Hace apenas cuatro años la Reserva de Estabilización de las mutuas de accidentes de trabajo, el colchón de seguridad que la ley les obliga a dotar con los excedentes resultantes de la gestión de las prestaciones por Incapacidad Temporal derivadas de contingencias comunes, es decir, aquellas dolencias no relacionadas de forma directa con la actividad laboral, contaba con 832 millones de euros y suponía un 22,7% de los ingresos recibidos de la Seguridad Social para dar cobertura a estas situaciones. La cifra estaba, por tanto, cerca del máximo legal del 25% que prevé la ley; el mínimo es el 5%...
Y en esos niveles es en los que se mueve ahora esa Reserva, ideada en su día para dar cobertura a las insuficiencias puntuales del sistema ante incrementos no previstos de las bajas y a la que la crecida del absentismo durante los tres o cuatro últimos años ha dejado pequeña. Según datos a los que ha tenido acceso La Información, en 2017 los recursos disponibles en esa Reserva están ya por debajo de los 250 millones de euros y suponen un 5,75% del total de los ingresos recibidos.
En un sector formado por una veintena de mutuas, ese colchón de seguridad implica que muchas de ellas se han quedado ya sin recursos extra para hacer frente a la factura de las bajas médicas por contingencias comunes que se producen a diario. Las alarmas han saltado ya y han obligado al Gobierno a reaccionar y a poner en marcha una auténtica 'operación rescate' para este colectivo.
La información recopilada entre sus asociados por AMAT, la patronal de las mutuas, indica que las bajas por contingencias comunes han crecido significativamente por encima del porcentaje en que lo ha hecho el empleo en los últimos años. En 2017, por ejemplo, la factura de las bajas por enfermedad común se incrementó un 6,7%, mientras que el empleo lo hizo en un 3,6%.
El problema para las mutuas se ha agravado porque no han recibido nueva financiación de la Seguridad Social para atender este fenómeno. Mientras sus gastos para atender esta contingencia se han disparado más de un 40%, los ingresos apenas lo han hecho en un 20% en los últimos cinco años. Esta insuficiencia de recursos les ha obligado a recurrir de forma masiva a los colchones de seguridad previstos en la ley, de tal forma que solo en los últimos tres años han tenido que retirar más de 600 millones de euros de estos fondos de emergencia.
Sin margen para pagar las bajas
En este periodo, las mutuas no sólo han agotado la Reserva de Estabilización dotada en los años buenos, sino que incluso han tenido que tirar de las reservas acumuladas por la gestión de las prestaciones por enfermedad profesional para no tener que acudir a los fondos que la Seguridad Social destina al pago de las pensiones.
Una situación que también ha tenido impacto de forma indirecta sobre la dimensión financiera del sistema de pensiones. La normativa por la que se rigen las mutuas les obliga a transferir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como hucha de las pensiones, los excedentes de su gestión ordinaria. A través de esta vía, por ejemplo, el Fondo recibió en 2011 más de 226 millones de euros de ingresos extra por el superávit generado por la gestión de las prestaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes.
La cuantía de esta aportación al Fondo de Reserva se ha ido reduciendo dramáticamente en los últimos años y el pasado ejercicio de 2017 apenas alcanzó los 760.000 euros (ver gráfico).
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