Desde el año 2009, cuando la crisis económica empezó a ser oficialmente reconocida por el Gobierno de Zapatero, la cifra de ciudadanos que obtienen sus remuneraciones de las Administraciones Públicas viene superando de manera recurrente al número de asalariados del sector privado. A fecha de 2018, la brecha se ha estrechado un poco de manera que éstos últimos se elevan a poco más de 13 millones de personas en tanto que la suma de pensionistas, empleados públicos y parados asciende a 13,7 millones.
Esta situación se refleja en el documento elaborado por la consultora Freemarket Corporate Intelligence con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Las llamadas ‘Dos Españas’ reales y verdaderas ponen de relieve el enorme peso del Estado en la actividad económica del país, todo ello al margen de la relación comparativa de otros indicadores fiscales de gasto público e impuestos en los que España figura todavía por debajo de la media europea.
El estudio analiza al detalle la evolución de los tres grupos de ciudadanos cuya economía depende directamente del Estado. En el caso de los pensionistas destaca la mínima oscilación que presenta la curva de este colectivo desde principios de la crisis. En 2007 había 7,6 millones y ahora son cerca de 8,8 millones. Los asalariados del sector privado se han reducido por el contrario en casi un millón de personas durante la última década.
Abunda en esta misma comparación el hecho de que la pensión media en España se sitúa en términos equivalentes a las de Francia y Alemania, dos países que, en cambio, superan con creces el salario medio que se paga en el sector privado en España. En Europa, además, sólo cuatro países; Francia, Italia, Austria y Hungría, tienen sus pensiones indiciadas al IPC. El Banco de España acaba de alertar de los riesgos que implicaría la adopción de esta medida en España, cuyo coste se estima en casi 8.000 millones de euros para el conjunto de 2018 y 2019.
En cuanto a los desempleados existen en la actualidad 1,7 millones de personas en paro con derecho a prestación con un coste neto para las arcas públicas de 14.250 millones de euros. El gasto en protección social, incluyendo pensiones, desempleo y servicios sociales, alcanza casi los 200.000 millones de euros y supone más de la mitad de gasto total anual; en concreto, un 56,2% de acuerdo con el informe de Freemarket.
Los empleados públicos constituyen el tercer apartado de ciudadanos vinculados directamente con el Estado y se desglosan en funcionarios de carrera y personal que trabaja para la Administración Pública sin haber pasado por unas oposiciones. La etapa de crisis y post-crisis ha derivado en una situación realmente ilustrativa como es el hecho de que las personas empleadas por el sector público cuestan de promedio un 37% más de lo que lo hacen para el sector privado.
La recesión afectó a todo el mundo pero el ajuste real, al menos así se deduce de estos datos, se cebó con los empleados del sector privado que tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones del mercado con un importante ajuste de capacidad y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Los funcionarios y empleados públicos también sufrieron las consecuencias con una reducción en el número de efectivos del 7,5 desde 2010 y una congelación de salarios que ahora está siendo compensada. No en vano, el presidente del Gobierno acaba de anunciar una subida del 2,25% para los funcionarios en 2019.
La posición de fuerza del componente público es determinante para entender la política económica imperante en España, donde la presión para elevar el gasto estatal es una tentación que acecha a todos los Gobiernos, más si cabe en un clima claramente electoralista como el que se está viviendo ahora. Freemarket concluye su estudio reconociendo que una sociedad moderna y civilizada ha de tener una red de protección pública, pero el modelo vigente en España -añade- es un incentivo para que los ciudadanos vuelquen sus expectativas en pasar del sector privado al sector público en busca de mayor seguridad y remuneración.
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