Todo apunta a que la jornada laboral será uno de los temas clave de esta legislatura en el marco laboral, una vez termine el proceso de investidura y se forme el nuevo Gobierno. Para los sindicatos es un tema prioritario, según dejaron claro a comienzos de semana, mientras que para la ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, también es un tema de suma importancia, como destacó en el programa de Sumar. Ambos actores apuntan a la necesidad de reformar el Estatuto de los Trabajadores o incluso elaborar uno nuevo, al tiempo que los empresarios se muestran más reticentes y desde el 'think tank' asociado a CEOE, Fedea, apuntan a la negociación colectiva como vía para reducir la jornada laboral.
Las estadísticas recogidas por la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos evidencian que esto ya está sucediendo. En julio de 2023 había 896 convenios en los que se ha acordado una jornada inferior a las 37,5 horas semanales -o lo que es lo mismo, 1.712 horas al año- que engloban a 1.103.822 trabajadores. Precisamente esta es la reducción de jornada que Díaz se había comprometido a extender a la totalidad de los empleados del país en 2024 bajo la premisa de "vótanos, si quieres salir una hora antes del trabajo" y el hecho de que se recoja en ciertos convenios supone un avance, si bien, apenas suponen un 31% de los acuerdos en vigor.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, expresaba hace unos días la importancia de que se avanzara hacia la jornada de 35 horas a lo largo de esta legislatura, aunque admitía que lo más probable es que se diera un avance progresivo hasta alcanzar esa cifra. No obstante, enfatizaba la necesidad de hacerlo por Ley, modificando el Estatuto para que los cambios pudieran llegar a los diferentes sectores y no solo a los trabajos de oficina. Los datos recogidos por el organismo dependiente de Trabajo no relacionan las horas anuales pactadas con el sector de actividad, pero sí diferencian entre los convenios de empresa y los de ámbito superior a esta. El 85% de los textos en los que se ha acordado una jornada inferior a las 37,5 horas semanales se circunscribían solo a la compañía.
La jornada de 40 horas semanales ha pasado a ser casi una anomalía entre los convenios con efectos en 2023, solo un 13% de los acuerdos recogen tiempos de trabajo superiores a las 39,5 horas, lo que refleja que sí se está produciendo esta reducción, a pesar de que lo haga de una manera más progresiva que el ritmo que querrían marcar los sindicatos mayoritarios y algunas fuerzas políticas situadas a la izquierda del arco parlamentario. Más de cuatro millones de trabajadores desempeñarán su actividad entre 38,5 y 39,5 horas a la semana, mientras que otros 2,6 millones trabajarán entre 37,5 y 38,5. Este cambio reduce la jornada laboral media pactada en los nuevos convenios hasta las 1.753,75 horas anuales, lo que se sitúa por debajo de las 38 horas semanales.
No obstante, para los agentes sociales es prioritario que este recorte de horas de actividad no se traduzca en una merma del salario percibido por los trabajadores y según los mismos datos, los trabajadores afectados por los convenios con jornadas más cortas si estarían viendo comprometido parte de su poder adquisitivo, ya que a menor es la jornada también los incrementos de salario en términos porcentuales. Mientras que los convenios con menos de 37,5 horas semanales recogieron una subida del 2,97%, los que incluyen una jornada de entre 39,5 y 40 horas semanales anotan un incremento del 4,61%. En este caso, los convenios de empresa y los de ámbito superior también presentan diferencias en los aumentos salariales, si bien se mantiene la pauta de que los primeros se han elevado en el entorno del 3% y los segundos del 4,5%.
Respaldo político en el aire
El PSOE no ha sido en claro en su postura sobre si es necesario o no reducir la jornada laboral máxima fijada en 40 horas. En una de las conversaciones mantenidas entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ahora en funciones, señalaron las negociaciones entre representantes de los trabajadores y de la empresa como el espacio para abordar esta cuestión "por respeto a la reforma laboral de 2021", sin embargo, como publicó este medio después incluyeron entre sus propuestas electorales un "paquete de reformas legales y de incentivos a empresas que ofrezcan a sus trabajadores una mayor conciliación". Por lo que parecen no descartar la vía legal, pero no hacen referencia concreta al Estatuto de los Trabajadores.
Es probable que este tema sea objeto de las negociaciones para reeditar el Gobierno de coalición, según dejo entrever el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que situó esta materia junto al precio de la cesta de la compra y la vivienda como cuestiones prioritarias en el campo económico. Además, la reducción de la jornada y la introducción de elementos de flexibilidad horaria forma parte de un proyecto más amplio que tanto la ministra de Trabajo en funciones como el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, han dibujado en el último año: el Estatuto del Trabajo del SXXI, que aspira a incluir cuestiones como la desconexión digital o la transición ecológica en el marco del trabajo.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios