Un diputado nacional puede tener un bufete de abogados, ejercer y cobrar la correspondiente nómina por ello, percibir una retribución por pertenecer al Consejo de una empresa o entidad de naturaleza privada, pasar consulta en un centro médico, recibir una retribución regular de un medio de comunicación por vertir sus opiniones en prensa, radio, televisión o internet o desempeñar cualquier otra actividad privada siempre que ésta no esté directamente relacionada con el sector público y que disponga de la autorización correspondiente. Y todo ello pese a que el artículo 157 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece claramente en su punto número uno que "el mandato de los Diputados y Senadores se ejercerá en régimen de dedicación absoluta en los términos previstos en la Constitución y en la presente Ley". Hasta hace no mucho hasta podía compatibilizar la condición de diputado y diputado regional o alcalde cobrando por ambos cargos.
Un funcionario, por el contrario, tiene mucho más limitado su radio de acción. Como regla general no puede compatibilizar su trabajo ordinario con otra actividad en el sector privado salvo que el empleado público tenga un puesto a tiempo parcial o perciba un complemento específico inferior al 30% de su salario base y, en esos casos, la segunda actividad deberá ser autorizada por el Gobierno, no podrá modificar el horario de trabajo y deberá abandonarse en el caso de que el acceso a otro puesto en la Administración, o a otro sueldo, no sea compatible con esa segunda actividad. Se excluye de estas restricciones la administración del patrimonio personal o familiar, la participación ocasional en tertulias mediáticas o conferencias sectoriales y la dirección de seminarios o ciclos formativos en el centros oficiales de formación de empleados públicos, siempre que no superen las 75 horas al año.
También tienen importantes restricciones a la hora de ejercer otro puesto en la Administración. Sólo pueden acceder a determinadas puestos considerados de interés general y en unas condiciones muy concretas: no más de 30 horas semanales, en régimen laboral y con un contrato de duración determinada. Pueden dar clase como profesores asociados en universidades públicas, pero en esas mismas condiciones.
Para la federación representativa de las organizaciones de cuerpos superiores de la Administración del Estado (Fedeca) el régimen de incompatibilidades que pesa sobre los funcionarios es demasiado estricto y así se lo ha hecho saber a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda, a la que ha solicitado una reforma de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas para adaptarla más a la realidad de la Administración Pública del siglo XXI y permitir un margen de maniobra más amplio a los funcionarios públicos a la hora de realizar otras actividades.
El primer objetivo que se han marcado es habilitar la posibilidad legal de ejercer actividades docentes en centros educativos privados, del mismo modo que ya pueden hacerlo en las universidades públicas. Para Jordi Solé, presidente de Fedeca, "las actuales restricciones para ejercer una actividad docente, incluso con las mismas limitaciones que establece la norma actual, en universidades privadas no tienen ningún sentido e incluso se podrían resolver sin necesidad de realizar cambio legal alguno, simplemente cambiando de criterio interpretativo".
La normativa que regula las incompatibilidades de los funcionarios, que data del año 1984, preveía expresamente la posibilidad de impartir, bajo determinadas condiciones de dedicación, clase en el ámbito de la Universidad pública, pero nada decía de las universidades privadas. La ausencia de una referencia explícita a esa posibilidad en la legislación ha derivado en la prohibición por parte de las autoridades a todo intento de un funcionario de aceptar una oferta de un centro educativo privado, sea universidad, escuela de negocios...
Normalizar la presencia de los funcionarios 'en la calle'
Jordi Solé entiende que esta restricción es 'hija' del momento en que se reguló la incompatibilidad de los empleados públicos. "Nos regimos por una ley del año 1984. Podemos entender que en aquel momento había mucho desorden y que se viera necesario regular el asunto con cierta rigidez. Pero estamos en el año 2017, la Función Pública ha cambiado y es esencial, e incluso beneficioso, que haya una transferencia de conocimiento del ámbito público al privado, y viceversa. Poner barreras a eso no tiene sentido".
El planteamiento de Fedeca, la que se tiene por organización más representativa de los cuerpos de élite de la Administración, es más amplia y propugna un replantamiento general del régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos. Desde su punto de vista no se entiende muy bien que a día de hoy los funcionarios continúen teniendo un régimen de incompatibilidades más estricto que el que 'pesa' sobre los diputados y senadores, las personas encargadas de definir las leyes que se aprueban en España.
La federación entiende también que el régimen de incompatibilidades de los funcionarios es otro de los factores que configura un marco normativo poco propicio para la retención del talento que hay en el sector público. Con los salarios topados, su visibilidad pública restringida y pocas opciones para completar sus retribuciones con extras que les permitan compatibilizar su vocación de servicio público con una retribución competitiva, la Administración afronta, según Fedeca, un problema grave de retención de talento, que podría agravarse en el futuro si no se adoptan las medidas adecuadas.
La organización ha trasladado su planteamiento a la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, y asegura que desde el Ministerio de Hacienda se han comprometido a valorar el asunto.
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