La oposición duda de la voluntad de acuerdo de PP en regeneración democrática

Madrid, 14 ene.- La mayoría de los parlamentarios de la oposición han coincidido hoy dudar de la voluntad de acuerdo del PP en materia de regeneración democrática, después de que los populares hayan rechazado la mayoría de las enmiendas al proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo.

La norma se aprobará hoy en la Comisión Constitucional del Congreso y, además de los apoyos del PP, tendrá los de CiU, después de que los populares hayan aceptado una de las enmiendas del grupo catalán para garantizar que la ley sólo sea de aplicación en la Administración General del Estado y no en la de las comunidades autónomas.

El resto de los grupos ha lamentado que el PP no haya aceptado sus enmiendas.

Así lo ha hecho el portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Antonio Pradas, quien ha criticado que el PP no le haya dedicado a este asunto toda la energía que merece en un momento en el que la sociedad ha perdido la confianza en las instituciones.

"Nos encontramos en uno de los momentos claves de la historia, o se hace algo o será sin nosotros", ha dicho Pradas, quien ha defendido las propuestas del PSOE rechazadas por el PP.

Entre ellas, la regulación de las llamadas "puertas giratorias" y los lobbies, la limitación de mandatos en la Presidencia del Gobierno, el endurecimiento de las incompatibilidades y la obligación de los altos cargos de cesar cuando sean llamados a declarar en un juicio oral como imputados, y no esperar hasta que sean condenados.

El rechazo de los populares ha provocado una "gran decepción" en los socialistas, según Pradas, quien ha señalado que el PP, salpicado de "escándalos" no está en condiciones de liderar la regeneración.

A estos reproches se han unido los de la Izquierda Plural, a través del diputado Joan Josep Nuet, que ha acusado al grupo popular de realizar un "trámite autista" utilizando "de forma abusiva" su mayoría absoluta para no pactar y aprobar en solitario los proyectos del Gobierno.

El grupo popular también ha rechazado las enmiendas de IU que pedían la regulación de los aforamientos, los indultos y los lobbies y que no se hicieran excepciones en este proyecto y se aplicara a la Casa Real.

Como el PSOE, Nuet ha anunciado su voto en contra tras subrayar que el PP quiere convertir la legislatura "más opaca y corrupta en una legislatura en la que pueda exhibir su capacidad legislativa" contra la corrupción. "Pero eso es sacar un conejo de la chistera y la magia no existe. Es un truco del PP".

Para el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, la ley no aporta "gran cosa" y se queda "muy lejos" del avance en transparencia que reclama la sociedad.

Gorrirán ha lamentado que el PP haya dejado "en solfa la voluntad de consensuar grandes asuntos de Estado" rechazando todas sus enmiendas y que sólo haya aceptado la de CiU, que pedía que el proyecto no fuera aplicable en las administraciones autonómicas.

Según la diputada de Convergencia i Unió Montserrat Surroca debía quedar claro que esta normativa era sólo para altos cargos de la administración del Estado, ya que las comunidades tienen competencia exclusiva en esta materia, tal y como establece la Constitución.

Desde el grupo mixto, el diputado de ERC Joan Tardá, ha coincidido en las críticas al PP por no admitir sus peticiones para que se regulen los lobbies, que los altos cargos sólo puedan viajar en clase turistas, no cobren dietas y que ninguno de ellos pueda tener un sueldo mayor al del presidente del Gobierno.

Por último, Rafael Larreina de Amaiur ha aprovechado para reivindicar la soberanía de "Euskal Herria" para tener sus propias leyes de transparencia.

A todas estos argumentos ha respondido el diputado del PP Pedro Gómez de la Serna, que ha puesto en valor la importancia del proyecto derivado del compromiso "firme" de Rajoy contra la corrupción.

"Éste es el primer Gobierno de la democracia española que ha tendido el arrojo de presentar un plan integral de regeneración", ha dicho.

Además, ha justificado el rechazo a las enmiendas de la oposición, ya que, según ha explicado, planteaban asuntos que correspondían a otras normas o ya estaban incluidos en el proyecto.

Ha recordado que la ley crea el concepto de idoneidad del alto cargo, que se exigirá una formación y una experiencia acreditadas y que se incompatibilizan las indemnizaciones con todo tipo de retribuciones públicas y privadas.

En el capítulo de conflicto de intereses personales, considera interés personal no sólo el del alto cargo, sino el de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.

"Esta ley que no quieren apoyar habría impedido a Tania Sánchez actuar como actuó en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid", ha respondido Gómez de la Serna a la Izquierda Plural en alusión al caso que ha salpicado a la candidata de IU a la Comunidad de Madrid.

El diputado popular ha considerado "profundamente injusto" que no se valore el esfuerzo del Gobierno, algo que sí ha hecho Carlos Salvador, de UPN, quien ha elogiado el trabajo de todos los grupos en la búsqueda de acuerdos.

También Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha destacado que se ha logrado un "avance importante" y que las cosas que no se incluyen no dan argumentos para no apoyarlo.