El Gobierno prepara la equiparación de buena parte de las condiciones del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) con las de los funcionarios. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Meritxell Batet viene manteniendo intensas negociaciones con los sindicatos, tanto en reuniones bilaterales como a través de grupos de trabajo, con el objetivo de cerrar el que sería un importante gesto, uno más en clave electoral, hacia un grupo de trabajadores que representa a 34.000 familias, según los cálculos del Ejecutivo.
El departamento de Batet aseguró desde un primer momento tras la moción de censura que la renovación del Convenio único de personal laboral era para ellos una "prioridad". El objetivo de Función Pública es cerrar un acuerdo antes de final de año, de ahí que en los últimos días se haya incrementado el número de contactos (ayer mismo se celebró el último) entre los negociadores. Las conversaciones se encuentran, por tanto, avanzadas y han sido confirmadas a La Información tanto desde Función Pública como desde los diferentes sindicatos.
¿Cuáles son las mejoras que se encuentran sobre la mesa? La más importante tiene que ver con la homologación salarial del personal laboral a los sueldos que cobran los funcionarios de la AGE. Siempre teniendo en cuenta las categorías equivalentes. Es decir, que no haya niveles distintos de salario cuando un contratado laboral y un funcionario tengan la misma categoría profesional, con unos pluses o incentivos similares, y realicen un trabajo idéntico.
El colofón de todo este proceso de reestructuración salarial escala por escala en la función pública lo debe poner la equiparación real que plantean los sindicatos, que en definitiva supondría el establecimiento de un salario mínimo de 1.200 euros para el grupo inferior del personal laboral (esta cantidad es la retribución mínima de los grupos de funcionarios de la AGE a los que se les exige una titulación idéntica para el acceso al puesto). El Gobierno, por su parte, se muestra de acuerdo con llegar a la equiparación real en el salario mínimo de la AGE, pero advierte que no se puede cerrar de inmediato, sino que habrá que llegar a ello de forma progresiva, a medio plazo. Ambas partes reconocen que se trata de un avance histórico en la remumeración del sector público, al que habrá que llegar de forma graudal.
Asimismo, los sindicatos que negocian con el Gobierno plantean una especie de "funcionarización" del personal laboral para que queden claramente separadas y diferenciadas las categorías profesionales de funcionarios y de los afectados por este Convenio único. Es decir, los representantes de las centrales sindicales plantean que el personal laboral no pueda realizar labores propias de los funcionarios de carrera. La negociación se mantiene abierta en este sentido, indican fuentes implicadas.
Uno de los puntos donde sí hay consenso -al menos hasta ahora- es el relativo al adelanto de la edad de jubilación parcial. La propuesta que están ultimando Gobierno y sindicatos apunta a que el personal laboral pueda abandonar su trabajo a los 61 años (como se recoge en la regulación básica de la Seguridad Social) a cambio de que ese puesto sea ocupado por un nuevo empleado. Es el famoso contrato de relevo, algo que Función Pública no ve con malos ojos.
Los negociadores también han llegado a abordar la reducción de la jornada a las 35 horas semanales para el personal laboral afectado. Sin embargo, la propuesta fue descartada inmediatamente debido a que la Administración General del Estado todavía no cumple ni la regla de gasto ni el déficit, algo necesario para poder implantarla. La medida, por tanto, tendrá que esperar.
Las conversaciones todavía están abiertas y no se descarta cerrar el acuerdo antes de que culmine 2018. Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública se muestran optimistas sobre los avances que se están produciendo, aunque desde los sindicatos son más cautos. Por ejemplo, Carlos Álvarez, secretario federal del sector de la AGE en UGT, afirma a La Información que el Gobierno sigue sin aclararles cuál es la dotación presupuestaria que debería dedicar a todas estas medidas, especialmente en relación a la mejora de las nóminas del personal laboral. Faltaría, por tanto, el visto bueno del Ministerio de Hacienda para cerrar esa partida.
El convenio único de personal laboral lleva nueve años sin renovarse. Sería el cuarto documento conjunto, tras el tercero que fue sellado en 2009 durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno de Rajoy mantuvo congeladas las negociaciones durante los últimos años, de forma que los sindicatos recibieron con agrado la oportunidad que brindaba a estos trabajadores la moción de censura que llevó al PSOE a La Moncloa tras años de recortes. Su objetivo es aplicar a la AGE las mismas condiciones que sí se desarrollan en las administraciones autonómicas y locales.
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