El informe económico-financiero anual que el Ministerio de Hacienda publica sobre el desempeño del sector público empresarial y fundacional dibuja un paraíso. Dos de cada tres organismos tienen beneficios, con una cuantía agregada superior a los 5.000 millones de euros que supera holgadamente el saldo negativo de las empresas en pérdidas, que arrastran unos números rojos cercanos a los 2.500 millones. El saldo a favor, una vez realizados los correspondientes ajustes, estaría en 2.390 millones. Luego se profundiza y el maquillaje salta por los aires.
Se descubre, por ejemplo, que el informe suma los beneficios de Aena y Enaire, cuando los de la segunda provienen del resultado de la primera. Sin ese efecto, los beneficios reales del sector público empresarial caen de un plumazo a 3.872 millones. Se descubre también que suma todos los beneficios de Aena, aunque el 49% no acaban en las arcas públicas porque van a parar a los socios privados de la compañía; o que si se saca a Aena/Enaire y Loterías de la ecuación -las joyas de la corona- la foto que sale es mucho menos agradable y las pérdidas superan en más de mil millones a los beneficios.
En pleno debate sobre las nacionalizaciones de empresas, a cuenta de los casos de Nissan y Alcoa, la fotografía recién publicada por el Ministerio de Hacienda sobre la situación del tejido empresarial y fundacional público no muestra señales particularmente alentadoras. La peculiar metodología de contabilización empleada por Hacienda - con sus ganancias recurrentes y su asignación generosa de beneficios - , que estima en 5.217 millones de euros los beneficios del tramo del tejido empresarial público en una situación saneada, revela también que el 85% de ese saldo favorable se concentra solo en cinco sociedades públicas: Aena, Enaire, Loterías y Apuestas del Estado, Consorcio de Compensación de Seguros y Renfe. Hay 146 empresas y fundaciones estatales más en beneficios, pero la mitad de ellas ganan menos de un millón de euros.
La situación real de las empresas públicas se aprecia de forma más clara cuando se saca de la ecuación a Aena/Enaire y Loterías y Apuestas del Estado, las dos sociedades a las que la regulación garantiza una situación de casi monopolio en sus respectivos ámbitos y que, como consecuencia de ella, son una jugosa fuente de ingresos para el sector público. Sin el sostén de las 'joyas de la corona' las pérdidas afloran por encima de los beneficios y ello a pesar de que el sector de las empresas públicas recibió en 2018 más de 2.300 millones de euros en subvenciones públicas, lo que también traslada el coste para el Estado de mantener este entramado.
Los indicadores de rentabilidad aplicados al sector público empresarial - calculados como rentabilidad antes de impuestos y gastos financieros divididos por el volumen de activos- arrojan el inquietante resultado de que hay más de medio centenar de empresas públicas que no son rentables económicamente y que sobreviven gracias a las inyecciones y los rescates de las Administraciones Públicas. El seguimiento que la Comisión Europea realiza de lo que las Administraciones Públicas españolas gastan en sostener la parte de su tejido empresarial público que no es rentable apuntan a un gasto anual de 3.400 millones en este concepto.
El retorno en concepto de dividendos es limitado. Apenas una treintena de empresas públicas repartieron dividendos de entre las 152 que arrojaron beneficios, es decir, tuvieron un retorno cierto para la Administración y en algunos de esos casos la participación de otros accionistas ajenos al Estado redujo el 'efecto retorno' de esa actuación.
El peso de las subvenciones en la cifra de negocio de las empresas es significativo. Según los datos proporcionados por Hacienda, en 2018 el 10% de la facturación total del tejido empresarial público vino de los 2.300 millones de euros que recibieron en subvenciones públicas. Hay una docena de empresas públicas cuyos únicos ingresos provienen de la subvención que perciben de las arcas públicas y no disponen de otro ingreso conocido. Hay que recordar que según los datos proporcionados por el propio Gobierno, ese año 2018 entre las inyecciones de capital ejecutadas de forma directa por el Estado y las aportaciones realizadas por SEPI, la situación de las empresas propiedad del Estado pasó una factura superior a los 1.800 millones.
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