Una semana más la luz ha batido récords. Cada día es un nuevo máximo en una carrera que no parece tener fin y que puede llevarse por delante al primer Gobierno de coalición de la democracia si no sabe gestionar adecuadamente una crisis que es mucho más sociológica y financiera que económica y es que la imagen del Ejecutivo comienza a parecerse cada vez más a la de un boxeador noqueado con la mirada desnortada que golpea al aire con sus puños antes de caer en la lona.
En descargo del Gobierno de Pedro Sánchez cabe decir que ningún otro bien tiene esa carga social que solivianta bolsillos y titulares cada vez que el precio del megavatio (MW) sube, aunque sea unos céntimos. El agua, un bien más esencial que la luz, llega a costar un 400% más en Ceuta o Murcia que en otras ciudades, como por ejemplo León. El gasto medio mensual por hogar de línea de voz de banda ancha de móvil en su modalidad de prepago es de casi 90 euros, una cifra que asciende hasta los 172 euros en caso de servicios pospago.
En el caso del precio de la gasolina y el diésel no es que hayan recuperado los índices anteriores a la pandemia, es que los han superado en casi nueve euros por repostaje y lo que es peor, con una perspectiva de incremento a futuro muy por encima de lo que anticipa el mercado eléctrico. Por su parte, el gasto medio total facturado (incluyendo impuestos) al mes de la electricidad fue de 56,6 euros durante el cuarto trimestre de 2020, siempre con la posibilidad de adecuar el gasto al consumo, algo que no sucede con las plataformas de pago por televisión o las llamadas a móviles. Sin embargo, es la luz es la que acapara la atención mediática y política y eso solo puede explicarse por el gran problema metafísico de la electricidad: creemos que es gratis y sólo nos damos cuenta de su importancia cuando carecemos de ella.
Solucionar problemas coyunturales con medidas estructurales
Todas las compañías energéticas del país están asustadas debido a que la presión mediática y social puede obligar al Gobierno a cometer el error político de aplicar soluciones estructurales para problemas coyunturales. Dicho de otra manera: matar moscas a cañonazos. Pese a que pueda parecer una solución sencilla y efectiva, cambiar el sistema de fijación de precios sería un error que convendría no volver a repetir. Independientemente de la viabilidad legal o no, lo cierto es que la última vez que se realizó una maniobra similar, el contribuyente español tuvo que afrontar una deuda de 36.000 millones en forma de déficit de tarifa. Una factura que aun estamos pagando y que comenzó al vulnerar un principio económico esencial: hay que pagar por las cosas su valor.
En segundo lugar, modificar el sistema de fijación de precios implicaría cambiar algo que funciona y que ha funcionado durante todos estos años, como le ha recordado la UE a Ribera: el, ahora denostado, sistema marginalista. Podrá gustar o no, pero hacer que la última tecnología en entrar en el sistema sea la que marque el precio tiene ventajas para la garantía de suministro y para las energías más baratas, como las renovables, que reciben una retribución mucho mayor que aquella que les correspondería en relación a sus costes. Nadie protestaba cuando la eólica o la termosolar cerraban el sistema o cuando el gas tiraba los precios para la producción de los ciclos combinados. Por el contrario, el sistema comienza a no gustar cuando retribuye a los agentes el precio justo que, cuando es elevado, es el causante de los dolores de cabeza en ministerios y partidos políticos y en muchos casos, torticeramente, a los hogares. Aquí es cuando el gobierno debe reflexionar y pensar que los famosos ‘windfall profits’ no se dan sólo para las nucleares e hidroeléctricas. Son también para el resto de tecnologías a las que el gas recompensa cada vez que entra en el sistema. Además, el método marginalista asegura que haya suficiente oferta para cubrir la demanda existente en cada momento y eso, hablando de gas, significa gestionabilidad y flexibilidad, algo que, por el momento, no es posible con las renovables.
Medidas que no funcionan
Ejemplos de medidas inútiles ya las hemos vivido en el presente. La Información anunció que la bajada del IVA al 10% sobre la factura de la luz no tendría ningún efecto sobre un mercado en el que todas las previsiones vaticinaban que quedaba mucho recorrido aun para que los precios de la luz llegasen a su máximo. Dicho y hecho. Sólo la subida producida en este mes se comió los 11 puntos de rebaja temporal del impuesto… y sigue aumentando.
Como si del día de la marmota se tratara, ahora surge en el horizonte la posibilidad de volver a reducir una carga fiscal, en este caso la que se fija en el tramo autonómico sobre la electricidad. Este impuesto encarece en un 5,11% la factura eléctrica, pero, al igual que el IVA, lo hace sobre la base del precio de la energía. En términos absolutos, aunque sea de manera temporal, eximir del pago del impuesto sobre la electricidad apenas llegaría a los 2,5 euros al mes y lo más probable es que el precio base de la energía aumente considerablemente hasta finales del año. Además, al ser un impuesto autonómico, habría que establecer algún mecanismo compensatorio para las comunidades, por lo que, a diferencia del IVA, la medida implicaría un gasto añadido para las arcas públicas, no una disminución de ingresos, que, de nuevo, tendría un efecto negativo para el bolsillo de los ciudadanos.
