La Ley de la Segunda Oportunidad ofrece la posibilidad de aliviar la situación económica de quienes se encuentren ahogados por las deudas. En concreto, esta normativa tiene como objetivo saldar las deudas con los acreedores, aunque sin que se pierda el derecho al cobro. En cambio, el proceso podría acabar con el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, esto implicaría la cancelación final de la deuda.
Un jiennense que sacó varios créditos para familiares y amigos en 2010 acabó con una deuda de 220.000 euros por impago. Según ha explicado el afectado a La Información, "fui solidario con una persona cercana y le firmé a su hijo como aval para una hipoteca". Sin embargo, pasado un tiempo los allegados se desentendieron del préstamo y toda la deuda recayó sobre él. A pesar de tener pensión por incapacidad de más de 3.000 euros, no podía hacer frente a la situación e incluso llegaron a embargarle parte de su subsidio y una vivienda de la que era propietario. De hecho, según apunta, llegaron a embargarle la pensión en un momento en el que estaba prohibido, puesto que se encontraba en concurso, y finalmente desde el juzgado le devolvieron el dinero correspondiente.
Tras un largo procedimiento de varios años de duración y después de pasar por varios abogados, la Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha logrado tramitar el expediente con éxito aplicando la Ley de la Segunda Oportunidad, después de 12 años, el afectado ha podido librarse de todas las deudas y rehacer su vida. Pepe Domínguez, abogado responsable del caso, detalla que "Le habían dicho que con su pensión nunca la concederían la Ley de la Segunda Oportunidad, pero no era cierto. Las cuotas mensuales a pagar por todos los préstamos y tarjetas suponían más del 70% de su pensión. Si sumamos a esto los gastos esenciales que precisa por su discapacidad, no quedan dudas de que se trata de un deudor que no puede afrontar los pagos".
Cancelar el 100% de las deudas
A pesar de su esfuerzo por pagar todo puntualmente, sus gastos personales y familiares no llegaban a cubrir todas las cuotas y los correspondientes intereses y comisiones de demora. El detonante para poner fin a esta situación fue la ejecución sobre sus ingresos mensuales, los cuales se vieron disminuidos en más de 500 euros.
"El conflicto comenzó en los juzgados. Algunos de los trabajadores no atendieron a mis necesidades e incluso no sabían de qué trataba esta ley", comenta el afectado, que pasó por varios procesos judiciales para librarse de esta deuda. En su opinión, esta ley es agridulce, puesto que, aunque resulta muy beneficiosa para los deudores que se ven ahogados por la situación, se trata de un proceso muy largo que requiere mucha fortaleza personal para poder afrontar años de amenazas por parte de los acreedores. "El problema de esto es que si tú no te quitas las deudas, acaban pasando a tus hijos y así sucesivamente. Hay que ser valiente e ir al juzgado. A pesar de mi movilidad reducida, he realizado un esfuerzo titánico para solucionar este caso", señala el afectado.
"El problema de esta situación es que si tú no te quitas las deudas, acaban pasando a tus hijos"
El afectado llegó a recibir amenazas por parte de empresas de cobro de deudas, que llamaban incluso a familiares, vecinos y conocidos para generar más presión para el pago. "La legislación fue muy laxa, ya que me llamaban cuando yo ya estaba en un proceso concursal, y no debían hacerlo", apunta.
Eliminarle de la lista de morosos
El primer beneficio obtenido por este procedimiento es el respiro económico para el deudor: se suspende toda obligación de pago a acreedores y se paraliza cualquier ejecución de embargo. Esto generó un alivio en el deudor debido a que le permitía ahorrar mes a mes.
Tras ello se iba a por uno de los dos objetivos posibles. El primero es un intento de acuerdo con los acreedores para afrontar una cantidad asumible de la deuda, demostrando la distinción de deudor de buena fe. Esto no llegó a buen puerto porque los acreedores opinaron que el deudor podía destinar más dinero en el convenio. "El 'fracaso' en el intento de convenio se convirtió en una buena noticia para el deudor, ya que se procedía al segundo de los posibles fines del procedimiento, es decir, tenía derecho a pedir la cancelación del 100% de sus deudas en un concurso de acreedores", aseguran desde la Asociación.
Se logró así la exoneración del 100% de la deuda a los Juzgados de Úbeda, siendo aceptado por el Juzgado de Primera Instancia N.º 3, dándole la segunda oportunidad que esperaba. Esta resolución definitiva dictada el 6 de junio concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) ha supuesto dejar a este deudor libre de pagar 219.748,05 euros. Desde ahora, los acreedores del interesado no podrán reclamar nada más ni incluir al ya exdeudor en ficheros de morosidad.
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