Miércoles, 08.04.2020 - 01:07 h
En virtud de una ley del PP

Montero se aboca a un ajuste de 10.000 millones al año por el desvío del déficit

El fin en 2020 del periodo transitorio dado por la Ley de Estabilidad para alcanzar el objetivo activa la exigencia de ajustes a los incumplidores.

Fotografía María Jesús Montero / EFE
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local / EFE

El Gobierno del Partido Popular mantuvo a lo largo del año 2012 una actividad legislativa febril con el objetivo declarado de configurar un marco normativo que impidiera volver a pasar por los años de zozobra que se vivieron entre finales de 2008 e inicios de 2014. Una de las claves de bóveda de ese nuevo entramado legal fue la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que desde el mes de abril de 2012 regula con mano de hierro las obligaciones presupuestarias de las Administraciones Públicas, penalizando las desviaciones respecto a los objetivos prefijados y proporcionando al Ministerio de Hacienda un poder casi total para refrenar las alegrías presupuestarias de las administraciones públicas.

El horizonte de la norma era apuntalar una gestión presupuestaria orientada al déficit cero. Consciente de que el déficit del año anterior se había situado en el 9,74% del PIB, lo que les dejaba por delante la tarea de reducir cerca de 100.000 millones de euros de desfase presupuestario, el Gobierno se dotó de un periodo transitorio para llegar a ese punto hasta el año 2020, momento en el que el equilibrio presupuestario ya sería exigible para todas las administraciones públicas y se activaría en toda su dimensión el brazo correctivo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El año 2020 ha llegado y las cuentas públicas están lejos del equilibrio. El consenso de los expertos apunta a que el Reino de España habría cerrado el ejercicio de 2019 con un déficit del 2,5% y el propio Gobierno comunicó a Bruselas en octubre un objetivo para 2020 del 1,8%, lejos del imperativo del déficit cero que fija la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria e incluso por encima del techo del 0,4% de déficit que la ley permite de forma excepcional si se han puesto en marcha reformas estructurales. 

Un horizonte de cuatro años de fuertes ajustes

La ley orgánica impulsada por Cristóbal Montoro es implacable ante estas situaciones y exige que, en caso de desviación, "el déficit estructural -el indicador que observa Bruselas para determinar si un país ha cumplido o no con sus objetivos- del conjunto de Administraciones Públicas se deberá reducir, al menos, un 0,8% del PIB nacional en promedio anual", lo que traducido a euros contantes y sonantes viene a suponer un ajuste presupuestario anual de unos 10.000 millones de euros. En junio de hace un año, la Comisión Europea situó a España como el país con un mayor desajuste estructural en sus cuentas de 2018, que cifró en el 3,2%. A partir de este dato y según una aplicación estricta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno debería enfrentar un ajuste anual de 10.000 millones de euros en cada uno de los años de la presente legislatura.

Desde el Ministerio de Hacienda, sin embargo, no se sienten concernidos por la operativa de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, según señalan fuentes ministeriales. Entienden que el foco debe estar en la negociación con Bruselas y que en la medida en que ésta prospere no habrá incumplimiento del marco normativo, y recuerdan que el propio Gobierno Rajoy 'pintó' en su senda de consolidación fiscal un déficit del 0,5% para el año 2020, por encima de esos umbrales que marca la ley.

El argumento sólo es sólido en parte porque, en efecto, el Gobierno Rajoy pintó un déficit del 0,5% para 2020, pero se llegaba a ese punto con el equilibrio presupuestario del Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales, mientras que el desequilibrio se concentraba en la Seguridad Social, un ámbito sobre el que la propia Ley de Estabilidad admite más flexibilidad.

El Gobierno ni siquiera ha mostrado intención alguna de intentar un cambio legal en la Ley para prorrogar ese periodo transitorio y evitarse eventuales problemas jurídicos con unos objetivos presupuestarios que incumplan de forma expresa esa ley, una opción que cabría dentro de la norma dinámica parlamentaria. Y el caso es que lo tendría fácil. El Grupo Parlamentario Socialista registró el pasado 31 de enero una proposición de ley de reforma de Ley de Estabilidad Presupuestaria pero su objetivo no es sortear este incómodo requisito legal del equilibrio presupuestario, sino arramblar con la controvertida disposición que otorga al Senado poder de veto sobre los objetivos de déficit y deuda que apruebe el Congreso y que desencadenó un agrio enfrentamiento entre PSOE y PP cuando los de Sánchez aún veían posible sacar adelante su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria prevé un amplio ramillete de medidas preventivas, correctivas y coercitivas para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones, pero éstas tienen la singularidad de que prevén todo tipo de actuaciones sobre las administraciones autonómicas y las corporaciones locales, pero ninguna sobre la Administración del Estado o la Seguridad Social. 

El mismo Ministerio de Hacienda que ahora relativiza la fuerza obligacional de la Ley de Estabilidad la aplicó de forma contundente hace unos días a la Región de Murcia por incumplir de forma recalcitrante le periodo máximo de pago a sus proveedores, hasta el punto que Hacienda se encargará de pagar a los proveedores del gobierno regional al menos durante los próximos seis meses. 

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