Por si esto fuera poco, la supresión temporal del impuesto tampoco serviría para paliar el efecto mediático de las subidas que nos esperan, puesto que los datos que ofrecen los medios de comunicación toman como referencia únicamente el precio base de la energía, sin sumar los impuestos añadidos al mismo. En definitiva, el Ejecutivo se quedaría sin el dinero que proporcionan los impuestos, tendría que compensar a las comunidades autónomas y carecería de la válvula de escape que necesita para aliviar los efectos electorales del precio del MW/h por encima de los 120 euros. Todo un fracaso.
La aparición de nuevos agentes está convirtiendo la luz en un producto financiero, que cotiza en mercados futuros y en el que, como en la bolsa, se producen operaciones de miles de millones en tan solo unos segundos
Junto a la rebaja fiscal, puede parecer que la creación de una empresa pública de energía aliviaría el precio de la electricidad. Sin embargo, hasta que esta empresa pudiera tener la suficiente capacidad de generación eléctrica como para proveer a un número de clientes significativo de la energía necesaria para entrar en el sistema pasarían décadas, a no ser que se recurra a una expropiación de activos inmediata, algo que está fuera de cualquier tipo de previsión, incluso constitucional.
Ni siquiera la incorporación al sistema de suministro público de las centrales hidroeléctricas, cuya explotación termina en los próximos cincuenta años, solucionaría el problema ya que los 17.792 MW de capacidad instalada con la que cuenta nuestro país, están sometidos a la intermitencia propia de las renovables y además podrían suponer un freno al despliegue de otras tecnologías limpias, mucho menos contaminantes y con un impacto sobre el medio ambiente más reducido. Diferente cuestión ocurriría en el caso de las centrales nucleares que proporcionan una energía barata, bajo contaminante, gestionable e inmediata, pero difícilmente el ejecutivo formado por el PSOE y Podemos admitiría que la nuclear fuera el garante del sistema energético español.
Cómo bajar la factura de la luz… y no morir en el intento
Así las cosas, si no se debe cambiar el sistema, si la rebaja de impuestos es insuficiente para parar el rally alcista en el que estamos involucrados, y la opción de crear una empresa pública de energía resultaría inviable por su ineficacia para solucionar este problema coyuntural, quedaría una opción sencilla y justa: actuar no sobre el sistema, sino directamente sobre los actores que intervienen en él y que son los responsables últimos de la situación actual.
El mercado mayorista fija los precios diarios de la energía y está gestionado por OMIE, el operador independiente del mercado eléctrico. Como si de un mercado persa se tratara, todos los días se comercia con el precio de la energía. En un principio tan solo las eléctricas participaban en él (y es aquí cuando mejor y con los precios más baratos funcionaba el mercado), y por tanto mantenía el espíritu de un producto industrial. Sin embargo, se han ido añadiendo no solo generadores, sino también comercializadoras, empresas externas, fondos, bancos y cualquier otro ente calificado como “consumidor cualificado de energía”.
El problema es que la aparición de estos nuevos agentes - en la práctica cualquiera puede convertirse en agente energético - está convirtiendo la luz en un producto financiero, que cotiza en mercados futuros y en el que, como en la bolsa, se producen operaciones de miles de millones en tan solo unos segundos a base de especular con las curvas de demanda y oferta. Por si esto fuera poco, la apuesta por las energías renovables, siendo legítima, lícita y medioambientalmente necesaria, es imprevisible, al estar sometida a la inestabilidad climatológica y a un sistema de respaldo que, a falta del desarrollo de sistemas de almacenamientos estables, pasa sí o sí por el gas como única tecnología técnica y económicamente sostenible para realizar el camino hacia la transición energética.
Este cambio de actores también pasaría por los institucionales. Pese a que Red Eléctrica actúa como guardiana del sistema, lo hace únicamente desde el punto de vista técnico, por lo que no existe una autoridad que, de facto, pueda actuar en el mismo momento en que se fijan los precios de la electricidad, teniendo que estar en manos de las posibles supervisiones que realice la CNMC y que se efectúan una vez que se fijan los precios en el mercado. Introducir un agente público que, además de independiente como OMIE, o supervisor, como REE, pudiera actuar como ‘factor corrector’ que asegurara la competencia entre operadores y eliminara la especulación en el mercado eléctrico serviría para garantizar que el Estado pudiera presionar el ‘botón rojo’, sin generar déficit, cuando, en mitad de la mayor crisis económica que hemos vivido, los precios de la electricidad aumentaran un 60% en tan corto espacio de tiempo.
En definitiva, la regulación es la solución, pero una regulación inteligente, que no deje en manos de unos pocos el destino de todos y menos cuando su única misión es aumentar artificialmente el precio de la luz hasta fundir los filamentos de un sistema que ha funcionado bien.
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