La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido que el presidente de Telefónica, César Alierta, sea condenado por usar información privilegiada en 1997 para comprar acciones de Tabacalera, ya que considera que su actuación provocó una "trascendental quiebra de la confianza de los ciudadanos".
Así figura en el recurso presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el que el Ministerio Fiscal asegura que tanto Alierta como su sobrino Luis Javier Placer provocaron un "grave daño a los intereses generales" y pide que se anule la sentencia que les absolvió, ya que el delito "no ha prescrito en ningún supuesto".
La Audiencia Provincial de Madrid (APM) absolvió el pasado 17 de julio a Alierta y a su sobrino, que obtuvieron 1,86 millones de euros con la operación, al entender que habían transcurrido más de cinco años desde la materialización del delito cuando el juez de instrucción admitió a trámite la querella interpuesta por una asociación de consumidores.
La APM se decantó así por la teoría del Tribunal Constitucional de atender a la admisión a trámite como momento de interrupción de la prescripción, en vez de la fecha de interposición de la querella, como sostiene el Supremo.
La Fiscalía cree que los magistrados que absolvieron a Alierta deberían haber aplicado el plazo de prescripción de diez años del subtipo agravado del delito de uso de información privilegiada, conforme a lo establecido por el Supremo en un pleno de 2008. Ese subtipo se aplica, por ejemplo, en los casos en los que la conducta haya afectado a los intereses generales, que el Ministerio Fiscal equipara con la confianza de los inversores.
A su juicio, "que el delito se haya cometido en una de las entonces principales empresas del país (...) y el hecho de que la conducta la haya realizado el propio Presidente de la Compañía supone una trascendental quiebra de la confianza de los ciudadanos".
La Fiscalía considera que la conducta de Alierta ocasionó "el recelo, la alarma y hasta el desengaño de dichos inversores en un elemento tan esencial para el sistema económico como el correcto funcionamiento del mercado de valores". Según el recurso, el hecho de que Tabacalera fuera pública y que Alierta hubiera ocupado importantes cargos en la Sociedad Rectora de la Bolsa o en la Bolsa de Madrid produce un daño "de forma mucho más intensa que si la información relevante hubiera sido utilizada por otra persona".
El pasado mes de julio, los abogados de Alierta también anunciaron la interposición de un recurso contra la sentencia porque "no se ajusta a derecho y es gravemente lesiva de los derechos constitucionales y sustantivos" de Alierta. Además, se quejaban de que el tribunal que le juzgó no tuvo en cuenta "diferentes documentos que pueden mostrar el error en la apreciación de la prueba".
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