El Gobierno quiere aprovechar la entrada en vigor de las nuevas y más generosas reducciones de sanción previstas en el proyecto de Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude para los contribuyentes que renuncien a litigar con Hacienda y asuman el criterio sentado por las actuaciones de la Agencia Tributaria para lanzar una campaña de 'ofertas' que permita a un tiempo aligerar la bolsa de litigios pendientes del Fisco y generar nuevos ingresos fiscales en un ejercicio que se antoja apurado como va a ser el de este año 2021. El informe de la ponencia sobre la ley antifraude, que se vota este martes en la Comisión de Hacienda del Congreso y al que ha tenido acceso La Información, ha incorporado al texto una nueva disposición que abre la posibilidad de acogerse a las nuevas reducciones previstas en la norma a los contribuyentes con recursos y reclamaciones planteadas contra actuaciones de Hacienda que accedan a desistir de las mismas y a abonar las sanciones pendientes "antes del 1 de enero de 2022".
El incentivo no es pequeño. El nuevo régimen de reducción de sanciones que plantea el proyecto gubernamental permite reducir hasta en un 58% el monto de la sanción propuesta por la Agencia Tributaria en los casos en que el contribuyente dé su conformidad a la misma y, además, sustancie su ingreso dentro de los periodos previstos en la normativa tributaria. En concreto, la nueva norma mantiene la reducción del 30% ya existente por la conformidad y establece una reducción adicional del 40% sobre la sanción ya reducida por ingresar la misma en plazo (a día de hoy esa reducción adicional es del 25% en la redacción actual del artículo 188 de la Ley General Tributaria) y renunciar a posteriores reclamaciones o recursos.
La redacción original de la ley antifraude que el Ministerio de Hacienda llevó al Congreso ya preveía el establecimiento de un régimen transitorio para permitir a los contribuyentes beneficiarse del esquema de reducción de sanciones más favorable previsto en la norma. Algo que es bastante común en la leyes fiscales, según aseguran las fuentes del ámbito de la asesoría fiscal consultadas para la elaboración de esta información, bajo el principio de aplicación del régimen fiscal más favorable. Sin embargo, el texto original reservaba esa ventaja únicamente a los contribuyentes con "sanciones acordadas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, siempre que no hayan sido recurridas y no hayan adquirido firmeza".
Lo que hace el informe propuesto por la ponencia, sin apoyarse además en ninguna de las más de 200 enmiendas planteadas al texto por los grupos parlamentarios, es ampliar el radio de acción de este régimen transitorio a los contribuyentes que tengan reclamaciones y recursos interpuestos contra sanciones planteadas por la Agencia Tributaria...aunque bajo dos premisas fundamentales: que desistan del recurso o reclamación planteados contra la sanción propuesta por la Agencia Tributaria y que acrediten el pago de la misma, ya reducida según los nuevos parámetros previstos en la ley antifraude, antes del 1 de enero de 2022, es decir, en el año en curso.
Mirado desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda, la maniobra tiene una doble ventaja, según explica un exdirectivo de la Agencia Tributaria, hoy en el mundo de la consultoría fiscal privada. Por una parte, le permitiría aligerar la siempre atestada bolsa de recursos y reclamaciones que tienen que gestionar los funcionarios de la Agencia Tributaria y que están detrás de buena parte de la millonaria deuda de los contribuyentes con el Fisco. Por otra, transformar la gravosa gestión de recursos y reclamaciones en términos de gasto público, en ingresos contantes y sonantes para las arcas públicas, por mucho que éstos se reciban reducidos respecto a las sanciones iniciales propuestas desde la Agencia Tributaria.
El riesgo de generar una oleada de recursos
La operación esconde no obstante un reverso oscuro para los intereses de Hacienda. Según el socio de Gibernau Asesores y miembro del Consejo Asesor Institucional de Aedaf, Esaú Alarcón, es muy probable que el régimen transitorio ideado por Hacienda ayude a muchos contribuyentes a desistir de sus recursos con la Agencia Tributaria en busca de una reducción importante de su potencial sanción fiscal, pero también podría suceder que al verse amparados por el mismo muchos contribuyentes optaran por recurrir sistemáticamente las propuestas de sanción que el Fisco plantee antes de la entrada en vigor de la norma para aprovechar las favorables condiciones del régimen transitorio, que les permite desistir de esos recursos antes de final de año y consiguiendo una reducción importante en su sanción.
El planteamiento del Gobierno ofrece de hecho una segunda oportunidad para retractarse a los contribuyentes que hayan recurrido una sanción de Hacienda y que aún tengan el procedimiento abierto con el Fisco. Para Esaú Alarcón, no obstante, se trata de una cuestión de justicia. Argumenta que los contribuyentes adoptaron en su día la decisión de recurrir sin disponer de información sobre cómo iba a evolucionar la regulación fiscal y que ante un cambio de esta naturaleza, que les ofrece un régimen fiscal más favorable, lo justo es que tengan la oportunidad de replantearse su decisión. "Los contribuyentes en esa situación están de algún modo indefensos porque no tenían todas las opciones legales que se abren con la nueva normativa y es una situación que se tenía que resolver de algún modo", señala.
El Gobierno ha optado por resolverlo abriendo una ventana para abrir el acceso al nuevo régimen fiscal de reducción de sanciones a la mayor cantidad de contribuyentes posible. La Comisión de Hacienda del Congreso votará este martes la aprobación o no del informe de la ponencia con las modificaciones propuestas por los grupos parlamentarios al texto recibido por el Gobierno y que en principio se centran en el endurecimiento de los requisitos para constituirse como sicav, mediante la exigencia de una inversión mínima de 2.500 euros; la implantación de un tipo del 15% sobre los beneficios no distribuidos de las socimi; o la rebaja a 1.000 euros de la cuantía máxima que se puede pagar en efectivo entre otras.
El proyecto de Ley de Medidas para la Prevención y la Lucha contra el Fraude Fiscal ha permanecido cerca de ocho meses anclado en el Congreso hasta la semana pasada el Gobierno decidió desbloquearlo. El texto no sólo pretende dotar de nuevas herramientas de lucha contra el fraude a la Agencia Tributaria sino que también prevé medidas fiscales que aspiran a generar más de 800 millones de euros en ingresos fiscales. La hoja de ruta trazada por el Ministerio de Hacienda espera su aprobación este mes de junio.
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