Madrid, 5 mar.- El Gobierno ha publicado hoy en la página web del Tesoro Público español, el anteproyecto de ley de Fomento de la Financiación Empresarial que estará en audiencia pública, para su consulta, hasta el próximo 28 de marzo.
Este anteproyecto de ley que hoy sale a audiencia pública fue aprobado, el pasado viernes 28 de febrero, en el Consejo de Ministros, y tiene como objetivo, hacer más flexible y accesible la financiación a las pymes y fortalecer otras formas de financiación no bancaria.
En dicha norma, se incluyen una batería de nuevas medidas entre las que destaca el establecimiento de la figura del preaviso, que obliga a las entidades a avisar con al menos tres meses de antelación sobre la situación crediticia de aquellas pymes con problemas de liquidez y cuya financiación vaya a ser cancelada o notablemente reducida.
Además, se mejora el funcionamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), y se establece que el reaval de la Compañía Española de Reafinanciamiento (CERSA) se active ante el acreedor en caso de incumplimiento de la Sociedad de Garantía Recíproca tras el primer requerimiento.
Adicionalmente, para fortalecer la gestión, profesionalidad y buen gobierno de estas sociedades se extiende a sus directivos los requisitos de honorabilidad, conocimiento y experiencia propios de las entidades de crédito.
También, se dota a los establecimientos financieros de crédito de un régimen jurídico más eficaz para mantener y potenciar su actividad, y para que así estén plenamente orientados a la financiación empresarial y del consumo por canales alternativos a los estrictamente bancarios.
De la misma manera, se mejora la regulación de las titulizaciones y se propone la adopción de reformas con un doble objetivo.
Por una parte, flexibilizar el régimen jurídico de las titulizaciones para adecuar este instrumento a las actuales demandas del mercado financiero, y por otra, aportar la máxima seguridad jurídica y dar respaldo legal a la operativa habitual en el ámbito de las titulizaciones.
Con este anteproyecto de ley, el Gobierno también quiere potenciar el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), y facilitar el tránsito de las sociedades desde la Bolsa hacia este sistema alternativo de negociación, y viceversa.
"Para ello se sustituirá el requisito de presentar una OPA de exclusión por otro mecanismo menos oneroso, que garantice una adecuada protección de los inversores minoritarios", dice el texto.
El anteproyecto de ley también regula el "crowfunding", basado en plataformas electrónicas que contactan directamente a los inversores con las empresas, que han de ser transparentes y proporcionen a los inversores la información suficiente.
Además, se fijan límites anuales para cada inversor tanto por proyecto -hasta 3.000 euros- como por plataforma -hasta 6.000-.
Por lo que respecta a las gestoras de inversión alternativa, tendrán que someterse a nuevos requisitos en lo referente a control de riesgos, liquidez y conflictos de interés, además de cumplir con una política de remuneraciones que evite la toma de riesgos excesivos.
Dejarán de estar sometidas a un régimen de autorización, que será sustituido por el registro ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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