Las autoridades comunitarias tienen sobre la mesa la propuesta de la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para frenar el impacto del coste del gas en el sistema europeo de formación de precios de la electricidad, a la vista de que el conflicto con Rusia amenaza con mantener ese mercado en máximos y disparar la factura que pagan los hogares y las empresas 'sine die'. El objetivo es modificar la fórmula actual para que el precio marginal más alto del mercado, que suele ser el de la generación eléctrica que se basa en el gas (centrales de ciclo combinado), no sea el que marque el precio de la luz de cada día, como hasta ahora, y se pueda ponderar su participación en el 'pool' por separado.
Fuentes comunitarias cercanas a esa negociación aseguran que el escenario previsto para el mercado energético en Europa ha saltado por los aires en apenas una semana, toda vez que la electrificación se basaba, sobre todo, en el suministro de gas ruso al resto de países europeos, con un grado de dependencia cercano al 40%, que en el caso de Alemania supera el 60%. El enfrentamiento con Putin por el conflicto de Ucrania y las severas medidas económicas que la UE ha tomado como represalia, incluido el corte al sistema internacional de pagos a su banca, hacen temer por un corte del suministro ruso, que obligaría a buscar un mercado alternativo más caro, como por ejemplo la importación de gas procedente del 'fracking' de EEUU, que sale a más de 110 euros.
La Comisión Europea ha empezado una ronda de negociaciones con los mandatarios nacionales de Energía y con las principales empresas del sector para afrontar una situación que puede poner al límite al mercado. En ese contexto, las ministras españolas de Economía, Nadia Calviño, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera, han lanzado sendas misivas a varios comisarios europeos para remover la situación y buscar lo que desde hace meses se le viene negando a España: un cambio en la fijación del precio de la luz que evite que sea el gas quien lo establezca.
La idea que se ha manejado en los círculos cercanos a Ribera pasaría por dividir a subasta en, al menos, dos partes. Por un lado, se sacaría un precio medio de la generación más cara, la que se hace con combustibles fósiles, como el gas, y la que tiene el precio del megavatio hora en la actualidad por encima de los 250 euros, aupada también por el pago de los derechos de emisión de CO2. Por otro lado, se haría la de las energías renovables (Recore), cuyo marco de referencia está en los 56-60 euros el megavatio, y junto a ese grupo se pueden incluir la nuclear y la hidráulica, también más baratas. En cualquier caso, cada grupo ponderaría con la cantidad de energía que saque al mercado cada día, para establecer un precio medio total que sería mucho más barato que el actual. Si tenemos en cuenta que, en momento de demanda alta, el gas puede copar el 15% de la producción en el mercado mayorista y el resto el 85%, fuentes técnicas consultadas aseguran que no sería complicado que con el nuevo cálculo el precio bajara a un entorno de los 100 euros.
Negociaciones con el sector
En cualquier caso, una reforma integral del sistema marginal de fijación de precios sería un cambio demasiado radical a corto plazo a la vista de algunas de las grandes empresas del sector consultadas. Hay que recordar que, en el caso español, se genera energía para exportar a países como Francia, Portugal o Marruecos, sobre la que habría que mantener el precio más alto del mercado, dado que se generaría, en parte, en las seis centrales de ciclo combinado activas que hay en funcionamiento y que se nutren del gas de Argelia. El precio de los intercambios internacionales habría que tratarlo aparte.
Desde le sector energético recuerdan que la clave para saber hasta qué punto hay margen para cambiar el sistema de la noche a la mañana, cuando hasta ahora se ha descartado esa opción, estará en la duración del conflicto. A medida que se alargue y se mantenga la presión sobre el sector financiero ruso, será más probable un cambio. Una fecha que se antoja fundamental será la publicación, el próximo mes de abril, del informe de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), que fue el que el año pasado desaconsejó modificar el sistema, pero que, con las nuevas circunstancias, puede recomendar que se abra ahora el debate.
Mientras, los expertos del sector aseguran que se pueden tomar medidas internas puntuales para intentar abaratar la factura de la luz si la escalada del precio del gas dispara el coste para los consumidores nacionales. Desde el sector de las renovables ya se han puesto a disposición del Ministerio de Ribera para tratar un posible adelanto a su revisión trianual del marco tarifario, con la idea de establecer un nivel fijo de referencia y dar más certidumbre al mercado en lo que a su producción se refiere.
Otras fuentes del sector apuntan también a la opción puntal de acudir de nuevo a una parte de la producción energética con carbón, mucho más barata, para responder a una situación excepcional como la actual, algo que ya hace Alemania por ejemplo. La alternativa al uso del carbón se complementaría con un alargamiento de la vida de las nucleares o, cuando menos, la revisión de los actuales calendarios de corte que se manejan en España y en el resto de Europa, si bien eso sería una medida más a largo plazo.
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