Los centros penitenciarios españoles viven una situación crítica desde hace al menos seis años. Los recortes por la crisis económica fueron el germen de una situación que se agrava cada día, ahora por la desidia del Ejecutivo socialista en funciones y la falta de una estabilidad política en un contexto de elecciones permanentes. Es la denuncia de los sindicatos que representan a 23.000 funcionarios de Instituciones Penitenciarias -vigilancia, médicos, psicólogos... - cuyo trabajo diario es un auténtico calvario por la falta de personal, de incentivos, de medios, por una tasa histórica de agresiones y por la saturación de las cárceles.
Las movilizaciones, las huelgas, las protestas, la falta de seguridad e incluso el suicidio de presos forman parte -no deberían hacerlo- del día a día de las cárceles, y lo que debería ser excepcional se ha convertido en noticia frecuente. El último episodio, hace apenas unas horas, tuvo lugar en la prisión algecireña de Botafuegos, donde un empleado público tuvo que ser hospitalizado tras la agresión de un preso, que además amenazó de muerte a otros funcionarios. En este centro la plantilla apenas está cubierta en un 85% y la población reclusa supera en un 40% las plazas para las que está pensada la cárcel.
La situación ha llegado hasta el extremo de que una parte de los reclusos ha evitado ponerse de lado y ha mostrado su apoyo y solidaridad a los funcionarios. Saben que si todo funciona todo irá mejor para ellos y que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias son en muchísimas ocasiones su único punto de conexión con la realidad. Los presos de Palma, que es una de las cárceles donde más agresiones se producen, mostraron su respaldo a la huelga de funcionarios de ese centro para reclamar 'Prisiones sin agresiones'.
José María López, secretario de organización colectiva de Comisiones Obreras (CCOO), señala tres frentes abiertos en prisiones: escasez de personal, falta de seguridad -las agresiones se han duplicado en ocho años- y las condiciones retributivas. Advierte de que este momento hay nueve categorías laborales, con diferentes sueldos que están condicionados por el tamaño de la cárcel y destaca que es el único departamento de la Administración donde sucede esto. "No existe voluntad de negociar una propuesta retributiva por parte del Ministerio del Interior", asegura.
López apunta la degradación por la falta de personal, que tiene su origen en los recortes. "Ahora mismo hay 3.500 plazas presupuestadas pero vacantes, lo que resta posibilidades de reinserción de los presos, que es uno de los objetivos de la política penitenciaria. Una psicóloga para 1.200 presos o una sola jurista para una prisión como Estremera, con 1.200 presos, cuando se necesitaría un mínimo de cinco profesionales para hacer el seguimiento de reclusos, o 150 vacantes de médicos dibujan una situación crítica que pone en riesgo a los presos y al personal".
El responsable sindical destaca que un 30% de las agresiones en los centros penitenciarios tienen que ver con la falta de personal y un 60%, con las patologías mentales que afectan a uno de cada cuatro presos. "La patología mental en si misma no genera violencia, pero si un medio donde no hay condiciones para tratar estas enfermedades. Las cárceles se han convertido en un psiquíatrico".
Silvia Fernández, secretaria general de Comisiones Obreras en Instituciones Penitenciarias, apunta además de la falta de personal y la escasez de incentivos y medios, la ausencia de formación práctica y el incremento de las patologías mentales entre los internos. "No existen psiquiatras en las prisiones ni un tratamiento especializado para los presos y solo hay dos centros psiquiátricos penitenciarios", asegura. La responsable de Comisiones Obreras señala que hay un importante porcentaje de presos drogodependientes y apunta la necesidad que tienen muchos internos de "poder hablar con un médico o un trabajador social tras 21 o 22 horas de encierro".
También alerta que parte del problema viene de la ausencia de psiquiátricos civiles y que los estados de peligrosidad a día de hoy se tratan en prisión, algo que insiste no debería suceder. "Una persona aunque no haya cometido un delito, si tiene un estado de peligrosidad, el juez a veces lo envía a prisión para su evaluación psiquiátrica y allí se queda por un estado de peligrosidad. Y la realidad es que lo permite el Código Penal por una reforma que se hizo en 2015".
La representante sindical apunta las áreas más deficitarias: médicos y personal de vigilancia, seguidos por trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales y juristas. Pese a la urgente necesidad de efectivos, Fernández teme que no se ocupen hasta el año que viene, por la coyuntura electoral y la dificultad, hasta la formación de un nuevo Gobierno, para que haya Presupuestos, fundamentales para sacar adelante la convocatoria de las plazas de 2019. "La oferta de este año se ejecutará, probablemente, en 2020", asegura.
"Sujetar a una persona con esposas por un estado violento es una de las actividades más complicadas que debemos afrontar y poco tiene que ver con un trámite burocrático. Gestionar la política punitiva tiene un desgaste físico y psíquico muy importante. No se puede tener una plantilla con una edad media de 55 años en los patios y en algunas cárceles hay un déficit de efectivos cercano al 25%, como en Burgos, Cáceres o Albolote. En esas prisiones hay un repuntes de las agresiones, porque tenemos poca gente y el personal que está en contacto con los internos tiene una edad muy elevada", asegura Fernández.
Las demandas de los funcionarios, en los programas
Mientras, los políticos empiezan a escuchar algunas de las permanentes reivindicaciones de este colectivo que se siente agraviado y con un trabajo expuesto y con estrés permanente. La formación Ciudadanos ha traslado a los empleados públicos englobados en la plataforma 'Tu abandono me puede matar' su intención de impulsar una subida retributiva lineal en tres años para los efectivos de Instituciones Penitenciaria y que sean considerados 'agentes de la autoridad', algo que aplauden al tiempo que se preguntan por qué los conductores de autobús o los agentes de la ORA lo son y ellos todavía no.
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