La guerra entre Moncloa y Génova no ha hecho más que empezar. Desde que se desatasen los espectaculares datos de inflación, socialistas y populares han mantenido una pugna por presentarse ante los ciudadanos como la mejor herramienta para combatir la subida de precios. Así, de la misma forma que el líder gallego, Alberto Nuñez Feijóo, ganó el primer envite contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrinconándolo durante meses con un plan fiscal que encandiló a figuras relevantes de su partido, ahora Sánchez responde con dos medidas (impuesto a las eléctricas y a la banca) con las que consigue, de nuevo, retomar el timón de la agenda económica del país y anular, al mismo tiempo, el efecto Feijóo.
Tras tragar Moncloa con dos de las propuestas fijadas por los populares -el bono social de 200 euros y la reducción del IVA de la electricidad al 5%-, Sánchez llegó al debate del estado de la nación con el objetivo de zanjar la retahíla de argumentos que esgrimían que el líder gallego es un gestor que marca la ruta económica a su ejecutivo sobre cómo salir de esta crisis. Por lo que, aprovechando que las reglas siempre juegan a favor del presidente del Gobierno en los plenos del Congreso (en este caso tiempo ilimitado), dedicó gran parte de su intervención a repasar las medidas de sus dos decretos antiinflación, las propuestas 'estrella' para 2023 y dejar claro que "ningún gobierno, ni ninguna oposición, puede hacer frente a esta inflación".
Una vez que acabó el debate, los socialistas comenzaron a filtrar su felicidad. El plan había funcionado. "Nos ha ido fenomenal. El PP centró su discurso en ETA, sin traer ninguna propuesta económica. Se han quedado en el rinconcito, con los poderosos. El centro en España vota al que presenta un proyecto económico atractivo y nosotros es lo que hemos ofrecido en el debate del estado de la nación".
Feijóo, que no podía confrontar contra él por no tener escaño, eligió a la secretaria general de su partido, Cuca Gamarra, como la voz con la que atizar a Sánchez. Una mujer que no brilla por su oratoria (a diferencia de otras portavoces que ha tenido el partido, como Cayetana Álvarez de Toledo o Soraya Sáenz de Santamaría), que tiene un bajo perfil económico y que trató en sus escasos 30 minutos de abarcar todos los problemas que percibe el PP en España. Quizá, también pudo afectarle a los populares la ausencia y, por ende, influencia del nuevo jefe económico de Génova, Juan Bravo, que se encontró durante esos días en la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía.
Los populares son conscientes de que su propuesta fiscal de 43 páginas presentada en abril va perdiendo fuerza. De esta forma, las tres medidas clave de ese plan (deflactar la tarifa del IRPF a rentas menores de 40.000 euros, reducción del gasto burocrático y el rediseño de los fondos europeos para que sean más eficientes) necesitan ser reforzadas con nuevas ideas. De hecho, y sin ir más lejos, el líder gallego dio hace unas semanas la batalla con una nueva, como fue la suspensión temporal del impuesto de hidrocarburos.
Fuentes internas del PP aseguran que "nosotros vamos a ir trasladando medidas en función de la gravedad de la situación económica. Iremos, por lo tanto, amoldando nuestro plan a lo que se vaya produciendo. Todo apunta que el escenario va a ser mucho peor. Es que estamos en un 10% de inflación. Es muy serio lo que estamos viviendo. Ahora mismo no hay que pensar en el año 2023, sino en este mismo otoño. Las medidas tienen que ser a corto plazo para frenar ya la subida de precios".
Sin embargo, las medidas presentadas tanto por el Gobierno como por la oposición son -de momento- meras imitaciones de lo que perciben en otros gobiernos de su entorno. Así, por el lado del PP, la suspensión del impuesto a los carburantes fue una propuesta aprobada por la Administración norteamericana dirigida por Joe Biden. Por el lado del PSOE, el impuesto a las eléctricas ya recibió luz verde meses atrás en Grecia y el tributo a las grandes corporaciones financieras fue una iniciativa del gobierno húngaro de Viktor Orbán.
Pero en esta guerra, el principal partido de la oposición parte con la ventaja de que será al Gobierno al que más le desgaste este contexto inflacionista. El hecho de no tener poder para decidir sobre la política monetaria hace que lo fie todo a las reglas de Europa y a un escenario internacional de incertidumbre que puede incluso volverse más complejo si, al final, el presidente ruso, Vladimir Putin, cumple con su amenaza de cortar de forma definitiva el gas a Europa. Hay que recordar que España compró el pasado mes de junio más gas a este país que a nuestro hasta ahora gran suministrador del hidrocarburo, Argelia.
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