Hace casi dos años, el Gobierno aprobaba de forma urgente el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para tratar de paliar las consecuencias derivadas de la pandemia en los hogares más desfavorecidos. Las complicaciones técnicas para solicitar esta ayuda y los requisitos necesarios para poder solicitarlo han provocado que solo el 9,3% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza en España se hayan beneficiado.
Según el informe publicado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, los datos reales se quedan muy lejos de las estimaciones que hacía el Gobierno en mayo de 2020, cuando preveían que la medida afectaría a más de dos millones de personas. Tres de cada cuatro solicitudes se deniegan, por lo que el número de familias beneficiadas, 366.805, se queda muy lejos de lo estimado por el Ejecutivo.
Hasta el pasado mes de septiembre, la ayuda media suponía de media 14,5 euros diarios. En 2022, la horquilla prestaciones oscilará entre los 491 euros previstos para un adulto que vive solo a los 1.081 euros mensuales para hogares con cinco miembros.
Por comunidades autónomas
Si se analizan los datos por comunidades autónomas, se puede apreciar que la implantación del Ingreso Mínimo Vital está siendo desigual entre las regiones, solo en tres de ella se supera el 15%. La comunidad autónoma con una cobertura más amplia es Navarra, el 24,19%. Según el informe, esto se debe a la traslación que ha hecho la región desde su sistema de Rentas Mínimas. Detrás de esta, el ranking sitúa a las ciudades autónomas de Melilla, con el 21,56% y Ceuta, con una cobertura del 19,57%.
Entre la franja del 10 y el 15% se encuentran siete comunidades autónomas. Por orden de mayor cobertura se sitúan el País Vasco, con el 14,68%, La Rioja (12,72%), Andalucía (12,16%), Aragón (12,06%), Castilla y León (11,33%), Cantabria (10,92%) y Asturias (10,02%). Aún por encima de la media nacional del 9,3%, se sitúan Murcia (9,74%) y la Comunidad de Madrid (9,43%).
En la parte baja de la tabla y, por tanto, con un menor grado de cobertura, se colocan la Comunidad Valenciana (8,67%), Extremadura (8,45%), Galicia (7,52%), Castilla la Mancha (7,14%) y las Islas Canarias (6,35%). Por último, las dos regiones con una peor implantación son las Islas Baleares (5,37%) y Cataluña (5,36%).
El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha denunciado la velocidad, a su juicio lenta, con la que se está desplegando el ingreso mínimo vital. Ramírez expone "solo" el 35,8%, de los 2,3 millones de personas inicialmente previstas, están recibiéndolo casi dos años después de su entrada en vigor
En redes sociales, el presidente de la asociación escribía, antes de la publicación de los datos, en el que aseguraba que estos avergonzarían "a gobernantes inmisericordes con las personas vulnerables".
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