A menos de dos meses de que se cierre el ejercicio de 2018 las mutuas de accidentes de trabajo miran con una mezcla de inquietud y temor a la Seguridad Social en busca de una solución que palíe la sangría que la crecida del gasto por la cobertura de las bajas de trabajadores está provocando en sus ya castigados balances presupuestarios.
El Gobierno ya sabe que las mutuas esperan un agujero histórico de 739 millones de euros en sus cuentas de este año por la gestión de las bajas derivadas de enfermedades comunes (gripes, accidentes domésticos, enfermedades no profesionales), pero continúa dilatando su decisión sobre activar o no el suplemento de financiación que permitiría al grupo de mutuas en una situación financiera más delicada amortiguar el golpe en cierta medida.
No se trata de una decisión arbitraria. La ley regula este mecanismo de compensación para los casos en que las mutuas puedan acreditar una insuficiencia estructural de financiación a partir de una serie de parámetros objetivos. En virtud de éstos, el sector se considera en condiciones de reclamar a la Seguridad Social la inyección de 239 millones de euros extra con cargo al ejercicio de 2018.
El asunto es que el Ministerio de Trabajo no parece estar mucho por la labor, según aseguran fuentes ministeriales. Recuerdan que los recursos extraordinarios para abonar esta financiación extra a las mutuas salen de la bolsa común que también paga la nómina de los pensionistas - las cuotas por contingencias comunes que abonan trabajadores y empresarios - y sugieren que al margen del fuerte incremento del absentismo las cuentas de las mutuas también vienen penalizadas por factores que sólo son imputables a su gestión.
Varias mutuas han empezado a consumir sus 'colchones de emergencia'
Para el sector de la mutuas, sin embargo, el pago de esos fondos es crítico. Tras haber perdido cerca de 1.500 millones de euros por el descontrol del absentismo (ver gráfico) en los últimos años y después de ver cómo el cambio de Gobierno diluía la expectativa de una mejora del coeficiente sobre las cuotas sociales abonadas por trabajadores y empresarios con las que se financian - el Gobierno del PP se había comprometido a subirlo desde el 0,051% y Octavio Granado ha descartado de plano esa posibilidad -, el suplemento de financiación se contempla en el sector como un salvavidas con el que al menos ir tirando en un contexto francamente difícil.
Según los últimos datos que maneja el sector, a los que ha tenido acceso La Información, media docena de las 20 mayores mutuas del país ya han comenzado a consumir sus 'reservas de emergencia' para cubrir las necesidades financieras que les está generando el absentismo (ver gráfico). Un camino que conduce a lugares inquietantes como bien conoce ya Mutua Gallega, que ha sido la primera entidad en consumir su colchón de seguridad y también la primera en ser obligada a aceptar una operación corporativa para reducir su riesgo sobre las arcas públicas, en su caso siendo absorbida por Ibermutuamur.
La normativa permite a las mutuas compensar el agujero creado en la gestión de una de las contingencias con los excedentes generados por la gestión de otras, pero también obliga a la Seguridad Social a intervenir cuando la mutua en cuestión haya agotado la reserva financiera vinculada a las contingencias comunes y haya reducido por debajo del 24% de los ingresos por cuotas las reservas asociadas a las contingencias profesionales - esa reserva de emergencia de la que hablábamos antes -. En el contexto actual, al menos dos mutuas: Mutua Canaria (MAC) y Mutua Montañesa se aproximan a esa situación.
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