Se incluyó entre las materias que ERC exigió al Gobierno para apoyar el proyecto de Presupuestos de 2021, lo recogió en una maniobra bastante llamativa el Grupo Socialista entre las enmiendas que presentó a la Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude y ahora las fuerzas parlamentarias representadas en la Comisión de Hacienda acaban de respaldar de forma mayoritaria su inclusión en el proyecto gubernamental. El Institut Català de Finances (ICF), el equivalente al ICO a nivel catalán, dispondrá en breve del mismo régimen fiscal del que disfruta el instituto estatal de crédito, cuya principal peculiaridad es que exime de tributación los rendimientos obtenidos por los inversores no residentes en España que deciden adquirir títulos emitidos por el ICO, del mismo modo que sucede con las emisiones de deuda pública realizadas por el Tesoro.
El esquema supone un importante atractivo para los inversores extranjeros que tienen el incentivo de la exención fiscal para optar por esos instrumentos financieros por delante de otros cuyo coste fiscal los puede hacer menos rentables. El Govern de la Generalitat aspiraba a disponer de este incentivo fiscal para mejorar la captación de recursos en el extranjero del ICF y el Gobierno de Pedro Sánchez ha accedido en apenas unos meses a conceder ese aspiración, que no sólo proporcionará al ICF el mismo tramitación fiscal del que dispone el ICO en la actualidad sino que también garantizará que cualquier modificación que se decida en el futuro sobre el régimen fiscal del ICO se aplicará también al Institut Català de Finances, según la redacción de la enmienda asumida por el Grupo Socialista.
El portavoz de ERC en la Comisión de Hacienda del Congreso, Joan Margall, asegura en declaraciones a La Información que este cambio dotará de mayor autonomía al ICF y permitirá al organismo "llevar a cabo operaciones financieras de mayor importancia, acceder en mejores condiciones a los mercados financieros, y acceder a la captación de fondos del BCE y de los mercados de capitales". El grupo parlamentario republicano entiende que la modificación del régimen fiscal del ICF era crítico para el organismo que, según su punto de vista, "tiene muy limitadas sus herramientas de apoyo económico al sector productivo" y que ahora "podrá mejorar la financiación de empresas y proyectos".
El Institut Català de Finances tiene más barreras para mejorar sus canales de financiación al margen de la meramente fiscal. Al igual que sucede con el ICO, cuyas emisiones tienen el respaldo y la garantía de los Presupuestos Generales del Estado - con el riesgo asociado que ello conlleva, como es probable que se compruebe en los próximos meses con la línea de avales dispuesta para paliar el impacto sobre las empresas de la pandemia -; las potenciales emisiones que haga el ICF cuentan con la garantía de la Generalitat. El asunto es que la Generalitat y sus organismos tienen bloqueado su acceso a los mercados de capitales desde hace años por la política de prudencia que la Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a imponer sobre las comunidades autónomas con una situación financiera especialmente inestable.
Los intentos de la Generalitat en los últimos años por aprovechar la 'manga ancha' del BCE y tratar de regresar a los mercados de deuda han tropezado de forma inexorable con el 'no' del área económica del Gobierno, que ha mantenido de manera firme su criterio de que ninguna comunidad autónoma salga a los mercados mientras mantenga la 'respiración asistida' del Fondo de Liquidez Autonómica y mientras no pueda garantizar que el mercado no les vaya a exigir un tipo de interés superior en 50 puntos básicos al que se exige por los títulos del Estado, en niveles de rentabilidad históricamente bajos.
De hecho, en los últimos años el Institut Català de Finances ha recurrido a la emisión de pagarés, autorizados por el Gobierno de España y con garantía de la Generalitat, para obtener los recursos extra necesarios para desarrollar su actividad de apoyo al tejido productivo catalán. Los programas de emisión de pagarés del ICF especifican que la amortización de los pagarés estarán sometidas a la correspondiente retención fiscal...
En el año 2020, y según la información proporcionada por la propia institución, el ICF ha movilizado 1.328 millones de euros de financiación, que han llegado a 3.781 empresas y que según sus estimaciones han contribuido a mantener o crear 123.479 puestos de trabajo en el tejido empresarial catalán. Hay que recordar que en el mismo ejercicio y sólo contabilizando el programa de avales, el ICO ha movilizado más de 114.648 millones de euros y ha garantizado más de 87.000 millones de financiación.
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