y con los datos que éstas le han remitido sobre la mesa, el organismo estima que el cierre de 2017 podría situar al sector regional en una posición "ligeramente más favorable".
En este escenario, la Autoridad Fiscal prevé que en 2018 los ingresos mantengan su peso sobre PIB, en el entorno del 13,7%. Mientras, los gastos se reducirían levemente hasta el 14% del PIB. En concreto, los gastos corrientes subirían un 2,5%, es decir, por debajo de lo que calculan los ejecutivos territoriales.
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