Los sindicatos velan armas ante la reticencia de los empresarios a abordar un nuevo acuerdo de negociación colectiva. Aseguran que la patronal se escuda en la situación de incertidumbre política abierta en Cataluña para no acometer la necesaria subida de sueldos. En UGT advierten de que se está produciendo una precarización constante del mercado de trabajo (los contratos a tiempo parcial se han disparado un 61% desde 2007) y se preparan para iniciar movilizaciones si a principios del año próximo CEOE sigue sin mostrar disposición al diálogo.
Gonzalo Pino, responsable de política sindical de UGT, está convencido, de hecho, de que tampoco a principios de 2018 habrá ningún movimiento por parte de la patronal. Lamenta que los sindicatos no hayan sido capaces de convencer a los empresarios de que es necesario subir sueldos ya en nuestro país, ahora que la recuperación está consolidándose.
"Los empresarios parecen más afectados por la situación política del país que el propio Gobierno", sentencia, y pone como ejemplo a la Administración. El Ministerio de Hacienda y Función Pública sí está convocando a los representantes sindicales de los empleados públicos para tratar de alcanzar un acuerdo salarial de cara a 2018.
De momento, ni unos ni otros se mueven lo más mínimo de las últimas propuestas que pusieron sobre la mesa. Los sindicatos reclaman incrementos salariales de entre el 1,8% y el 3% para este año junto con una cláusula de revisión salarial. Mientras, CEOE y Cepyme proponían subidas de entre el 1,2% y hasta el 2%, a las que se añadiría medio punto adicional vinculado a la productividad.
La negociación salarial para el ejercicio en curso fracasó y, por ahora, no se ha constituido la nueva mesa para discutir el próximo pacto de convenios.
El responsable de UGT advierte de que la salida de la crisis ha dado lugar a una nueva categoría laboral en nuestro país: son los trabajadores pobres, aquellos que apenas pueden sobrevivir con salarios entre los 600 y los 800 euros mensuales en el mejor de los casos.
Pino lamenta así que la mayoría de los contratos en nuestro país no llega a los siete días y el contrato parcial se ha convertido en una generalidad. Es un panorama que confirman las estadísticas publicadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Los contratos a tiempo parcial se disparan un 61%
De los 18,62 millones de contratos que se firmaron en 2007, casi uno de cada cuatro eran a tiempo parcial (4,47 millones). Esa cifra se ha disparado un 61% y el año pasado, de los 19,98 millones de contratos firmados, 7,19 millones fueron a tiempo parcial (el 36% del total).
Lo peor, según inciden desde UGT, es que este tipo de contratos se les imponen a trabajadores que querrían y necesitarían estar empleados a tiempo completo (cuando en realidad es una modalidad voluntaria y que debiera obedecer a causas muy justificadas).
"Las empresas multiservicios están tirando de este contrato y añadiéndole horas de forma fraudulenta", apunta Pino, que recuerda además que antes de la crisis ya había 20 millones de personas trabajando en nuestro país (objetivo ahora del Gobierno para 2020). la diferencia es que entonces sus contratos eran de más calidad y el empleo más digno. "No existía este concepto de trabajador pobre", sentencia.
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